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Curso Microeconomía para Abogados

19 noviembre, 2018

El Blog La Libre Competencia se seguirá nutriendo a partir de las experiencias docentes de cada uno de sus autores. En el presente caso, los invitamos a revisar las presentaciones del curso de Microeconomía para abogados del pregrado en Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, dictado por el editor de este blog en el periodo comprendido entre los años 2016 a 2018.

El Curso está compuesto de los siguientes apartes:

  • Definición de la Economía y diferencias entre la Microeconomía y la Macroeconomía.
  • Introducción a la teoría del consumidor.
  • Introducción a la teoría de la firma.
  • Introducción al mercado y su equilibrio.
  • Introducción a las fallas del mercado.
  • Introducción a la historia del pensamiento económico.

Próximamente tendrán acceso a los cursos de Derecho de la Competencia, Análisis Económico del Derecho y Econometría para Abogados, entre otros.

Sostenibilidad y libre competencia ¿qué es más eficiente?

19 noviembre, 2018

El desarrollo sostenible y el medio ambiente  constantemente hacen parte de la agenda política de cada Estado. En Colombia, conceptos como sostenibilidad empresarial han cobrado una gran importancia llevando a que grandes compañías como Grupo Nutresa, Alpina, Grupo EPM, entre otras, se destaquen por sus programas de responsabilidad social empresarial[1]. En este sentido, una gran variedad de acuerdos entre competidores pueden tener objetivos ambientales[2], dentro de los cuales se incluyen acuerdos tanto para el cobro de una sobretasa (incremento de precio) como para la reducción de la producción del bien contaminante (como el caso que a continuación se examina).

Dichos acuerdos, en los ojos de las autoridades de competencia alrededor del mundo, son acuerdos que podrían ser considerados como anticompetitivos[3] por objeto (según el sistema europeo), o per se anticompetitivos (según el sistema estadounidense). Puestas de esta manera las cosas, surgen las siguientes inquietudes: ¿quiere decir que el sistema de la libre competencia exige a los empresarios una competencia feroz incluso si aquella implica un deterioro ambiental? Y en esa medida ¿es más eficiente la competencia que la protección del medio ambiente?

Un ejemplo de esta tensión se evidencia en el siguiente caso. En el año 2013 se llegó a un acuerdo entre los mayores productores de energía en los Países Bajos y las organizaciones sindicales, ambientales y de consumidores para implementar una serie de medidas de protección al medio ambiente. Este pacto, al que se le denominó “The Energy Deal”, acordaba el cierre paulatino -dentro de un plazo de 5 años- de todas las plantas de producción de energía a base de carbón, debido su alto nivel de contaminación. Dicho acuerdo fue sometido al escrutinio de la autoridad de competencia Authority for Consumers and Markets (ACM) la cual concluyó que se trataba de una conducta restrictiva de la competencia. Su conclusión se basó en que “The Energy Deal” traería más perjuicios que beneficios para los consumidores, como consecuencia del incremento de precios que se presentaría en las facturas de energía.

Los expertos en competencia y economía, Erik Kloosterhuis  y Machiel Mulder, realizaron un análisis sobre este acuerdo y el criterio de eficiencia utilizado por la ACM[4]. Su estudio se dividió en dos partes. En primer lugar, cuantificaron los efectos perjudiciales que ocasionaría el cierre de las plantas de producción de energía a base de carbón. En este punto, determinaron como perjuicio lo que deberían pagar la totalidad de los habitantes de los Países Bajos en razón al incremento generalizado en los precios de la energía. En segundo lugar, cuantificaron los efectos positivos del acuerdo, representados en los beneficios que percibirían los consumidores debido al cierre de dichas plantas. En su criterio, esos efectos benéficos consistirían en la reducción de gases de efecto invernadero, así como de micropartículas en el ambiente.

Debido a que una mejora en el medio ambiente no es un bien transado en el mercado, debieron utilizar mecanismos alternativos de medición, esencialmente mediciones basadas en encuestas sobre lo que estaría dispuesto a pagar un consumidor por percibir una mejora ambiental, así como lo que un consumidor estaría dispuesto a recibir por permitir un deterioro ambiental (WTP y WTA).

Una vez realizados estos cálculos, concluyeron que entre el 2016 y 2023, los consumidores asumirían más costos que beneficios con ocasión del cierre de las plantas de energía a base de carbón. Por este motivo, concluyeron que el acuerdo anticompetitivo no debería ser cobijado bajo la excepción de eficiencia contenida en el artículo 101(3) del TFEU.

Sin mencionarlo, Kloosterhuis y Mulder utilizaron el criterio de eficiencia de Kaldor-Hicks según el cual, una situación es eficiente cuando aquellos cuyo bienestar es mayor podrían (hipotéticamente) compensar completamente a aquellos cuyo bienestar fue disminuido, con una ganancia neta. En otras palabras, que los beneficios generales sean superiores a las desmejoras generales.

