Skip to content

Conference: ‘Competition Law in a Global Context: Analysing the Trans-Atlantic Divide’ (Leeds, 15 September 2017)

11 septiembre, 2017

Dear friends and colleagues,

The Centre for Business Law and Practice at the School of Law, University of Leeds and the International Center for Law and Economics (ICLE), Portland, OR, USA have the pleasure of inviting you to attend their annual international competition law conference. This year’s conference will be on the topic of Competition Law in a Global Context: Analysing the Trans-Atlantic Divide.

The one-day conference will take place on 15 September 2017, and it will be preceded by Professor Pinar Akman’s Inaugural Lecture entitled In Search of Principles for Abuse of Market Power on the evening of 14 September 2017. Both events will be held in the Liberty Building at the School of Law, University of Leeds.

A number of recent developments in the EU and the US have re-ignited interest in the question of whether competition law and policy in these two major jurisdictions are approximating or diverging. The purpose of the conference will be to provide a platform for scholars, regulators, and practitioners to present cutting-edge research and exchange insightful views on important aspects of this issue.

The conference will consist of four panels, one of which will be structured as a moderated conversation featuring current and former enforcers from the US and Europe. The other three panels will discuss Anticompetitive Agreements, Objectives of Competition Law, and Competition Law and IP, respectively.

The current programme for the conference is below. More information about the conference can be found here, and about the Inaugural Lecture here. If you are a practitioner from the UK, the conference has been approved for 7 CPD/continuing competence points. Both events are free to attend, but require registration. You must register separately for each event. If you plan to attend, please register on Eventbrite here for the conference and here for the Inaugural Lecture.

We look forward to seeing you at the conference and lecture. If you have any questions, please do not hesitate to contact Dr Peter Whelan (p.whelan@leeds.ac.uk).

With best wishes,

Prof Pinar Akman (Leeds)

Geoffrey Manne (ICLE)

Dr Konstantinos Stylianou (Leeds)

Dr Peter Whelan (Leeds)

       International Conference on

Competition Law in a Global Context: Analysing the Trans-Atlantic Divide

School of Law, University of Leeds

15 September 2017

Organized by

The Centre for Business Law and Practice, School of Law, University of Leeds and

The International Center for Law & Economics

Programme

09.15-09.30: Welcome from the Head of School, Professor Alastair Mullis

09.30-11.00: Panel 1: Anticompetitive Agreements

ModeratorProf Pinar Akman, University of Leeds

Speakers:

·         Dr Marek Martyniszyn, Queen’s University Belfast

·         Prof Maurice Stucke, University of Tennessee

·         Prof Peter Whelan, University of Leeds

11.00-11.15: Break

11.15-12.45: Panel 2: A Conversation with Competition Law Enforcers

ModeratorDr John Temple Lang, Trinity College Dublin

Speakers:

·         Rainer Becker, Deputy Head of Unit, Policy and Strategy Directorate, DG Competition, European Commission

·         Tad Lipsky, Former Acting Director, Bureau of Competition, US Federal Trade Commission

·         Dr Philip Marsden, Senior Director, Case Decision Groups, UK Competition and Markets Authority

·         Dr Arvid Fredenberg, Chief Economist, Swedish Competition Authority

12.45-13.45: Lunch

13.45-15.15: Panel 3: Objectives of Competition Law

ModeratorGeoffrey Manne, International Center for Law and Economics

Speakers:

·         Prof Ariel Ezrachi, Oxford University

·         Judge Douglas Ginsburg, Senior Judge, US Court of Appeals, DC Circuit

·         Dr Anne Layne-Farrar, Charles River Associates

15.15-15.30: Break

15.30-17.00: Panel 4: Competition Law and IP

ModeratorDr Konstantinos Stylianou, University of Leeds

Speakers:

·         Dr Alan Devlin, Latham & Watkins LLP

Anuncios

Antitrust Compliance y sus Efectos Pro-competitivos

26 julio, 2017

 En las últimas semanas, la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (Pro-Competencia), de la República Dominicana, ha desarrollado activa labor de Abogacía de la Competencia, una de sus principales atribuciones legales de actuación. Sus otras atribuciones principales son:

