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5° Coloquio Foro Competencia

6 junio, 2011

La 5° edición del Coloquio Foro Competencia se celebrará el viernes 14 de octubre de 2011 en el Sheraton Hotel de Pilar, Buenos Aires, Argentina.

Este año el Coloquio coincide con los 10 años de ForoCompetencia, aniversario que se celebrará el jueves 13 en el cocktail de bienvenida.

El programa de este año se centrará en los siguientes temas:

                Panel 1 – Competencia y propiedad intelectual

                Panel 2 – Políticas de descuentos de precios

                Panel 3 – Intercambio de información entre competidores

                Panel 4 – Fusiones verticales

Para mayor información, por favor contactarse con Marina Bidart (marina.bidart@gmail.como al 54 11 6804 6362).

Acuerdos restrictivos de la competencia en procesos de contratación pública tipificados como delito en Colombia

3 junio, 2011

El pasado jueves, 1 de Junio, el Senado de Colombia aprobó en sesión plenaria el denominado “Estatuto Anticorrupción“. Como comenté en la entrada anterior, el “Estatuto Anticorrupción” incluye una nuevo tipo penal que sanciona la colusión en licitaciones públicas. El nuevo delito, finalmente denominado “acuerdos restrictivos de la competencia” y no “fraude en licitación pública”, quedó tipificado en los siguientes términos:

“Artículo 27. Acuerdos restrictivos de la competencia. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410 A, el cual quedará así:

El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

Parágrafo. El que en su condición de delator o clemente mediante resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años.”

El texto conciliado del proyecto de ley aprobado por el Congreso fue remitido a la Presidencia para sanción. Una vez el texto sea sancionado por el señor Presidente Santos, promulgado y publicado se convertirá en ley de la República.  Así las cosas, en los próximos días Colombia será junto con Brasil, una de las dos jurisdicciones en América Latina que sanciona penalmente determinados tipos de acuerdos restrictivos de la competencia. Que sea bueno o malo, aún está por verse y como comentaba en la  entrada anterior, se generan bastantes preguntas en torno a esta nueva característica del sistema de protección de la competencia Colombiano.

La colusión en licitaciones públicas sería tipificada como delito en Colombia

8 mayo, 2011

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó en último debate, el pasado miércoles 4 de Mayo, el Estatuto Anticorrupción (ver nota de prensa acá y palabras del señor Presidente J. M. Santos acá). Dentro de los 140 artículos que contiene el Estatuto se aprobó una disposición que sanciona penalmente la colusión en licitaciones públicas. Inicialmente el tipo penal había sido bautizado “acuerdos restrictivos de la competencia“. Sin embargo, por iniciativa de los congresistas que hicieron parte de la comisión accidental para el estudio de proposiciones el nombre fue modificado por el de “fraude en licitación pública” .

A continuación transcribo el artículo 31 del Estatuto en el tenor aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes:

“ARTÍCULO 31. Fraude en licitación publica . La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410 A, el cual quedará así:

El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

Parágrafo.  El que en su condición de delator o clemente mediante resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años. “

Es preciso advertir que antes de convertirse en ley, el texto del Proyecto de Ley No 142 de 2010 Senado – 174 de 2010 Cámara  (“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”) debe ser revisado por las Comisiones de Conciliación de la Cámara de Representantes y del Senado y luego ser sancionado por el Presidente de la República.

Ahora pongamos el asunto en contexto, primero el político y luego en materia de políticas de libre competencia.

Quienes hagan un seguimiento de las noticias en Colombia de los últimos meses podrán darse cuenta que la palabra “corrupción” aparece en “cantidades navegables” en los medios de comunicación. Se trata de una asunto que actualmente recibe una gran atención por la sociedad y que conmueve a la clase política. Diferentes casos de corrupción ligados a proyectos públicos de construcción de infraestructura y de prestación de servicios básicos (salud) son investigados por los entes de control. Varios ex-congresistas, funcionarios públicos y contratistas del Estado están en la cárcel y otras figuras públicas están en la mira de la justicia penal.