Sin embargo, al igual que la ACM, Kloosterhuis y Mulder incurren en un error que siempre llevará a que este análisis de eficiencia prefiera la competencia feroz sobre el desarrollo sostenible. Ese error consiste en que al ponderar los efectos positivos del acuerdo (mejoras ambientales), son limitados al mismo periodo de tiempo durante el cual ocurren los efectos negativos para el consumidor (incremento de precios).

No obstante, este análisis de costo beneficio no tiene cuenta que el desarrollo sostenible es aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, según fue definido en el Informe Brundtland o también conocido como “Nuestro Futuro Común”.

Lo anterior implica que, al momento de analizar la eficiencia de un acuerdo, es necesario que las autoridades de competencia ponderen los beneficios que obtendrán generaciones futuras. De lo contrario, cualquier intento de autorregulación en materia de desarrollo sostenible será desincentivado por el derecho de la competencia.

Igualmente, este enfoque sobre la eficiencia implica que el bienestar total de las generaciones presentes tenga preponderancia sobre el bienestar de generaciones futuras. Es por esto que muchos autores como Hartwick (1977), Stavins (2003), entre otros, utilizan el concepto de equidad intergeneracional para solucionar estos desbalances en los análisis de eficiencia.

Como podemos observar, se trata de un problema complejo desde su conceptualización hasta su implementación, y las autoridades de competencia deberán desarrollarlo a fondo.

 

[1] Editorial La República S.A.S, “Normas que regulan los planes de sostenibilidad o de responsabilidad social en Colombia,” accessed November 18, 2018, https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/normas-que-regulan-los-planes-de-sostenibilidad-o-de-responsabilidad-social-en-colombia-2709324.

[2] http://www.oecd.org/daf/competition/cartels/49139867.pdf, 12.

[3] http://www.oecd.org/daf/competition/cartels/49139867.pdf, 13.

[4] E. Kloosterhuis and M. Mulder, “COMPETITION LAW AND PUBLIC INTERESTS: THE DUTCH AGREEMENT ON COAL-FIRED POWER PLANTS,” December 11, 013,http://acle.uva.nl/events/competition–regulation-meetings/conference-papers-9th-cr-meeting-2013.html

Concurso de Derecho de la Competencia en Colombia

9 noviembre, 2018

El pasado 2 de noviembre fue celebrado el concurso Germán Cavelier de Derecho de la Competencia. En el Concurso participaron: Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad Externado, Universidad Javeriana, Universidad Libre, Universidad de Medellín, Universidad del Rosario y Universidad Sergio Arboleda. La Universidad Javeriana, representada por las estudiantes Paula Miranda Fernández y Natalia Monroy Ramirez, fue la ganadora del Concurso. El segundo puesto fue ocupado por la Universidad Sergio Arboleda, representada por los estudiantes Carlos Julián Ramirez Rios y Maria Paulina Velandia Lizarazo. El caso estudiado tuvo como objetivo evaluar los efectos en el mercado y la legalidad de acuerdos verticales que restrinjan el suministro de un insumo de producción. Felicitaciones a los participantes, a las ganadoras y a la Asociación Cavelier del Derecho por promover la formación de abogados en esta área.

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¿Una regla para limitar la capacidad del monopolista de disminuir precios en respuesta a la entrada de nuevos competidores?

6 noviembre, 2018

En respuesta a un posible crecimiento en los niveles de concentración en diferentes mercados, Aaron Edlin evalúa los efectos que tendría la implementación de reglas que restrinjan la capacidad del monopolista de disminuir los precios en respuesta a la entrada de nuevos competidores al mismo. La regla propuesta por Edlin va más allá de las restricciones impuestas por la figura de precios predatorios (precios inferiores al costo unitario de producción del monopolista) en la medida en que la disminución del precio no está únicamente restringida por su costo unitario de producción.

Edlin propone limitar la capacidad del monopolista para disminuir los precios como respuesta a la entrada de una nueva firma al mercado. Específicamente, él propone que el monopolista únicamente pueda disminuir el precio en una porción frente a aquel que tenía con anterioridad a la entrada de la nueva firma. Ejemplo: definiendo la regla de Edlin como aquella que le impide al monopolista disminuir su precio en un porcentaje superior al 20%, un monopolista que tuviere un precio igual a 100 unidades con anterioridad a la entrada de una nueva firma, solamente podrá disminuirlo a 80 unidades en respuesta a a dicha entrada. Teóricamente, esta restricción tendría las siguientes consecuencias: primero, los posibles entrantes tendrían mayores incentivos para ingresar al mercado; segundo, el monopolista se vería desincentivado a ejercer totalmente su poder de mercado mediante la fijación del precio de monopolio.

