Derecho y Políticas de Libre Competencia en América Latina

Ayer, como parte del seminario de Law and Economics dictado por los profesores Mitchell Polinksy y John J. Donohue III, tuvimos la oportunidad de discutir el artículo “The Strategies of Anticompetitive Common Ownership” que está siendo escrito por Scott Hemphill y Marcel Kahan (https://law.stanford.edu/john-m-olin-program-in-law-and-economics/). El Artículo tiene como objetivo explicar los posibles mecanismos a través de los cuales la propiedad común tendría un efecto negativo sobre la competencia en los mercados. Además de ello, los autores analizan la efectividad y factibilidad de dichos mecanismos para generar los efectos encontrados en la investigación empírica adelantada por Azar, Schmalz y Tecu (2014).

Los autores clasifican los mecanismos en tres categorías. La primera clasificación distingue los impactos positivos o negativos que en el valor de la firma tendría la implementación de la estrategia anticompetitiva. Los impactos positivos o negativos de esta clasificación se presentarían como resultado de las diferencias en los incentivos o funciones de beneficio específicas de la firma y los del propietario común. Ejemplo: las firmas A y B participan en un mercado duopólico. En principio, cada una de las firmas estaría interesada en implementar una estrategia de mercado que le permita maximizar sus beneficios. Teniendo en cuenta que los beneficios de la firma son iguales al ingreso menos el gasto, cada una de ellas buscaría aumentar su cuota de mercado, posiblemente a través de la disminución de precios y costos de producción. Dejando todo constante, la firma que lograse implementar dicha estrategia estaría en capacidad de aumentar sus beneficios y su valor de mercado a costa del otro participante. Siguiendo la teoría microeconómica, este tipo de incentivos tienen un efecto positivo en el bienestar agregado de la economía.

Sin embargo, la existencia de propietarios comunes conlleva la aparición de una nueva función de beneficios con incentivos que entran en conflicto con los anteriormente expuestos. Ejemplo: un propietario común C adquiere un mismo porcentaje significativo en la participación de las firmas A y B. Como resultado de ello, las firmas A y B no tendrían un incentivo (o tendrían menos incentivos) a implementar una estrategia como la anteriormente mencionada. Dicho de otra forma, si bien la implementación de dicha estrategia tendría un impacto positivo para el propietario común en lo que corresponde a la firma afectada positivamente, también se presentaría un efecto negativo por conducto de la firma que perdió valor. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría afirmar que las firmas buscarían restringir la competencia, i.e., asumirían un comportamiento cercano al de un monopolista en su mercado.

La segunda clasificación hace referencia a las estrategias macro y micro, de acuerdo con su especificidad de la estrategia frente a la firma en cada uno de los mercados en los que opera. La estrategia macro incentivaría un comportamiento homogéneo de las firmas que hacen parte de la propiedad común con independencia del mercado en el que esté operando. Este tipo de estrategia sería las más conveniente si los mercados en los que participan las firmas fueran homogéneos. Por el contrario, la firma no tendría un incentivo a implementar una estrategia de este tipo cuando su actividad económica se desarrolla en mercados con distintos niveles de competencia. Por su parte, la estrategia micro le permitiría a la firma implementar una estrategia acorde a las características de cada uno de los mercados en los que participa.

La tercera clasificación distingue las estrategias en pasivas y activas. De acuerdo con los autores, las estrategias pasivas le permitirían al propietario común lograr la maximización de su función de beneficios sin la necesidad de desarrollar una labor activa en la administración de las firmas de las que es propietario.  Por el contrario, las estrategias activas requerirían una participación constante del propietario común en el órgano de administración de las empresas para lograr la maximización de su función de beneficios.

Dicho lo anterior, los autores llaman la atención sobre el hecho de que las conductas que estarían generando los efectos anticompetitivos no serían desarrolladas directamente por los propietarios comunes, sino por inversionistas institucionales encargados de la administración de dicha propiedad común. Según los autores, esta condición tornaría la creación, transmisión y promoción de los distintos tipos de estrategias más compleja y probablemente inviable.  Sumado a ello, la participación de los inversionistas institucionales diluiría los incentivos hacia la promoción de estrategias competitivas (el beneficio obtenido por el inversionista institucional en el marco de una estrategia anticompetitiva correspondería a una porción del obtenido por el propietario común). Por último, también de acuerdo con los autores, los inversionistas institucionales incorporarían dentro de los costos de su decisión el riesgo de ser sancionados por la autoridad de competencia o el daño reputacional.

Para concluir, los autores no niegan la importancia de la evidencia empírica encontrada por Azar, Schmalz y Tecu (2014) en lo que concierne al mecanismo micro pasivo con efectos positivos en el valor de las firmas con propiedad común. Sin embargo, llaman a la cautela ante las iniciativas tendientes a implementar políticas comunes para todos los tipos de inversionistas institucionales. Para los autores, la propiedad común y su administración por parte de inversionistas institucionales podría estar generando efectos pro competitivos en los mercados y estar sirviendo de moderadorea de las decisiones en firmas con accionistas con mayores niveles de concentración de la propiedad accionaria. En lo que respecta a América Latina, valdría la pena incorporar el estudio de los efectos de la propiedad común al analizar los impactos de las integraciones empresariales en los mercados.