En recientes declaraciones el señor presidente Santos (ver acá) comparaba la situación vivida en Colombia como la de un cuerpo al que se la han “tapado las venas y está a punto de tener un infarto”. El presidente de Colombia fue más allá y anunció que seguramente habrá más escándalos y denuncias debido a la acción de los organismos de control. El Estatuto Anticorrupción hace parte de lo que el Presidente describe como un proceso doloroso que permitirá “destapar las venas” del país. El proyecto de ley aprobado la semana pasada es una iniciativa del Gobierno del Presidente Santos y es una de sus promesas de campaña.

En medio de la “tormenta política” desatada por los múltiples y millonarios escándalos de corrupción es preciso recordar que la magnitud del problema ya había sido denunciado hace más de un año. En una entrevista, publicada el 9 de Enero de 2010,  el entonces “Zar Anticorrupción”, Óscar Ortiz, calculaba que los sobornos pagados en el año 2009 llegaban a casi cuatro billones de pesos Colombianos, una suma mayor al total de la inversión extranjera recibida por el país en el 2007. Así lo explicó en esa ocasión el “Zar Anticorrupción”:

“Para cuantificar, hicimos una aproximación a partir de una investigación realizada por la Universidad Externado y Transparencia por Colombia, y encontramos que el promedio de un soborno para acceder a la contratación pública es del 12,9 por ciento. Aplicamos ese porcentaje al Presupuesto de Inversión de la Nación del 2009, que fue de 30 billones de pesos, y el resultado fue de 3,9 billones de pesos.”

Al revisar los modalidades como opera la corrupción en Colombia, llegamos al punto donde entra a jugar el derecho y las políticas de libre competencia. A parte de los típicos sobornos, una de las modalidades de corrupción identificadas por el entonces “Zar Anticorrupción” tiene claros visos de cartelización, más precisamente, de colusión en licitaciones públicas. En la entrevista citada, el funcionario explicó el modus operandi en los siguientes términos:

“P./ ¿Y cuáles son las modalidades del soborno?

R./ Primera: el funcionario pide dinero y lo dan porque creen que solamente a través de esa vía obtendrá la contratación. Segunda: el contratista ofrece el soborno y el servidor público lo acepta. Tercera: fenómenos de corrupción del sector privado en negocios con el Estado, en donde este último no participa. Por ejemplo, el caso de la licitación del Ministerio del Interior y de la Justicia para la seguridad tecnológica en las cárceles, en la cual se presentaron tres propuestas. Dos de los oferentes se pusieron de acuerdo para inhabilitar al tercero.

P./ ¿Eso cómo opera?

R./ Se presentaron tres oferentes. Uno de ellos fingió tener dentro de su unión temporal miembros de otra oferta, lo que inducía a aplicar una causal de rechazo de esas dos propuestas. Automáticamente sólo quedó uno habilitado. Y todo lo hicieron de común acuerdo. Ese caso está pendiente de fallo en la Corte Constitucional. Puede ser una sentencia ejemplar en la lucha contra la corrupción.

(…)

P./ ¿Qué otras modalidades de corrupción ha identificado?

R./ En el Invías, en la contratación para el mantenimiento y la construcción de una carretera en la Circunvalar del Galeras, en Nariño, que vale 5.100 millones de pesos, se presentaron seis oferentes y uno no quedó clasificado; de los cinco, el día de la adjudicación, cuatro de ellos presentaron en común una serie de elementos muy sospechosos.

P./ ¿Qué descubrieron?

R./ Encontramos cartas con el mismo texto, la misma sangría, la misma letra, etc., cuando deberían ser distintas, por ser independientes. Compraron las pólizas en la misma empresa, el mismo día, en la misma oficina y tienen números consecutivos; las versiones digitales de las propuestas presentadas registran pocos minutos de diferencia entre el momento de creación entre ellas, los momentos de modificación y los de cierre; el índice es calcado: todos usan seis dígitos, el mismo diseño, el mismo tipo de letra. Lo paradójico, es una eventual demanda por parte los potenciales adjudicatarios tramposos.”