  1. La función reglamentaria o perfeccionamiento del Estado de derecho aplicable a su normativa especial, conforme mandato del legislador. El Reglamento de Aplicación de la ley, sometido a consulta pública junto a otras resoluciones particulares dictadas por el Consejo Directivo, constituyen su primer desarrollo reglamentario.
  2. La función promocional o educativa, de naturaleza preventiva, la cuál el organismo gestiona a través de su página web, redes sociales y otras actividades presenciales. Son destacables las novedosas infografías en diseño multimedia circuladas, para comprensión rápida y simple de conceptos complejos en favor de la sociedad.
  3. Y, por último, sus cruciales funciones remediales, la dirimente y la sancionadora, a través de la investigación y juzgamiento de casos concretos. En la actualidad, al menos cuatro casos son analizados en la fase de investigación formal a cargo de su Dirección Ejecutiva; estos podrían pasar a la fase ulterior de solución de las controversias y eventual empleo de la potestad sancionadora.

En el caso de los estudios de mercado realizados en el marco de  la Abogacía de la Competencia, estos revisten un atractivo carácter dual. Sus diagnósticos pueden permanecer en el ámbito preventivo, de advertir únicamente barreras estructurales, derivadas por ejemplo, de ayudas estatales, que requieran la atención legislativa o regulatoria de los poderes de Estado competentes (legislativo o ejecutivo).

O bien, podrían detectar la presencia de elementos conductuales, es decir, indicios razonables o evidencias de prácticas comerciales realizadas por partes privadas prohibidas en la ley, por resultar contrarias a la libre y leal competencia. En ese último presupuesto, los estudios traspasan la esfera preventiva y pasan a ser piezas claves para actualizar las funciones remediales del organismo. La iniciativa podrá venir de la Dirección Ejecutiva o de partes afectadas con interés legítimo, como ya ha ocurrido al menos en dos casos: Cursa una investigación de oficio y fue admitida una denuncia por parte con interés legítimo, derivadas de estudios realizados en los mercados de cerveza y seguros, respectivamente.

En atención a su atribución legal de Abogacía, a la fecha Pro-Competencia, ha hecho públicos varios estudios:

  1. Un “Estudio sobre las condiciones de competencia en el mercado de seguros de la República Dominicana”.
  2. Un “Estudio sobre las condiciones de competencia en el mercado de medicamentos de la República Dominicana”
  3. Un “Estudio de competencia en el mercado de cervezas de la República Dominicana post fusión: Cervecería Nacional Dominicana y AMBEV”.
  4. Un “Estudio sobre Condiciones de competencia en el mercado del transporte terrestre en la República Dominicana a tenor de la Sentencia núm. 00416-2016 emanada de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo”.
  5. Y, finalmente, ha anunciado el inicio de un “Estudio sobre trámites de obtención y renovación de registros sanitarios”.

El impacto económico y social de los sectores analizados y los efectos legales derivados de la realización de los estudios, indican al mundo empresarial dominicano, que la cultura de cumplimiento en materia de defensa a la competencia, cobra imperio y advierte innegables riesgos u oportunidades, según el caso, en el desempeño de sus operaciones. Todas las empresas industriales o de comercialización de productos y servicios en la jurisdicción dominicana, en especial aquellas con riesgos por dominancia o en mercados altamente concentrados, necesitan identificar y evaluar su niveles de cumplimento a las políticas nacionales de competencia.

Para mayor concreción de la función de Abogacía, en esta misma semana Pro-Competencia ha publicado un instrumento titulado “Lineamientos generales para la elaboración de Planes de Cumplimiento en materia de política de Competencia”. Los lineamientos, son pautas generales y los requisitos mínimos que a criterio del organismo, deben mostrar los programas empresariales de cumplimiento en la materia, también conocidos como antitrust compliance programs. Este documento tiene 21 páginas, posee un carácter no vinculante y fue elaborado tomando como referencias, las recomendaciones del mismo tenor, de órganos reguladores homólogos, entre los que el documento menciona, la Comisión Federal de Competencia (COFECE) de México y la Fiscalía Nacional Economica de Chile.

