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Perú: Modificación de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas

18 septiembre, 2018

El 07 de setiembre de 2018 ha sido publicado el Decreto Legislativo No. 1396 – “Decreto Legislativo que modifica La Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas”, aprobada por Decreto Legislativo 1034.

El Estudio Bullard Falla Ezcurra+ ha elaborado un resumen de los principales aspectos objeto de la modificación que abarcan:

  • El establecimiento de recompensas por la denuncia de cárteles
  • La modificación del órgano con facultades para iniciar procesos por daños y perjuicios
  • La modificación del compromiso de cese

Ver link adjunto.

Modificacion ley competencia Peru

Día Nacional de la Competencia en Argentina

15 septiembre, 2018

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El abogado Andrés Barreto fue designado como nuevo Superintendente de Industria y Comercio

15 septiembre, 2018

El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se despidió de su cargo informando sobre la apertura de investigación y formulación de pliego de cargos contra empresas y personas vinculadas con la Ruta del Sol Tramo II por presuntas prácticas anticompetitivas. Hoy, el Presidente de la República anunció la selección del abogado Andrés Barreto González como nuevo Superintendente de Industria y Comercio.

El Superintendente designado es uno de los 46 profesionales que cumplieron los requisitos establecidos por el decreto 1817 de 2015 para desempeñar el cargo. Según la información circulada por la cuenta de Twitter del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, este es el perfil del nuevo Superintendente:

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Barreto tendrá en sus manos una de las organizaciones más importantes para proteger el bienestar de los consumidores colombianos y será quien tome la decisión final sobre casos trascendentales como el de la Ruta del Sol Tramo II que involucra, entre otros, a Odebrecht. Como dije hace poco más de un mes en este blog, le deseo buen viento y buena mar al nuevo Superintendente. Si la Superintendencia de Industria y Comercio lo hace bien, a todos los colombianos nos irá bien.

Evento CEDEC: “El paralelismo consciente como tipo de acuerdo y como evidencia indirecta de un cartel”

13 septiembre, 2018

Será un gusto tener la oportunidad de hablar sobre el paralelismo consciente por tercera vez en el marco de las reuniones del CEDEC. La primera vez fue en el 2008 y la segunda en el 2015. Les prometo que llegaré con nuevo material, ¡todavía queda mucha tela por cortar!

Competencia & Consumo

“El Centro de Estudios de Derecho de la Competencia se complace en invitarlos a su evento del mes de septiembre, en el que Juan David Gutiérrez dictará una conferencia titulada ‘El paralelismo consciente como tipo de acuerdo y como evidencia indirecta de un cartel’.

La presentación analiza el desarrollo del concepto de las ‘prácticas conscientemente paralelas’ en Colombia durante la última década. Dicho desarrollo se compara y contrasta con el tratamiento que le han dado las autoridades de competencia en Estados Unidos, la Unión Europa y de América Latina.”

Fecha: viernes, 14 de septiembre de 2018, de 7:15 a.m. a 9:00 a.m.

Lugar:  sala de Audiencias del Edificio Gabriel Giraldo (Calle 40 No. 6-23) de la Pontificia Universidad Javeriana.

Entrada libre.

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El consumidor es el centro.

12 septiembre, 2018

Hace varios años le dije a mi papá que quería dedicarme al derecho del consumo. Él, incrédulo y un poco preocupado por mi futuro, me dijo: “Eso ya está inventado y no hay mucho campo de acción”.  Con la terquedad propia de los veinte años emprendí la misión de demostrarle que no tenía la razón y que, por el contrario, todo estaba por hacer.  Y bueno, todo sigue estando por hacer.

Empecé a trabajar en el tema cuando aún estaba vigente el escuálido Decreto 3466, que tenía un catálogo reducido de derechos para los consumidores y unas más reducidas herramientas para hacer efectivos esos derechos. Sumándole a este crítico panorama, que las facultades de policía administrativa eran bastante limitadas.