Asimismo, en entrevista publicada el día de ayer en la revista SEMANA, el actual Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, aseguró lo siguiente:

“SEMANA: ¿Está usted tan sorprendido como todos los colombianos con la corrupción?

José Miguel de la Calle: Totalmente, y ahora que tengo la responsabilidad de investigar la colusión en las licitaciones estoy más aterrado.

SEMANA: ¿Qué es la colusión? 

J.M.C: En palabras sencillas, es cuando se amañan las licitaciones. A pesar de que en este país uno como ciudadano se acostumbra a los titulares sobre corrupción, nunca me imaginé que el mundo de la contratación fuera tan escandaloso.

SEMANA: ¿Cómo funciona? 

J.M.C.: Ocurre con frecuencia cuando personas o empresas que participan en una licitación o contratación se ponen de acuerdo para manipular o amañar el resultado a través de acuerdos de precios, propuestas técnicas o geográficas, y así excluir a otro competidor.

SEMANA: ¿A quiénes están investigando? 

J.M.C.: Tenemos abiertas más de treinta investigaciones por colusión. De esas, hay seis formales que se habrían presentado en la adecuación y la dotación de salas de audiencias para el sistema penal, para la provisión de equipos de seguridad para diez cárceles, al igual que en alimentación, y en el suministro de la Bienestarina en el ICBF, entre otras.”

Así pues, queda claro el papel que parece tener la cartelización en los casos de corrupción dentro los procesos de licitación pública en Colombia. Para responder a dicho fenómeno, ya hemos visto que en materia de libre competencia, el Gobierno ha tomado la decisión de criminalizar dichas conductas anticompetitivas. Una vez el Estatuto Anticorrupción se convierta en ley, Colombia será junto con Brasil (desde 1990) uno de los dos países que establecen sanciones penales a ciertas conductas anticompetitivas. Es preciso recordar que mientras la criminalización de los ilítcitos anticompetitivos es la regla general en Norte América y en Europa, en América Latina la tendencia ha sido la opuesta. Chile abolió las sanciones penales en el 2003 y aunque la mayoría de Códigos Penales de Centro América -por ejemplo- tipifican conductas que pueden ser categorizadas como “antimonopólicas” lo cierto es que prácticamente son”letra muerta”.

El 2011 puede ser el año del viraje en América Latina de convertirse en ley  al Estatuto Anticorrupción Colombiano y  la iniciativa que actualmente estudia el Congreso de México (ver notas anteriores acá, acá, y acá). La pregunta que debemos hacernos a renglón seguido, es si la penalización de los acuerdos colusivos en procesos de licitación pública le permitirá al Estado combatir y prevenir efectivamente esas conductas. Hace muchos siglos uno de lo grandes del derecho penal, Cesare Beccaria, dejó claro que antes que el tipo de sanción, un potencial criminal será disuadido de violar la ley si percibe una alta probabilidad de ser detectado. Luego una alta capacidad estatal para investigar y adelantar los procesos sancionatorios puede tener una incidencia sobre la conducta de las personas que puede ser más poderosa que la promesa no creíble de altas penalizaciones.

Sobre este último tema, hace poco estuve leyendo una borrador de un texto que presentará Javier Tapia (FNE Chile) en la Sexta Conferencia de ASCOLA (Londres, 1 y 2 de Julio) en el cual reflexiona sobre la capacidad disuasoria de las sanciones penales en el contexto Latinoamericano. En el texto Javier plantea que una de los aspectos que merece especial consideración es el institucional. ¿Están preparados nuestros jueces penales para aplicar la normativa de libre competencia? ¿Qué consecuencias tiene la inclusión de un nuevo actor, la jurisdicción penal,  sobre la autoridad de competencia?