Los lineamientos de Pro-Competencia, perfilan anatomía bastante parecida al instrumento que ha servido de referencia a muchos órganos reguladores nivel mundial. Me refiero al instrumento “Las Herramientas de Cumplimiento de la CCI”, publicado por la Cámara de Comercio Internacional y reconocido mundialmente como la guía más acabada para el desarrrollo de esta categoría de programas.

Conocida en inglés como “The ICC Antitrust Compliance Toolkit” y disponible a todo interesado, en la red de Internet, la guía de la CCI contiene 83 páginas y fue elaborada por abogados corporativos de grandes empresas, tales como Shell, Unilever y Schindler, así como, con la colaboración firmas de abogados especializadas en antitrust compliance programs.

Conviene a toda empresa y a sus asesores legales y económicos, con operaciones en la jurisdicción dominicana, conocer ambos lineamientos. Indudablemente la versión de Pro-Competencia destaca aquellos aspectos que ha considerado indispensables el organismo y lo más importante, instrumentaliza un procedimiento de certificación oficial de cumplimiento a la Ley No. 42-08. La guía de la CCI, ofrece un panorama ampliado y detallado para fines de diseño e implementación, desde la perspectiva empresarial. Para lograr un óptimo modelo de gestión, el definitivo punto de partida se encuentra en los lineamientos de Pro-Competencia. La guía de la CCI constituye un complemento idóneo para estructurar, paso a paso, los lineamientos generales destacados por el organismo regulador dominicano.

A continuación, abundo sobre las ventajas extendidas por Pro-Competencia en sus lineamientos, y los elementos de know how que provee la guía del CCI. Finalmente, aportaré consideraciones sobre la vocación de esta herramienta de Abogacía, para generar efectos pro-competitivos en los distintos mercados.

Este es un destacable aporte de Pro-Competencia que amerita ser debidamente aprovechado por la oferta, esto es, las empresas y elogiado por la demanda representada por la sociedad.

Desarrollar programas empresariales de cumplimiento a leyes de competencia, salvo quizás para las empresas multinacionales ya acostumbradas a estos ejercicios, es una novedad en la República Dominicana. No obstante, cualquier empresa con programas de calidad y mejoría continua o políticas y procedimientos de gobierno corporativo, encontrarán las capacidades y los recursos adecuados para ampliar hasta esa dimensión, niveles de control y prevención de riesgos.

La guía de la CCI para la elaboración de un programa empresarial de cumplimiento a leyes de competencia, desde sus recomendaciones iniciales, advierte que cada empresa necesitará ajustar las mejores prácticas referidas por dicha institución, a su realidad económica, así como, al ámbito jurisdiccional del mercado local. En el caso dominicano, probablemente las empresas con riesgos por dominancia y aquellas en mercados altamente concentrados, son las más llamadas a desarrollarlos, sea para mantener sistemas de mitigación o bien para elevar su reputación, al certificarse ante Pro-Competencia.

Sin embargo, es preciso comprender que ni el desarrollo de un programa interno, ni la certificación ante Pro-Competencia, constituyen blindajes a la imputación de violación a la ley. Son solo métodos de contención e instrumentación de medios de pruebas, para una futura defensa, en caso de controversias legales. No podría ser de otro modo, puesto que la Ley No. 42-08, no contempla certificación oficial de planes de cumplimiento como medio eximente de responsabilidad. Por ende, ni los programas, ni su certificación surten esa clase de efectos jurídicos, sin menoscabo de los beneficios que el trazado de los lineamientos, pueden ocasionar en los mercados.

La CCI y Pro-Competencia, coinciden en abarcar no solo los riesgos económicos y legales derivados de posibles condenaciones y sanciones, sino además los riesgos asociados con la reputación de la empresa, frente a su círculo de interés (stakeholders) los clientes y consumidores, los competidores, los empleados y la sociedad en general.