Edlin estudia las predicciones teóricas de la regla por él propuesta en el bienestar del mercado frente a los resultados que trae la aplicación de las reglas de: Libre mercado, Brooke group (o precios predatorios), y Baumol. La regla del libre mercado no impone restricciones al monopolista con relación a su política de precios con posterioridad a la entrada de una nueva firma. La regla de Brooke group o precios predatorios impide que el monopolista fije un precio inferior a su costo unitario de producción en respuesta a la entrada de una nueva firma al mercado. La regla de Baumol impone en el monopolista la obligación de mantener el precio que fije en respuesta a la entrada de nuevos competidores al mercado, aún después de la salida de aquellos.

Para la evaluación de las reglas, el experimento parte del supuesto según el cual el monopolista es más eficiente en la producción del bien que el potencial entrante. Algunos de los resultados fueron los siguientes:

  • La regla de libre mercado genera la aplicación de precios exclusorios, i.e., precios que desincentivan la permanencia en el mercado de las firmas que entraron en el momento en el que el monopolista fijaba los precios de monopolio.
  • La regla de Edlin reduce la frecuencia en que el monopolista logra fijar precios exclusorios y, por lo mismo, incentiva la mayor cantidad de nuevas entradas al mercado.
  • La regla de Edlin genera el mayor nivel de bienestar en el mercado con anterioridad y posterioridad a la entrada de una nueva firma; sin embargo, genera un menor nivel de bienestar en el periodo en el que ambas firmas compiten por el hecho de que es la firma entrante la que por dicho periodo abastece el mercado.

En la discusión de la propuesta en la Universidad de Stanford surgieron preguntas en torno a la capacidad de las autoridades de competencia de implementar una norma de este tipo, especialmente en lo relativo a la definición del porcentaje en que se limitará la capacidad del monopolista para modificar su precio. Acá podrá encontrar el enlace al  artículo.

 

Conferencia “Los Retos del Derecho de la Competencia 2018-2022”

2 noviembre, 2018

El Blog La Libre Competencia los invita a la conferencia “Los Retos del Derecho de la Competencia 2018-2022.” La Conferencia contará con la participación del superintendente de industria y comercio, Andrés Barreto González, y algunos de los más destacados abogados doctrinantes, prácticantes en el área del derecho de la competencia y colaboradores de este Blog. Entre los participantes se encuentran Andrés Palacios, Gabriel Ibarra, Alfonso Miranda, Maria Clara Lozano, Carlos Andrés Uribe, Carlos Andrés Perilla, Andrés Jaramillo, Jorge Jaeckel, Jorge Orlando Montealegre, Maria Claudia Martinez, Felipe Serrano, Juan David Gutierrez, Maria Carolina Pardo, José Miguel de la Calle, Gustavo Valbuena y Juan Benavides.

La conferencia estará conformada por cuatro paneles enfocados en los siguientes temas:

  • Arquitectura del regimen de competencia
  • Reformas a las conductas anticompetitivas
  • Debido proceso y el papel de los medios de comunicación
  • Importancia de los programas de cumplimiento en el derecho de la competencia

La Conferencia será realizada el proximo 13 de Noviembre en el Gun Club y las inscripciones se pueden hacer a través de este link http://acolcomp.org/eventos/

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Observaciones y propuesta de redacción del Superintendente de Industria y Comercio del Proyecto de Ley número 083 de 2018 Cámara

26 octubre, 2018

Observaciones y propuesta de redacción del Superintendente de Industria y Comercio del Proyecto de Ley número 083 de 2018 Cámara

 

El 24 de octubre de 2018, fue publicada la carta mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, presentó sus observaciones y una propuesta más moderada al Congreso de la República respecto del Proyecto de Ley número 083 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se adiciona una causal de inhabilidad para celebrar contratos con entidades estatales por la comisión de conductas prohibidas por el régimen de competencia”.

Proyecto de ley Propuesta de la

Superintendencia de Industria y Comercio

ARTÍCULO 1°. Adicionar el literal (L) al numeral primero (1°) del artículo octavo (8°) de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 8°. De las Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar.

Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales:

(…)

(I) Las personas naturales o jurídicas que hayan sido declaradas responsables Administrativamente por la comisión de conductas prohibidas por el régimen de competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas

ARTÍCULO 1°. Adicionar el literal (L) al numeral primero (1°) del artículo octavo (8°) de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 8°. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales:

(…)

(I) Las personas naturales o jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la comisión celebración de los acuerdos de conductas prohibidas por el régimen de competencia que trata el numeral 9 del artículo 47 del Decreto número 2153 de 1992por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que hagan parte dichas personas, siempre que estas hayan actuado en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o, igualmente, si fueren

y a las sucursales de sociedades extranjeras, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años”.

de socios controlantes, a así como también se hará extensiva a sus matrices y a sus subordinadas y a las sucursales de sociedades extranjeras, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

La inhabilidad prevista en este literal se extenderá hasta por un término de veinte ocho (208) años.según la dosificación que determine la Superintendencia de Industria y Comercio en cada caso“.

