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Reunión CEDEC: “Nudges y Programas de Compliance”

12 febrero, 2018

Les comparto la invitación del CEDEC a la presentación de Andrés Yáñez, un joven abogado colombiano que tiene muchísimo futuro por delante y que tratará un tema muy interesante.

El Centro de Estudios de Derecho de la Competencia se complace en
invitarlos a su evento del mes de febrero, en el que Andrés Yáñez
dictará una conferencia titulada “Nudges y Programas de Compliance”.

Andrés Yañez es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cursó
una especialización en Derecho de la Competencia y Libre Comercio en
la misma universidad y realizó una maestría en derecho de la
competencia en KING’S COLLEGE LONDON. Actualmente, el Dr. Yáñez
trabaja en Esguerra Asesores Jurídicos.

El evento se realizará el día viernes, 16 de febrero de 2018, de 7:15
a.m. a 9:00 a.m., en la sala de Audiencias del Edificio Gabriel
Giraldo (Calle 40 No. 6-23) de la Pontificia Universidad Javeriana.

Esperamos contar con su asistencia y pronta confirmación.

Paula Miranda
Asistente de Coordinación
Centro de Estudios de Derecho de la Competencia
www.centrocedec.org

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El punto no es la existencia del umbral sino cuál debe ser su valor porcentual

29 enero, 2018

Una de las novedades que la Ley 1340 de 2009 introdujo en el control de concentraciones Colombiano fue el establecimiento de dos tipos de procesos administrativos: 1) un proceso de notificación simple de operaciones, que no genera el inicio de un trámite de evaluación de fondo y 2) un proceso de información o pre-evaluación, en el cual la SIC evalúa los potenciales efectos de la transacción informada. El umbral que define qué operaciones deben notificarse y cuáles deben informarse fue fijado en términos de la participación de mercado de las empresas que pretenden integrarse.

Así lo establece la ley citada:

“En los eventos en que los interesados cumplan con alguna de las dos condiciones anteriores pero en conjunto cuenten con menos del 20% (sic) mercado relevante, se entenderá autorizada la operación. Para este último caso se deberá únicamente notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio de esta operación.”

Determinar si en una operación las empresas superan o no el 20% de participación del mercado puede generar controversia entre las partes, los terceros y la autoridad. La razón: definir cuál es el mercado relevante requiere información de alta calidad (no siempre disponible) e implica realizar juicios de valor. La divergencia de criterio sobre los supuestos, métodos e información usados para definir el mercado relevante de una operación concreta puede generar posiciones encontradas entorno a la integración proyectada.[1]

Para mitigar los riesgos jurídicos que esta situación puede generar, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estableció una instancia que le permite alertar a las partes cuando los datos contenidos en la notificación no le permiten validar los porcentajes de participación. El artículo 3.3 de la Resolución 10930 de 2015 dispone que si la notificación no brinda “elementos suficientes que permitan la validación de que las cuotas de mercado aportadas son inferiores al 20%” la SIC procederá a informarlo a las empresas dentro de los 10 días hábiles de haber presentado la notificación. Y en consecuencia las partes deberán informar la operación, es decir, deberán presentar una solicitud de pre-evaluación.

El punto del umbral de participación es un ejemplo que ilustra que Colombia no siempre atiende las recomendaciones de los organismos internacionales. En el informe inter-pares sobre el régimen de competencia colombiano, la OCDE (2009, 64), consideró que mantener como umbral la participación de mercado de la empresas en el control de concentraciones era un “defecto” puesto que introducía en el procedimiento un “elemento de incertidumbre”. Por su parte, la ICN (2017a, 4) recomienda que los umbrales se basen exclusivamente en “criterios objetivamente cuantificables” y señala que usar como criterio la cuota de participación de mercado de las empresas “no resultan objetivamente cuantificables”.

Incluso, la coordinadora del grupo de integraciones de la SIC, a título personal, recientemente explicó que a ella no le gustaba el umbral de participación de mercado pues “genera una gran dificultad para llegar a un consenso sobre cuál es el mercado relevante”. Sin embargo, por lo pronto, la autoridad no ha mostrado interés en promover la eliminación o modificación de este tipo de umbral (lo cual implicaría una reforma legal).