Aunque en diferentes órdenes, ambos instrumentos, el de la CCI y el de Pro-Competencia, describen esencialmente los mismos tópicos de contenido mínimo de un programa de cumplimiento. Como mencionamos, en el diseño de un programa empresarial, identificar y seguir los lineamientos de Pro-Competencia, es fundamental; aprovechar los de la CCI, es muy recomendable. Si bien el organismo regulador dominicano se refiere al qué y muchas, veces al cómo y dónde, la CCI amplía en la determinación de las 5W1H (what, who, where, when, why, and how o que, quién, dónde, cuando, por qué y cómo). Siguiendo el temario de CCI, el programa se conforma de 11 elementos, que Pro-Competencia divide en 14:

  1. Cumplimiento incrustado como cultura y política de la empresa. Para Pro-Competencia, este también es el primer punto y le dedica un párrafo orientador. Menciona de manera particular, labores de identificación y evaluación de posibles riesgos en áreas de mercadeo y ventas. Para el mismo tema, la CCI agota 6 páginas con precisiones acerca de cómo reconocer los riesgos, administrarlos e integrarlos a otros programas de control interno.
  2. Estructura organizacional y recursos de cumplimiento. En los lineamientos oficiales, este tema aparece como punto 8, descrito en un breve párrafo. La CCI le dedica 6 páginas con recomendaciones específicas sobre elaboración de organigramas, informes periódicos, líneas de mando y fondeo de recursos.
  3. Diagnóstico y evaluación del riesgo, Estos serían los puntos 2 y 3 y sus anexos de Pro-Competencia, Referir a las 9 páginas que dedica la CCI a este tema, para encontrar el modelo idóneo, resulta oportuno. Ambos documentos ofrecen un modelo básico de matriz de riesgos y metodologías de aplicación de controles. La guía de la CCI incluye ejemplos educativos e instrucciones para detectar puntos de control o auditoria.
  4. Administración del conocimiento para el cumplimiento en materia de competencia. Este requerimiento mínimo de la CCI es similar a los puntos 5 y 6 de los lineamientos de Pro-Competencia. Antes he publicado consideraciones acerca del knowledge management (KM) en el mundo empresarial. La correlación del antitrust KM y el plan estratégico de empresas altamente concentradas o con poder monopolístico, es dramática. Esta gestión se traduce en elaboración de guías, políticas, entrenamientos, protocolos de contigencia, elaboración de alertas fruto de cambios regulatorios y entre otros instrumentos de administración del conocimiento.
  5. Sistemas de monitoreo. Pro-Competencia se refiere a este tema brevemente su punto 7. La CCI inicia desde el tope, esto es, la labor de concientización institucional sobre el riesgo de violación a las leyes de competencia en el Código de Conducta y explica cómo proponerlo. Ofrece diferentes sistemas de reporte, así como, recomendaciones para la delación interna, políticas de comunicación, no retaliación, confidencialidad, compromiso de la empresa y efectividad.
  6. Manejo de investigaciones interna. En su punto 10, Pro-Competencia recomienda habilitar un esquema de denuncias internas con protocolos específicos. La CCI ofrece varios modelos de investigación interna, un conjunto de herramientas, tips, criterios para la cadena de mando y manejo de contingentes en ocasión de investigaciones.
  7. Acciones disciplinarias. Tanto la CCI como Pro-Competencia recomiendan esta medida y sugieren estímulos de incentivos a través de calificaciones positivas a empleados fieles al programa de cumplimiento. La CCI expone contenidos concretos para el Código de Conducta, sobre el particular.
  8. Due diligence. En el documento de Pro-Competencia este es el punto 12 y obviamente enumera las causales de violación en le ley dominicana, como posibles “banderas rojas” en un due diligence. La CCI divide la atención del programa frente a diferentes situaciones: Contratación de personal, intercambio de información al seno de asociaciones empresariales, y en caso de fusiones y adquisiciones, aplicable solo a algunas industrias en la jurisdicción dominicana.
  9. Certificación de cumplimiento, 10. Incentivos de cumplimiento y 11. Monitoreo y mejoría continua. Estos tres últimos elementos del modelo de la CCI, aparecen en el punto 13 de los lineamientos oficiales. La versión local, constituye una propuesta de certificar el programa en Pro-Competencia. Las empresas se acogerían de manera voluntaria, para a compartir resultados y reportar periódicamente al organismo sus puntos de auditoria y esfuerzos de mejoría continua. La CCI, considera útil certificarse, como hoy ofrece la autoridad dominicana.