Afortunadamente vino la iniciativa de actualizar el régimen vigente de protección al consumidor y así nació la Ley 1480 de 2011, mejor conocida como Estatuto del Consumidor. Una ley ambiciosa que se presenta como suplemento de cualquier régimen especial de protección al consumidor y que contiene un listado de derechos extenso con facultades que permiten una inspección, vigilancia y control más robusta en el mercado.

La Superitendencia de Industria y Comercio asumió con valentía la competencia residual que se desprende del Estatuto del Consumidor y empezó a defender con ahínco al consumidor colombiano de la información y la publicidad engañosas, de los productos que adolecen de la calidad y la seguridad ofrecida, de los contratos con clausulados abusivos, de los prestadores de servicios de telecomunicaciones que por sus posiciones asimétricas en el mercado pueden aprovecharse de este desequilibrio, de los prestadores de servicios turísticos que con técnicas agresivas de mercadeo engañan a los incautos, entre otras acciones. Adicionalmente, empezó a relacionarse con otras autoridades de consumo del mundo, a replicar buenas prácticas de otros países, a participar activamente en foros de discusión internaciones e inclusó fue la encargada de liderar, de forma exitosa, el proceso de ingreso de Colombia al Comité de Políticas de Consumo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos- OCDE.

El consumidor ya sabe que cuenta con el respaldo la Superintendencia y ahora, como es natural, espera más de ella.

Los consumidores de sectores que tienen regulación propia están clamando para que esta competencia sea asumida por la Superintendencia; un claro ejemplo son los usuarios de transporte aéreo que ven en esta entidad a una autoridad administrativa seria que puede disciplinar a las aerolíneas y evitar tantos ultrajes a los viajeros. Sin dejar de mencionar a los consumidores de bebidas, alimentos y medicamentos, donde existen extensas áreas grises de coexistencia de las autoridades.

Aquellos consumidores que tienen problemas patrimoniales por la sistemática defraudación de los empresarios están pidiendo que la autoridad se especialice en determinados sectores donde esto está ocurriendo. Los innumerables consumidores inmobiliarios que reciben bienes  distintos a los ofrecidos o de pésima calidad en su estructura y acabados, o los consumidores que adquieren sus bienes a través de sistemas de financiación que no son vigilados por la autoridad financiera, están pidiendo que se tomen medidas contundentes que frenen los atropellos.

Por otra parte, están los consumidores jóvenes que hablando en el lenguaje digital le están pidiendo  a la entidad que vuelque su mirada a los nuevos modelos de comunicación e innovación y actúe con visión de futuro, que empiece a tomar medidas en materia de marketing digital, que empiece a ejercer un verdadero control sobre el comercio electrónico, que entienda que el tradicional esquema de las relaciones B2C (business to consumer) está mutando al esquema del “todos hacemos-todos vendemos- todos consumimos”.

La Superintendencia deberá entonces hacer un alto para analizar cómo se puede hacer mejor lo que ya viene haciendo en esta materia y para diseñar una estrategia que le permita atender estas necesidades insatisfechas que el consumidor de forma expresa y por distintos medios le está reclamando.

La entidad deberá analizar cómo atender de forma más eficiente el cuantioso volumen de denuncias y demandas que recibe, cómo desarrollar de forma más expedita las investigaciones y los procesos judiciales, cómo tomar decisiones integrales que trasciendan la simple imposición de una multa y que verdaderamente reparen la vulneración de los derechos de los colombianos.  Así mismo, deberá ser vocera activa de proyectos de modificación del marco legal vigente para asumir nuevas competencias que le permitan proteger a consumidores que se sienten a la deriva, como los usuarios de servicio de transporte aéreo, para empezar el listado. Igualmente, deberá aprovechar su posición de miembro pleno del Comité de Políticas de Consumo de la OCDE, para implementar las guías de buenas prácticas en materia de comercio electrónico y publicidad digital y pedir recomendaciones para sostener las mismas conversaciones que se están dando en mercados más maduros en temas de innovación.