En mi opinión, es cierto que la definición del mercado relevante genera riesgo jurídico para aquellas operaciones en las cuales la participación está muy cerca del 20% y/o cuando no se cuentan con antecedentes de otras operaciones que den luces adicionales para predecir el análisis de la SIC. Sin embargo, la fijación un umbral en términos de participación de mercado le permite a la autoridad de competencia enfocarse en las operaciones más problemáticas. De hecho, como lo expresé a finales de 2017, en vez de debatir la existencia de este criterio, sería más interesante debatir si se debería aumentar el umbral de participación de mercado al 30%, por ejemplo, como ocurre en otras jurisdicciones del mundo. De esta manera, lograríamos que la SIC se enfocara en las operaciones más importantes y disminuiríamos los costos de transacción para las operaciones por debajo del 30% de participación de mercado que -casi con toda certeza- no generarían restricciones significativas a la competencia.

Con esta nota suspendo, por ahora, las entradas sobre control de integraciones. ¡Otros temas vendrán próximamente!


Referencias

ICN. 2017. «Prácticas recomendadas para procedimientos de notificación de concentraciones». International Competition Network (ICN). http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc589.pdf.

Miranda L., Alfonso, Juan David Gutiérrez R., y Natalia Barrera S. 2014. El control de las concentraciones empresariales en Colombia. 1.a ed. 1 vols. Colombia: Grupo Editorial Ibañez – Universidad Javeriana.

OCDE. 2009. «Derecho y Política de la Competencia en Colombia – Examen inter-pares». Francia: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). https://www.oecd.org/countries/colombia/44111213.pdf.


Notas

[1] Para una explicación detallada sobre las metodologías empleadas para definir el mercado relevante de una integración y las fuentes de litigio entre las partes y la autoridad de competencia, véase Miranda, Gutiérrez y Barrera (2014).

El control de integraciones en Colombia antes de 1992

22 enero, 2018

Con este texto corto ya son tres las entradas que publico en el 2018 sobre el control previo de las integraciones empresariales en Colombia. Y el lunes de la semana entrante publicaré una cuarta entrada, sobre el tema del umbral del 20% de participación de mercado que fijó la ley 1340 para definir cuáles operaciones deben informarse y cuáles notificarse. La razón por la cual mis entradas se han enfocado en el tema de las integraciones es que desde el año pasado estoy trabajando en documentos que servirán como insumo para la actualización (la segunda edición) del libro que publicamos con Alfonso Miranda y Natalia Barrera en el 2014 titulado “El Control de la Concentraciones Empresariales en Colombia“.

En esta oportunidad comparto con ustedes unos breves apuntes sobre el control de integraciones en Colombia antes de 1992:

La legislación de control de concentraciones empresariales en Colombia nace con la Ley 155 de 1959, la primera ley de competencia que reguló íntegramente la materia en el país.[1] En la exposición de motivos del proyecto de ley presentada al Congreso de la República por el entonces Ministro de Hacienda, Hernando Agudelo Villa, se justificaba el establecimiento del control de integraciones por la posibilidad de que las empresas con altas participaciones de mercado nacional (50% – 100%, según el texto) pudieran abusar de su poder en contra de los consumidores o de productores de materias primas (Ministerio de Hacienda 1958). Además, la exposición de motivos defendía la especial vigilancia del estado sobre empresas en mercados altamente concentrados en los siguientes términos:

“El proyecto no se inspira en el ánimo de desalentar, ni mucho menos el crecimiento de las empresas o su integración, por cuanto precisamente la disminución de costos, los precios favorables y la mejor calidad de los productos, dependen de manera especial de industrias que puedan producir en grande escala. Y porque los males sociales no provienen en sí del hecho de que las empresas sean unidades económicas robustas, sino de las prácticas nocivas, que con base en su poder económico, pueden ejecutar en perjuicio de los intereses generales de la comunidad.”