En mi opinión, esta labor de Abogacía, tiene destacable vocación de generar efectos pro-competitivos, aún cuando las empresas no persigan la certificación oficial. Estimula a las empresas a agotar tareas preventivas y correctivas de manera voluntaria y ofrece indicaciones mínimas de ejecución. Es menester de las empresas, convertirlas en sistemas reales de administración.

Pero lo más importante no es aquello que las empresas destaquen o lo que Pro-Competencia certifique como aceptable, sino lo que ocurre realmente en los mercados. Como he mencionado en artículos previos, esa evidencia es cuantificable. Las mediciones internacionales sobre el índice de competitividad y el estado de Derecho en el ámbito regulatorio de la Rep. Dominicana, tendrán siempre la última palabra.

Muchos empresarios todavía no ven riesgos en la Ley No. 42-08. Estoy convencida de que no lo verán, hasta Pro-Competencia no condene a la primera empresa, en aplicación de sus potestades dirimentes y sancionadoras, en algún caso concreto. Ese día, lloverán los programas empresariales de cumplimiento voluntario a las políticas nacionales de competencia.

 

 

1er boletín de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia

10 julio, 2017

Muy buenas noticias nos comparte Camilo Pabón Almanza: el primer boletín de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia (ACDC) de Colombia, que contiene información sobre sus actividades y cinco artículos sobre temas pertinentes. ¡Enhorabuena por la ACDC!

Competencia & Consumo

La Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia (ACDC) ha publicado su primer boletín, incluyendo la carta del presidente de la asociación, doctor Gabriel Ibarra, un recuento de los eventos realizados por la asociación, y los siguientes cinco artículos escritos por litigantes, académicos y funcionarios de la Autoridad de Competencia SIC:

Felicitaciones por el esfuerzo y los resultados a la ACDC

Ver la entrada original

SIC: Participación ciudadana para identificar obstáculos regulatorios

21 junio, 2017

Una excelente iniciativa que adelanta la autoridad de competencia colombiana, comentada por Camilo Pabón Almanza en su blog http://www.competenciayconsumo.com.

Competencia & Consumo

SIC: Participación ciudadana para identificar obstáculos regulatorios

De forma semejante a como lo hizo la Cofemer al invitar a la ciudadanía a identificar los obstáculos regulatorios para la libre empresa y la libre competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha abierto un canal electrónico para identificar “obstáculos regulatorios anticompetitivos”.

Esta buena iniciativa de la SIC se implementó en el portal web de la Entidad, a través de un espacio para que la ciudadanía participe activamente en la identificación de limitaciones a la libre competencia en los proyectos de regulación, de cara al ejercicio de su función de abogacía de la competencia:

“¡CUÉNTENOS… sobre obstáculos regulatorios anticompetitivos!

Si considera pertinente que la Superintendencia evalúe la incidencia en la libre competencia económica, de un proyecto o de una norma de las entidades abajo citadas, le agradecemos diligenciar la siguiente información:

Entidad reguladora 
¿Dónde se puede consultar el proyecto o la norma?…

Ver la entrada original 14 palabras más

Medio ambiente y derecho de la competencia

15 junio, 2017

El medio ambiente está en el centro de la agenda política mundial y América Latina no es la excepción. La sostenibilidad de las actividades económicas, la mitigación del cambio climático y la prevención de los riesgos asociados a ésta, así como la preservación de los recursos naturales para futuras generaciones son algunos de los temas que actualmente interesan a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil de la región.