 

La propuesta presentada por el Superintendente se fundamenta en las siguientes consideraciones:

(i) Generalidades sobre la inhabilidad para participar en licitaciones públicas y para celebrar contratos con las entidades estatales

Considera el Superintendente que la finalidad del artículo es “útil” para endurecer las sanciones administrativas por violación al Régimen de Competencia, especialmente para aquellas conductas que merecen mayor reproche, como lo son las que tienen que ver con colusión en licitaciones públicas. De esta forma, resalta que la propuesta podría tener un efecto disuasorio en la medida en que podría lograr contrarrestar las precitada conducta.

Así mismo, concuerda el funcionario con facultar a la Superintendencia de Industria y Comercio para declarar la inhabilidad como consecuencia de una sanción administrativa de forma independiente de la acción penal. Lo anterior, por cuanto si bien el Estatuto Anticorrupción consagra la inhabilidad para contratar con el Estado por 8 años como consecuencia de haber incurrido en una colusión en un proceso de selección con el Estado, la imposición de la misma depende de la duración y del resultado del proceso penal que es más complejo, y en ese tiempo el contratista puede seguir participando en procesos de selección.

(ii) Término de la declaratoria de inhabilidad

Propone el Superintendente disminuir el tiempo de inhabilidad propuesto en la iniciativa legislativa, de 20 a 8 años, con el objeto de garantizar que la medida no sea considerada desproporcionada respecto a los postulados constitucionales de las medidas sancionatorias, así como irrazonable e injustificadamente más gravosa a la inhabilidad dispuesta en el artículo 27 del Estatuto Anticorrupción. En línea con lo anterior, sugiere que sea la SIC quien pueda dosificar el quantum de la inhabilidad, dependiendo de la gravedad de la conducta anticompetitiva.

(iii) Restringir la inhabilidad a conductas relacionadas con colusión en licitaciones públicas y que no se haga extensiva a conductas anticompetitivas

Finalmente, el funcionario presenta una propuesta de redacción del proyecto, en donde se eliminaría la causal de inhabilidad respecto de violaciones que no están relacionadas directamente con conductas anticompetitivas. Cabe recordar que el artículo 25 de la ley 1340 de 2009, contiene un listado de violaciones que no constituyen conductas restrictivas de la competencia pero que si se consideran infracciones al régimen de protección de la competencia.

Señala el Superintendente que bajo su entendimiento, el objetivo del Proyecto de ley debe ser el de incluir una causal de inhabilidad para aquellas personas, naturales o jurídicas, que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la infracción del régimen de libre competencia económica, específicamente por los acuerdos que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. De esta forma, la propuesta del Superintendente busca que no se haga extensiva la declaratoria de inhabilidad a cualquier conducta anticompetitiva.

Mediante la presente carta, el Superintendente Barreto empieza su gestión presentando su perspectiva sobre la estructura de nuevos tipos sancionatorios que tengan un mayor poder disuasorio, para poder combatir y suprimir la colusión en licitaciones públicas, presentando una visión más moderada que la que trae el texto original del Proyecto de Ley, en donde rescata la importancia de guardar concordancia con postulados constitucionales frente a la adopción de medidas sancionatorias, así como la razonabilidad y la proporcionalidad de la inhabilidad respecto al tipo de infracción.

El economista Juan Pablo Herrera asume la Delegatura para la Protección de la Competencia

24 octubre, 2018

El economista Juan Pablo Herrera Saavedra asumió la delegatura para la Protección de la Competencia. El señor Herrera es economista de la Universidad Nacional (1999), también cuenta con una maestría en Ciencias Económicas con énfasis en Teoría y Política Económica de la misma universidad (2004). Desde el año 2008 está vinculado a la Superintendencia de Industria y Comercio en calidad de asesor del Despacho del Superintendente. En el campo académico, el señor Herrera se desempeñó en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2005 como docente en las áreas de microeconomía, econometría, macroeconomía y derecho de la competencia en las Universidades Nacional, Externado, Andes y Javeriana. La hoja de vida completa del señor Herrera se encuentra disponible acá.

 

Obtenido de: Twitter Superintendencia SIC

 

En el campo de la investigación, el señor Herrera ha desarrollado diversos estudios, entre ellos se encuentran:

 

También pueden consultar las siguientes entrevistas del señor Herrera sobre el Reporte de Información Propiedad Industrial y sobre la coyuntura económica en Colombia.

Por parte del Blog la Libre Competencia le deseamos exitos en la labor que empezará a desempeñar.