Sin embargo, durante las siguientes tres décadas el número de decisiones emitidas por las diferentes entidades que tuvieron a su cargo la implementación de la ley fue relativamente bajo. La primera autoridad de la competencia en Colombia no fue la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). De hecho, entre 1959 y 1974, hubo tres diferentes entidades públicas encargadas de aplicar la Ley 155 de 1959, incluyendo las normas de control de las integraciones empresariales:

  • Entre 1959 y 1963 las funciones establecidas por la Ley 155 de 1959 estuvieron en cabeza del Gobierno Nacional, que debía ejercerlas a través del Ministerio de Fomento.
  • En 1960 fue creada la Superintendencia de Regulación Económica (SRE) y le fueron atribuidas a su Consejo Directivo las funciones que tenía el Ministerio de Fomento respecto de las prácticas restrictivas comerciales (Decreto 1653 de 1960). Posteriormente, en 1963, dichas funciones fueron adscritas a la Dirección Ejecutiva de la misma superintendencia (Decreto – Ley 3307 de 1963).
  • En octubre de 1968 se elimina la SRE y esta pasa a denominarse Superintendencia Nacional de Precios (Decreto 2562 de 1968). Sin embargo, las funciones relativas a la Ley 155 de 1959 no le fueron asignadas expresamente.
  • Luego, en diciembre de 1968, el Ministerio de Fomento fue reorganizado (y renombrado como Ministerio de Desarrollo Económico) y la SIC fue creada como una de sus superintendencias adscritas (Decreto – Ley 2974 de 1968). Sin embargo, las funciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 155 de 1959 solo le fueron atribuidas a la SIC a partir de 1974 (Decreto – Ley 623 de 1974). (Véase un breve recuento de la historia de la entidad en SIC (2010).)

Con todo, durante la década del sesenta, la autoridad competencia de la época (la SRE) decidió sobre al menos ocho operaciones informadas por empresas de diferentes sectores económicos (Palacios Lleras y Gutiérrez R. 2015).[2] Cuando desapareció la SRE  en 1968, el control previo de las integraciones parece haber entrado en un limbo por más de dos décadas. Como se explicó anteriormente, en 1968 fue creada la SIC y desde 1974 le fue asignada la función de velar por el cumplimiento de las normas “prácticas restrictivas comerciales” dispuestas en la Ley 155 de 1959 y las normas que la adicionaron y reglamentaron. Sin embargo, no se encontró evidencia, aunque la investigación sobre la materia sigue siendo escasa, de que la SIC haya usado esas facultades entre 1974 y 1991.


Notas:

[1] Miranda L. y Gutiérrez R. (2005) y Miranda (2011) identifican normas de competencia en Colombia desde 1888.

[2] Textos de 22 resoluciones emitidas por la Superintendencia de Regulación Económica entre 1961 y 1968 pueden descargarse en el blog lalibrecompetencia.com (Gutiérrez R. 2015).


Referencias

Gutiérrez R., Juan David. «Arqueología Jurídica». Derecho y Política de Libre Competencia en América Latina (blog), 17 de octubre de 2015. https://lalibrecompetencia.com/arqueologia-juridica/.

Ministerio de Hacienda. Exposición de motivos al proyecto de ley «por el cual se dictan normas sobre prácticas restrictivas comerciales» (1958).

Miranda L., Alfonso. «Origen y evolución del Derecho de la Competencia en Colombia. La Ley 155 de 1959 y su legado». Revista de Derecho de la Competencia 6 (2011): 65-148.

Miranda L., Alfonso, y Juan David Gutiérrez R. Compilación de Normas de Derecho de la Competencia en Colombia. 1.a ed. 1 vols. Colombia: Cámara de Comercio de Bogotá – Universidad Javeriana, 2005.

Palacios Lleras, Andrés, y Juan David Gutiérrez R. «Una Nueva Visión Sobre Los Orígenes Del Derecho De La Competencia Colombiano». Rev. Derecho Competencia Bogotá (Colombia) 11 (2015): 137-76.

SIC. «Historia», 2010. http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Conozcanos/Filosofia/Filosofia/Historia.pdf.

Investigación periodística: En los últimos seis años, 600 compañías en América Latina fueron sancionadas por acuerdos colusorios

20 enero, 2018

Según una investigación periodística de IDL-Reporteros y Conectas, en América Latina más de 600 compañías fueron sancionadas en los últimos seis años por realizar acuerdos colusorios. Les recomiendo lean las tres entregas de “América Latina, región de carteles” que reportan:

  1. Cómo operaban los carteles investigados entre 2012 y 2017.
  2. Qué acciones han adelantado las autoridades de la competencia para combatir la cartelización.
  3. Cuáles son los retos de la indemnización de perjuicios derivados de las prácticas colusorias.