¿Hay espacio para esta agenda en materia de derecho y políticas de protección de la competencia en América Latina? Una respuesta completa a esta pregunta habría que abordarla país por país. Preliminarmente me inclino a responder afirmativamente. En ninguna jurisdicción latinoamericana el derecho de la competencia es absoluto y, por el contrario, está subordinado a otros intereses generales consagrados en las constituciones o en la ley. Luego, en caso de conflicto entre los dos intereses, las autoridades y los jueces se podrían ver obligados a ponderar los derechos buscando soluciones armónicas o dándole preeminencia a uno sobre el otro.

Por ejemplo, en Colombia (como expliqué en una anterior publicación), el derecho a la libre competencia económica es un derecho constitucional colectivo que no tiene carácter fundamental. Además, es un derecho económico de carácter no absoluto, pues está limitado, entre otros, por el bien común y por la responsabilidad social.

Por el contrario, el artículo 79 de la Constitución colombiana establece el derecho fundamental a un medio ambiente sano en los siguientes términos

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines.”

Además, una decisión reciente (Sentencia C-449/15) de la Corte Constitucional, el alto tribunal nos recordó que la defensa del medio ambiente sano es un

“Bien jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección.”

Finalmente, la propia Corte ha tomado decisiones en las cuales determinó que la libertad de empresa estaba subordinada al interés superior del medio ambiente sano.

A pesar de todo lo anterior, no conozco ningún caso en el cual la autoridad de competencia colombiana o los jueces se hayan visto obligados a estudiar conflictos entre los dos derechos. No me atrevo a decir los mismo de las otras jurisdicciones latinoamericanas, pero por lo pronto tampoco he tenido noticia de ese tipo de casos en otros países de la región.

En esta materia, la Unión Europa lleva la delantera y aprovecho esta publicación para contarles acerca del libro publicado recientemente por un autor de este blog, Julian Nowag. El libro titulado Environmental Integration in Competition and Free Movement Laws (OUP 2017) fue lanzado recientemente en la facultad de derecho de la Universidad de Oxford. El libro recoge cientos decisiones de las autoridades de competencia y tribunales europeos, así como la revisión documental de las discusiones que llevaron a la  actual redacción del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

IMG_7627

Julian Nowag (centro) en la presentación de su nuevo libro. Sanja Bogojevic (izquierda) y Stefan Enchelmaier (derecha) discutiendo y comentando el libro.

El principal objetivo del libro de Julian, que es una adaptación de su tesis doctoral, consiste en proponer un marco teórico para estudiar el deber de integración del principio ambiental (artículo 11 TFUE) con las legislaciones de competencia, ayudas estatales y libertad de circulación.

nowag

El libro pretende ir más allá del análisis conflicto – no conflicto (entre los principios o leyes) y propone dos prismas para analizar la integración del principio ambiental a otras legislaciones y políticas en la Unión Europea:

1) una integración de apoyo, en donde la integración de la protección ambiental en otras áreas del derecho (ej. competencia) contribuyen a cumplir con el objetivo de protección ambiental, y

2) una integración preventiva o cautelar, en la cual el derecho de la competencia (u otras áreas del derecho) podría ser interpretado de forma tal que se previnieran decisiones que pudieran causar detrimento al medio ambiente.

Hasta aquí mi breve reseña del libro de Julian, pero recomiendo que lean directamente el primer capítulo del mismo que está disponible de manera gratuita aquí.

Este es un tema muy prometedor y que podría interesarle a quienes actualmente estén buscando temas de investigación en América Latina. ¡Si alguien pica este anzuelo, por favor no dejen de contarme!

Diez años de defensa de la competencia en El Salvador (libro)

4 junio, 2017

El próximo miércoles 7 de junio será lanzado en San Salvador el libro “Diez años de defensa de la competencia en El Salvador” y varios autores y amigos salvadoreños de este blog son sus protagonistas. Este libro de siete autores salvadoreños es la primera obra colectiva especializada sobre el derecho de competencia en El Salvador.  El libro presenta seis ensayos sobre diversas temáticas, precedidos por una evaluación de estos primeros 10 años de aplicación de la ley de competencia, elaborada a modo de prólogo, por Celina Escobar S., primera Superintendente de Competencia de El Salvador.