Adicionalmente, si bien la autoridad ha hecho un trabajo protagónico en materia de promoción y protección de la competencia, el consumidor tendrá que convertirse en el centro y el fin de las investigaciones. Los empresarios que incurren en prácticas que restrinjen la competencia, no sólo se enriquecen y distorcionan los mercados, sino que terminan metiéndole discretamente la mano en los bolsillos a los consumidores o limitando sigilosamente las opciones de bienes y servicios que tienen a su disposición.  Habrá entonces que promover la creación de herramientas adecuadas que permitan que el consumidor se sienta protegido y resarcido cuando los empresarios deciden actuarde forma anticompetitiva.

Los consumidores de toda Colombia son y deben seguir siendo el centro del trabajo de la Superintendencia. Esta debe ser una prioridad, una meta y un pilar para la nueva administración.

 

 

 

 

 

 

I Jornadas Internacionales de Derecho de Competencia en Ecuador

6 septiembre, 2018

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Inhabilidad para celebrar contratos con el estado por violar ley de competencia: Proyecto de Ley en Colombia

28 agosto, 2018

El representante a la Cámara Ricardo Ferro, presentó el Proyecto de Ley No. 83 de 2018C, “Por medio de la cual se adiciona una causal de inhabilidad para celebrar contratos con entidades estatales por la comisión de conductas prohibidas por el régimen de competencia”.

Como lo indica su nombre, el proyecto establece una nueva causal de inhabilidad para participar en procesos de contratación estatal cuando la persona, natural o jurídica, haya sido sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por realizar una conducta violatoria del régimen de protección de la competencia. Como expliqué recientemente en este blog, la lucha contra la colusión en licitaciones públicas podría fortalecerse con nuevos tipos de penalizaciones que tengan un mayor poder disuasorio que las multas. Uno de los ejemplos es el propuesto en el Proyecto de Ley No. 83 de 2018C.

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Sin embargo, el proyecto de ley que cursa en la Cámara de Representantes necesita una revisión clave. Según la actual redacción del proyecto, se establecería una inhabilidad para contratar con el Estado a quien sea hallado responsable de cometer “conductas prohibidas por el régimen de competencia” por parte de la Superintendencia. ¿Cuál es el problema? Algunas disposiciones sobre protección de la competencia que podrían ser violadas no están relacionadas directamente con conductas anticompetitivas. El artículo 25 de la ley 1340 contiene varios ejemplos de violaciones que no constituyen en sí mismo conductas restrictivas de la competencia pero que se consideran infracciones al régimen de protección de la competencia:

“la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación de garantías…”

Además, algunas de las prácticas restrictivas de la competencia dispuestas en el Decreto 2153 de 1992, realmente no ameritan una sanción como la inhabilidad para contratar con el Estado. Ejemplo:

Artículo 48. ACTOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, se consideran contrarios a la libre competencia los siguientes actos:

1. Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección al consumidor. (…)”

De hecho, la inhabilidad para contratar con el Estado debería limitarse para infracciones más duras, particularmente de cartelización. Por ejemplo, en otras jurisdicciones, se penaliza con mayor severidad los llamados “hard core cartels“.

En es línea, una redacción alternativa que podría considerarse para el proyecto de ley podría ser la siguiente

“Artículo 8°: De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales:

(…)

(l) Las personas naturales o jurídicas que la Superintendencia de Industria y Comercio declare responsables administrativamente por la realización de acuerdos anticompetitivos.”

Según el Representante Ferro, el proyecto contó con el apoyo de 27 representantes a la Cámara del Centro Democrático. Tiene una alta probabilidad de ser aprobado. Es una buena iniciativa, pero puede ser mejorada en el proceso legislativo. Por aquí les seguiré reportando.

Coda: El hat tip es para Sergio Octavio Valdes Beltran, quien me avisó del proyecto de ley. ¡Gracias Sergio!