Además, en el marco de la investigación de de IDL-Reporteros y Conectas sobre carteles en Latinoamérica, el próximo 24 de enero se llevará a cabo un encuentro virtual para debatir sobre el tema. El encuentro empezará a las 11:00 AM, hora Colombia/ Perú—1:00PM Chile– 10:00 AM México (para registrarse, hacer clic aquí).

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Instrumentos y manuales del grupo de trabajo de integraciones del ICN

15 enero, 2018

La Red Internacional de Competencia Económica (International Competition Network, ICN por sus siglas en Inglés) cuenta con un grupo de trabajo de integraciones desde el 2001 que está compuesto principalmente por funcionarios de las propias autoridades de competencia (ICN 2013, 2014). La misión del grupo es promover “la adopción de las mejores prácticas en el diseño y funcionamiento de los regímenes de control de concentraciones” con el objetivo de mejorar la eficacia de los procesos, promover la convergencia de los criterios y procesos implementados, y reducir los tiempos y costos de los procesos (ICN 2014a, 2).

Desde su creación, el grupo de trabajo de integraciones de la ICN ha publicado prolijamente manuales y guías para las autoridades de competencia y en años recientes ha actualizado y expandido sus principales recomendaciones. Como les contaba en una anterior entrada, a raíz de una presentación de Liliana Cruz de la SIC, los insumos publicados por el grupo de trabajo han incidido en la evolución del control de integraciones en Colombia.

Por su relevancia en el presente y en el futuro de la gestión del control previo de integraciones en Colombia, y en otras jurisdicciones de la región, aprovecho esta entrada de comienzo de año para compartir con ustedes los principales instrumentos elaborados por el grupo de trabajo de la ICN, que enumero a continuación:

  1. Desde 2002 el grupo desarrolló unos “Principios rectores para la notificación de concentraciones y procedimientos de revisión”[1] (ICN 2002).
  2. En las conferencias de la ICN de 2002 – 2005 se adoptaron unas “Prácticas recomendadas para la notificación de concentraciones”, que fueron revisadas en 2017 (Coppola y O’Brien 2017; ICN 2017a).
  3. Desde 2003 el grupo trabajó en un manual de lineamientos que fue publicado en abril de 2006 con el título “Libro de lineamientos para concentraciones de la ICN” (ICN 2006).
  4. En 2004 fue publicado un “Manual sobre técnicas de investigación para la revisión de integraciones” que fue actualizado en junio de 2005 y abril de 2013 (ICN 2013, 2014a).
  5. En las conferencias de la ICN de 2008 – 2010 fueron adoptadas las “Prácticas recomendadas para el análisis de concentraciones”, que fueron revisadas en 2017 (Coppola y O’Brien 2017; ICN 2017b, 2014a).
  6. En el 2014 el grupo de trabajo preparó una “Herramienta de autoevaluación de la RICE para notificación y procedimientos de concentraciones” (ICN 2014b).
  7. En el 2015 el grupo publicó unas “Guías prácticas para la cooperación internacional en el control de concentraciones” (ICN 2015).
  8. En el 2016 el grupo publicó una “Guía de remedios (condicionamientos) en integraciones” (ICN 2016).

Referencias

Coppola, Maria, y Paul O’Brien. «New Consensus on Merger Procedure and Analysis: the ICN’s 2017 Recommended Practices». Competition Policy International, 2017. https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2017/08/ICN-Column-July-Full-1-1.pdf.

ICN. «Descubriendo al Grupo de Trabajo de Concentraciones de la RICE: una Red Global de Regímenes de Revisión de Concentraciones». International Competition Network (ICN), 2014. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc952.pdf.

———. «Guiding Principles For Merger Notification and Review». International Competition Network (ICN), 2002. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc591.pdf.

———. «ICN merger guidelines workbook». International Competition Network (ICN), 2006. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc321.pdf.

———. «International Competition network merger analysis self-assessment: Assessing whether merger analysis practices conform to the ICN’s recommended practices for merger analysis». International Competition Network (ICN), 2014. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc915.pdf.

———. «Merger Remedies Guide». International Competition Network (ICN), 2016. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1082.pdf.