Me cuenta Liliam Arrieta, una de las autoras, que además de un enfoque teórico, los artículos analizan la casuística y lo que ha demostrado ser la práctica de la Superintendencia de Competencia en el país a lo largo de estos primeros 10 años de aplicación de la ley, así como las reformas propuestas desde 2013, que aún se encuentran en discusión en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. Los autores provienen de distintas áreas de práctica y combinan abogados con experiencia en la autoridad de competencia del país, catedráticos universitarios y litigantes, lo que aporta una pluralidad de perspectivas a la obra.  El libro será publicado por el Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Dr. José Matías Delgado y el mismo estará disponible a la venta y para consulta en bibliotecas, después de su presentación oficial, el 7 de junio de 2017.

¡Felicitaciones a los autores, enhorabuena por los interesados en esta materia en El Salvador!

portada libro 10 años

A continuación una síntesis de su contenido:

Casi todo puede ser acuerdo bajo el sol o la construcción del concepto de acuerdo en la casuística salvadoreña

Lilliam Arrieta de Carsana: abogada salvadoreña, Doctora en Derecho y Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona por su tesis sobre acuerdos entre competidores en El Salvador, Máster en Investigación en Ciencias Jurídicas de la misma universidad, catedrática de derecho de competencia e investigadora.

Resumen: A lo largo de estos primeros 10 años de aplicación de la normativa de competencia salvadoreña (2006-2016), la Superintendencia de Competencia ha sancionado 7 casos de acuerdos colusivos. En la mayoría de los casos, los operadores económicos han impugnado la decisión del Consejo Directivo de la Superintendencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo, debido esencialmente a su inconformidad con el alcance de la prohibición, la existencia del acuerdo y el tipo de prueba utilizada. A través de la casuística resuelta en sede administrativa y cuya legalidad ha sido revisada en sede judicial, el concepto de “acuerdo” o práctica anticompetitiva se ha ido precisando.  En este artículo se analiza el alcance del concepto de acuerdo y, por lo tanto, de las conductas prohibidas en El Salvador, con énfasis la casuística resuelta durante estos primeros 10 años de aplicación de la ley.

 

Poniendo en duda la clarividencia de la Superintendencia de Competencia: ¿se ha probado la eficacia del control de concentraciones económicas en El Salvador?

Guillermo Enrique Castro Chorro: abogado salvadoreño, doctor en Derecho Privado de la Universidad Dr. José Matías Delgado y Máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático de derecho de los consumidores y abogado corporativo.

Resumen: El control de concentraciones económicas es considerado uno de los pilares de estudio dentro del derecho de competencia. Su conveniencia ha venido ganado peso a lo largo de los años, contando con el respaldo de la mayor parte de la doctrina y de los organismos internacionales que velan por el establecimiento de políticas de competencia efectivas. Pero, ¿por qué es que está justificado que el Estado restrinja la libertad económica y empresarial, otorgándole la facultad a funcionarios públicos de decidir sobre la conveniencia de llevar a cabo integraciones empresariales?, ¿se han obtenido los beneficios esperados con la implantación del control de concentraciones en el país?, ¿se han realizado estudios para medir el impacto que han tenido las resoluciones de la autoridad administrativa autorizando, condicionando o denegando operaciones de concentración?, en fin, ¿se cuentan con datos para afirmar que el control de concentraciones ha sido eficaz en El Salvador?. El presente artículo tiene como propósito navegar a través de dichas interrogantes, tratando de dilucidar si la autoridad de competencia actúa en la claridad de la luz o en las tinieblas de la oscuridad.

 

Mercado: si te he fallado te pido perdón. La clemencia en El Salvador, una tarea pendiente diez años después

Rafael Arnoldo Gómez Salazar: Doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, Premio Extraordinario de Doctorado de la misma universidad por su tesis doctoral en derecho de competencia,  exabogado de la Superintendencia de Competencia, catedrático de derecho de competencia y abogado corporativo.

