La transmisión de voz y datos desde y hacia nuestros teléfonos móviles no se realiza por cables, sino a través de ondas del espectro radioeléctrico.
Pero el espectro no es de las compañías telefónicas, en El Salvador el propietario del espectro es el Estado. De manera que se concesionan bandas del espectro a las empresas para que estas puedan explotarlo y prestarnos el servicio de telecomunicaciones.
De cuando en cuando el Estado realiza concesiones de ciertas bandas del espectro. Publica la convocatoria y los interesados participan en la subasta. El que en ese proceso haga una oferta mayor se gana el derecho de explotar esas bandas por un plazo finito.
Es un proceso abierto a la competencia.
El 27 de septiembre la autoridad reguladora de telecomunicaciones de El Salvador (SIGET) decidió abrir una subasta para concesionar 40 Megahertz del espectro radioeléctrico. En la subasta podrían participar operadores actuales o nuevos inversionistas. Era un proceso muy abierto a la competencia.
Pero el pasado 11 de octubre la Superintendencia de Competencia (SC) emitió una particular decisión: recomendó a SIGET que limitara la competencia en la subasta. La SC propuso que se impidiera la participación de los operadores actuales y, en su lugar, solo se dejara participar a nuevos inversionistas.
Es paradójico. Para promover la competencia la solución que se propone es limitar la competencia.
La SC justifica su decisión alegando que, impidiendo que un operador incumbente participe en la subasta se «[promueve] la entrada de al menos un nuevo agente económico al mercado» (párrafo 78 de la resolución). Pero esa promoción, en realidad, se traduce en el otorgamiento de una ventaja.
Lo que provocaría es crear condiciones para que le salga barato a ese operador nuevo que gane la subasta. Si se reducen los participantes, el ganador pagará menos por las franjas de espectro que finalmente se le concesionen. Esas ventajas no las gozaron las compañías telefónicas actuales cuando entraron al mercado.
Las política de competencia es contraria a otorgar ventajas a un agente o sector. Su objetivo es promover condiciones de competencia en las que debe ganar el mejor, sin ayuda del Estado.
Otro problema que plantea la recomendación de la SC es que impide la posibilidad de crecer de compañías que han demostrado ser eficientes y competitivas.
Hace tan solo un año la SC destacó la competitividad y el espíritu de rivalidad de una compañía telefónica. La calificó como maverick (díscola, rebelde, competitiva). La SC dijo que esta «desempeña un rol impulsor de la competencia por medio de sus prácticas comerciales imprevistas al resto de operadores, beneficiando a los consumidores por la promoción de rivalidad y competencia».
Resulta que esa compañía es la que tiene menos espectro. De manera que esta subasta es su oportunidad para adquirir mas espectro y, de ese modo, potenciar la eficiencia y competitividad que impregnó en el mercado salvadoreño. Pero la propuesta de la superintendencia le impediría aprovechar esa oportunidad. Se desincentiva la eficiencia.
Tiene razón la SC en que la entrada de nuevos competidores puede dinamizar la competencia. Pero eso no debe llevarle a vetar la posibilidad de que las telefónicas incumbentes también provoquen ese efecto.
Los operadores actuales y los nuevos inversores deben participar en igualdad de condiciones, sin que el Estado otorgue ventajas a uno u otro. Las ventajas deben provenir de las eficiencias y capacidades internas (incluso económicas) de cada agente. Nunca del Estado.
La SC es una institución que en estos 8 años se ha destacado por impulsar el libre mercado y promover la competencia. Y lo ha hecho muy bien. Pero no tiene el monopolio de ello. SIGET también debe promover la competencia en los sectores que regula. Para ello, en este caso, es preciso que promueva una subasta abierta y competitiva.