———. «Practical Guide to International Enforcement Cooperation in Mergers». International Competition Network (ICN), 2015. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1031.pdf.

———. «Prácticas recomendadas para procedimientos de notificación de concentraciones». International Competition Network (ICN), 2017. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc589.pdf.

———. «Prácticas recomendadas por la RICE para el análisis de concentraciones económicas». International Competition Network (ICN), 2017. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc951.pdf.

———. «Updated Chapter 4 of the ICN Investigative Techniques Handbook for Merger Review – “The Role of Economists and Economic Evidence in Merger Analysis”». International Competition Network (ICN), 2013. http://internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc903.pdf.


[1] Los ocho principios son: soberanía, transparencia, no discriminación con base en nacionalidad, debido proceso, examen eficiente, oportuno y efectivo, coordinación (entre jurisdicciones que examinan la misma operación), convergencia, y protección de la información confidencial.

Nuevo diplomado de @UExternado en análisis de mercados y competencia

12 enero, 2018

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Año nuevo y mismos umbrales para informar concentraciones empresariales

3 enero, 2018

El 28 de diciembre la SIC expidió la resolución 88920 de 2017 que estableció los umbrales que tendrá en cuenta para determinar qué operaciones de concentración empresarial deben ser informadas en el 2018. La noticia es que la SIC mantuvo los mismos umbrales que rigieron en el 2017, es decir, ingresos operacionales y activos por valor de 60,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). El año pasado, algunos abogados criticaron el valor fijado por la SIC pues consideraban que este era muy bajo y que obligaba a las empresas a informar operaciones de manera innecesaria. Para recibir el año 2018, comparto con ustedes un análisis que pone en contexto la materia.

Las autoridades de competencia fijan umbrales económicos que miden la dimensión de una integración a partir de características de las partes que serían parte de la misma. Dichos umbrales son calculados en términos de activos, ingresos operacionales (ventas) o participaciones de mercado. Solo las operaciones de concentración que superan los umbrales (fijados previamente por las normas) deben ser examinadas por la autoridad de competencia.

En el caso de Colombia, desde 1959 se han fijado diferentes tipos de umbrales. El artículo 4 de Ley 155 de 1959 establecía un umbral basado en el valor fijo (veinte millones de pesos) de los activos de las empresas intervinientes. Posteriormente, en 1999, la SIC aumentó el umbral y lo fijó mediante una variable que se ajustaba automáticamente cada año, con el fin de limitar el número de empresas que debían informar una operación (Figura 1). Para tal efecto, la SIC estableció dos regímenes de autorización, uno particular y uno general. El régimen general autorizaba todas las operaciones – que por lo tanto no requerían informarse – en las cuales se cumpliera alguna de las siguientes condiciones: 1) que las empresas no detentaran, de manera individual o conjunta, más del 20% de la participación del mercado relevante o 2) que sus activos no superaran conjuntamente más de 50,000 smlmv.[1] Las operaciones en las cuales estas dos condiciones no se cumplían, correspondían al régimen de autorización particular y, por lo tanto, debían ser informadas a la SIC.

 

Figura 1 – Umbrales económicos de información y notificación, 1999 – 2017

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Fuentes: Miranda L. y Gutiérrez R. (2007), Miranda L., Gutiérrez R. y Barrera S. (2014), SIC (2017a) y resoluciones de la SIC[2]

En el 2006, la SIC aumentó significativamente el valor de los umbrales. En la motivación del activo administrativo, la SIC argumentó que el cambio se justificaba por “las condiciones cambiantes del mercado”, pero no explicó en qué consistían los cambios en las condiciones o a partir de qué parámetros había llegado a esa conclusión.[3] Los dos ajustes implementados por la SIC consistieron en reemplazar el umbral de participación de mercado por un nuevo umbral medido en ingresos operacionales y en elevar el valor de los umbrales en un 100%, es decir, a 100,000 smlmv. El aumento del valor de los umbrales económicos redujo en aproximadamente un 20% de operaciones informadas en los años subsiguientes (Figura 2).