Resumen: La clemencia, figura típicamente asociada con el perdón, es una herramienta que poseen las agencias de competencia para encontrar y sancionar prácticas anticompetitivas (principalmente carteles). Su éxito se basa en la posibilidad que uno o más de los participantes de una conducta ilícita puedan aportar elementos importantes o probatorios que coadyuven a investigar y condenar a más intervinientes y expulsar del mercado la afectación negativa. Su utilidad es por tanto doble, es una herramienta eficaz que brinda robustez a los casos investigados y es un incentivo para que los agentes económicos puedan enderezar su proceder y recibir un beneficio por su arrepentimiento y colaboración. Su objetivo final: investigar, comprobar, sancionar y erradicar las prácticas anticompetitivas.

 

¿Qué has hecho para que se enfaden contigo? La teoría de daño en el abuso de posición de dominio y las restricciones verticales

 

Roberto Valeriano Marroquín Elena: abogado salvadoreño, Doctor en Derecho Privado de la Universidad Dr. José Matías Delgado, Máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona, exabogado en la Superintendencia de Competencia de El Salvador y ex Director Jurídico de la Dirección General de Prácticas Monopólicas Relativas de la COFECE de México, catedrático de derecho de competencia.

Resumen: Al aplicar la Regla de la Razón a las restricciones verticales y al abuso de posición dominante, las autoridades de competencia deben de demostrar que una presunta práctica anticompetitiva dañó el proceso de competencia en un mercado y a los consumidores. Para ello, las autoridades deben de demostrar tal daño a través de la prueba económica, que sujeta a un procedimiento administrativo sancionador debe garantizar la observancia a los principios procesales y al derecho de defensa de los agentes económicos. En virtud de lo anterior, el objeto de este artículo es analizar la teoría del daño que deben formular la SC para comprobar la realización de cualquier práctica tipificada en el artículo 26 y 30 de la Ley de Competencia; así también, se observará la naturaleza, principios y tipos de prueba económica que la Superintendencia de Competencia debe presentar para sostener una teoría de daño al proceso de competencia.

La entrada domiciliar administrativa en investigaciones realizadas por la Superintendencia de Competencia de El Salvador

Laura Ximena Polanco Manzano: abogada salvadoreña, colaboradora jurídica de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, catedrática universitaria.

Resumen: La importancia del presente artículo se produce debido a que luego de diez años de vigencia de la Ley de Competencia únicamente se ha utilizado el allanamiento domiciliar como medio de prueba para investigar prácticas anticompetitivas una sola vez. Debido al problema interpretativo sobre los límites jurídicos de dicha figura y la forma de realizarla, por lo que es necesario armonizar la jurisprudencia al respecto. Y analizar si es necesario realizar reformas legales con la finalidad de incentivar a la Superintendencia de Competencia a utilizar este medio de prueba para obtener una mejor eficacia en las investigaciones de prácticas anticompetitivas.

Los contratos de Joint Venture bajo la óptica del Derecho de Competencia en El Salvador

Adriana Estefanía Portillo Palacios: Abogada corporativa salvadoreña, Doctora en Derecho Prvidado de la Universidad Dr. José Matías Delgado y Máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en contrataciones modernas, entre las que se encuentran la formalización de contratos de Joint Ventures, así como fusiones y adquisiciones nacionales e internacionales.

Resumen: Los contratos de Joint Venture a pesar de la flexibilidad en relación al propósito u objeto al momento de constituirlos, están sujetos a una serie de características propias y esenciales que los diferencian de otras formas de asociación empresarial, como la independencia que prevalece entre las partes que lo constituyeron posterior a su constitución. Los Joint Ventures societarios constituyen formas de concentración las cuales al superar los umbrales establecidos en las leyes están sujetos al correspondiente análisis de la autoridad de defensa de la competencia, por lo que es necesario tomar en consideración los posibles riesgos o efectos negativos así como las eficiencias a la competencia de los mercados en los que opera el Joint Venture y en los que operan las empresas matrices.

Próximo jueves: “Protección de la libre competencia: el caso de las ayudas públicas anticompetitivas”

30 mayo, 2017

3