En el año 2009 fueron elevados los umbrales, esta vez en un 50%, es decir, a 150,000 smlmv.[4] Nuevamente, el número de operaciones informadas a la autoridad disminuyó en los años subsiguientes. Esta decisión se reversó dos años después y desde 2012 los umbrales volvieron a los 100,000 smlmv. Además, la Ley 1340 de 2009 modificó integralmente el proceso de control de integraciones.[5] En lo que corresponde a los umbrales económicos, introdujo dos cambios importantes. Primero, el artículo 9 de la ley facultó a la SIC para establecer los ingresos operacionales y los activos que determinarán el deber de informar o notificar una operación “durante el año inmediatamente anterior a aquel en que la previsión se deba tener en cuenta y no podrá modificar esos valores durante el año en que se deberán aplicar.” Desde el año 2009, la SIC ha expedido una resolución en el mes de diciembre para fijar los umbrales que regirán en el siguiente año. En segundo lugar, la ley estableció dos rutas para avisar una concentración a la autoridad de competencia: 1) informar cuando las empresas individual o conjuntamente detentan 20% o más del 20% del mercado y 2) notificar cuando las empresas no superan dicho umbral. Mientras la información de una operación genera el inicio del trámite administrativo de control previo de la operación, la notificación no genera un control previo pues la operación se entiende autorizada por la ley.

El re-establecimiento del umbral de participación de mercado por la Ley 1340 de 2009 contribuyó a disminuir la carga de trabajo de la SIC por cuanto redujo el número de operaciones que requerían control previo: en el periodo 2000 – 2008 en promedio de 97.3 operaciones fueron informadas, mientras que entre 2009 y 2017 la cifra se redujo a menos de la mitad, 43.7 operaciones fueron informadas en promedio.

Figura 2 – Operaciones informadas y notificadas ante la SIC, 2000 – 2017*

 

 graf 2

Fuentes: Miranda L., Gutiérrez R. y Barrera S. (2014) y SIC (2017b, 2017c)

* Información con corte a diciembre 7, 2017. No se incluyen operaciones desistidas o que no debían ser informadas/notificadas

Finalmente, los umbrales que rigieron a partir del 2017 disminuyeron en un 40% y fueron fijados en 60,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según la SIC la modificación del umbral se justificaba para mantener “la cobertura y la representatividad por macrosector [sic] actuales en el control de concentraciones empresariales.”[6] Además, la parte motiva de la resolución expedida por la SIC para tal efecto asegura que, si se hubiera mantenido el anterior umbral para el 2017, el número de empresas que superarían el umbral de ingresos operacionales o activos sería significativamente inferior (la mitad) respecto del año 2014.[7]

Como mencioné al comienzo de este escrito, la rebaja de los umbrales ha sido criticada por algunos litigantes y asesores jurídicos de empresas. Por ejemplo, Romero (2017), argumentó que el nivel actual de los umbrales era muy bajo y propuso elevarlos para que la SIC se concentrara en las operaciones más complejas. Una discusión similar también ha tenido lugar en otras jurisdicciones, por ejemplo, en el Reino Unido. El punto es importante además porque una de las recomendaciones de la ICN (2017a) consiste en revisar periódicamente las normas sobre control de concentraciones, incluyendo los umbrales de información o notificación. Además, la ICN (2017a, 1) también recomienda que los umbrales fijados permitan filtrar aquellas operaciones que podrían “producir efectos apreciables para la competencia dentro de su territorio” y así evitar “innecesarios costes administrativos” para las empresas.

Sin embargo, como lo muestra la Figura 2, el número de operaciones que son informadas y, por lo tanto, evaluadas previamente por la SIC ha descendido de manera significativa y sostenida desde el 2009. Durante el periodo de estudio, 2013 – 2017, el número promedio de integraciones informadas fue 37.6 mientras que entre los años 2000 y 2012 el promedio fue de 83.2

Por otra parte, si se aumentaran demasiado los niveles de los umbrales de activos o ingresos operacionales podrían quedar por fuera del control algunas operaciones con capacidad para generar efectos altamente restrictivos en mercados relevantes regionales y con altas barreras de mercado. Si bien puede haber una correlación entre el tamaño de las empresas y los efectos restrictivos de la operación, y no siempre es así como lo  sugiere el ejemplo anterior, no existe evidencia que haya una relación causal entre las dos variables (Cruz P. 2017).

En suma, la SIC mantuvo para el 2018 los mismos umbrales que rigieron el año anterior. A pesar de las críticas por el valor de dichos umbrales, el histórico de las operaciones informadas muestran que la carga de trabajo de la SIC con dichos valores es equivalente, o incluso inferior, al que tenía en años anteriores cuando los umbrales eran muy superiores. Queda abierta la discusión sobre si aumentar el valor de los umbrales de ingresos operacionales y activos le permitiría a la SIC enfocarse en estudiar las operaciones más complejas.

En mi opinión, el punto que debe revisarse no es el umbral fijado en términos de los ingresos operacionales y activos, sino el valor de la participación de mercado por debajo del cual las empresas deben notificar una operación proyectada en vez de informarla. El umbral de participación de mercado (actualmente del 20%) es un mejor criterio para evitar que la autoridad examine operaciones que difícilmente tendrán efectos significativos en el mercado. Sería pertinente discutir si se justifica una reforma de la Ley 1340 de 2009 para: i) aumentar el umbral de participación de mercado al 30%, por ejemplo, como ocurre en otras jurisdicciones del mundo y ii) introducir una regla de minimis para los umbrales en integraciones, que también ha sido aplicada en otras jurisdicciones. El problema del umbral de participación de mercado es que no se trata de un criterio objetivo y que en ocasiones puede generar incertidumbre jurídica. Pero ese último punto, lo podemos dejar para una futura entrada. Por lo pronto, ¡Feliz año!

Referencias

Cruz P., Liliana. 2017. «Prácticas recomendadas por la RIC (ICN) para el control y análisis de concentraciones económicas». presentado en Universidad Externado de Colombia, Colombia.

ICN. 2017. «Prácticas recomendadas para procedimientos de notificación de concentraciones». International Competition Network (ICN). http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc589.pdf.

Miranda L., Alfonso, y Juan David Gutiérrez R. 2007. «El Control de las Concentraciones Empresariales en Colombia». Rev. Derecho Competencia Bogotá (Colombia) 3 (3):45-204.

Miranda L., Alfonso, Juan David Gutiérrez R., y Natalia Barrera S. 2014. El control de las concentraciones empresariales en Colombia. 1.a ed. 1 vols. Colombia: Grupo Editorial Ibañez – Universidad Javeriana.

Romero, Danilo. 2017. «¿Es útil el actual control de integraciones?» La República, 2017.

Serrano, Felipe. 2017. «Merger Control in Latin America and the Caribbean – Recent Developments and Trends». Background paper. OECD Secretariat. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)5/en/pdf.

SIC. 2017a. «Circular Única». Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). http://www.sic.gov.co/titulos-circular-unica.

———. 2017b. «Decisiones de competencia, Superintendente | Superintendencia de Industria y Comercio». 2017. http://www.sic.gov.co/decisiones-de-competencia-superintendente.

———. 2017c. «Integraciones Empresariales | Datos Abiertos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)». 7 de diciembre de 2017. http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Competencia/Integraciones_Empresariales/Estadistica_Integraciones_04_Octubre_2017.xlsx.

Notas

[1] Circular Externa 026 de 16 diciembre de 1999 de la SIC.

[2] Circular Externa 026 de 16 diciembre de 1999; Circular 10 de 19 julio de 2001 (“Circular Única); Circular Externa 002 de 5 abril de 2003; Circular Externa 005 de 5 mayo de 2003; Resolución 22195 de 25 agosto 2006; Resolución 69901 de 31 diciembre 2009; Resolución 73849 del 30 de diciembre de 2010; Resolución 75837 de 26 diciembre de 2011; Resolución 79228 del 21 diciembre de 2012; Resolución 82295 del 20 diciembre de 2013; Resolución 82040 del 26 diciembre de 2014; Resolución 103189 del 30 diciembre de 2015; Resolución 90556 del 29 diciembre de 2016; Resolución 88920 del 28 diciembre de 2017.

[3] Resolución 22195 de 2006 de la SIC.

[4] Resolución 69901 de 2009 de la SIC.

[5] Para una presentación detallada de las modificaciones introducidas por la Ley 1340 de 2009, véase Miranda, Gutiérrez y Barrera (2014).

[6] Resolución 90556 del 29 diciembre de 2016 de la SIC.

[7] Según Serrano (2017), este tendencia de los ingresos operacionales y activos de las empresas puede haberse debido al lento crecimiento de la economía colombiana en el 2016.