Concuerdo plenamente con Javier, hay que revisar de qué es capaz el Estado antes de crear nuevas funciones a instituciones que podrían no estar preparadas para ejercerlas. En ese sentido respecto de cualquier autoridad de la competencia o entidad encargada de aplicar la normativa de protección de la competencia, valdría la pena preguntarse:

1) ¿Qué tantos recursos tiene la autoridad? ¿Son suficientes bajo estándares internacionales?

2) ¿Cuántos empleados tienen nuestras autoridades? ¿Son suficientes bajo estándares internacionales?

3) ¿Qué tan cualificados y especializados son dichos funcionarios? Especialmente respecto de aquellos que toman la decisión, ¿qué cualificación tienen?

4) ¿Qué herramientas tiene la autoridad? Como ocurren en Brasil, ¿puede solicitar interceptaciones telefónicas? ¿Puede hacer allanamientos antes y durante el proceso formal? En Colombia por ejemplo, uno de los hechos notorios de los últimos cinco años es que la mayoría de los casos sobre carteles están soportados en correos electrónicos encontrados en las inspecciones administrativas adelantadas por la Superintendencia. En ese sentido, tengo entendido que la autoridad ha invertido dinero en técnicos, software y hardware para revisar computadores en empresas.

5) ¿El diseño institucional es apropiado? O por el contrario,  ¿hace los procesos lentos? ¿es proclive a las injerencias políticas que impiden el avance de investigaciones o que permiten que algunos carteles salgan impunemente?

La relevancia del tema institucional nos lleva a reflexionar sobre cuál es la trayectoria de la autoridad de competencia de Colombia en materia de colusión en licitaciones públicas. En la primera década de este siglo, el saldo que arroja consiste en el adelantamiento de algunas investigaciones (no tantas la verdad), pocas sanciones y sanciones a peces muy pequeños. Recientemente, la autoridad ha dado un viraje y ha incrementado el ejercicio de sus funciones coercitivas y no coercitivas en esta materia. En cuanto al segundo tipo de medidas adoptadas por la autoridad, está la “Guía práctica para combatir la colusión en las licitaciones” publicada en Diciembre del 2010  (ver reseña acá). Así las cosas, la autoridad Colombiana ha ejercitado la denominada “abogacía de la competencia” con la publicación de tales guías y con su presentación en conferencias en diferentes escenarios (ver nota de la oficina de prensa acá).

Ahora, todo indica que la Superintendencia apunta hacia el camino de educar con garrote y no solo con zanahoria. La autoridad parece seguir la opinión de la ex-directora del CADE de Brasil, la doctora Elizabeth Farina, en cuanto a que para educar a las personas sobre protección de la competencia una sanción vale por mil conferencias. No de otra manera se puede interpretar los avances de la Unidad Especializada para la Colusión en la Contratación Pública (“unidad de trabajo conformada en el mes de Noviembre de 2010 al interior de la Delegatura para la Protección de la Competencia”). Según lo anunciado por el Superintendente en reciente Foro que tuvo lugar en Bogotá el trabajo de dicha Unidad se tradujo en la apertura de seis investigaciones formales por supuestas cartelizaciones en procesos de licitación. Así quedó plasmado en un reciente comunicado de prensa de la autoridad:

“Al respecto, se destaca que a la fecha  están en curso más de 30 averiguaciones preliminares de carácter reservado en los sectores de infraestructura, movilidad, bienestar social, seguridad y salud.

Hasta el momento éstas averiguaciones se han traducido en la apertura de 6 investigaciones administrativas, número que se estima aumentará de forma importante en los próximos meses, dado el ritmo de las averiguaciones y la nueva información que se está recibiendo como parte del material probatorio.

Las seis investigaciones abiertas a la fecha se relacionan con l. el proceso de licitación pública en para el desarrollo de las obras necesarias para la adecuación y dotación de las salas de audiencia para el sistema penal acusatorio en los Distritos Judiciales de Riohacha, Valledupar, Barranquilla, Santa Marta, Yopal, Cartagena, Quibdó y Arauca, así como las interventorías técnicas y administrativas para tales obras, desarrollado por el Consejo Superior de la Judicatura; ll. el proceso de licitación pública para la provisión de equipos de seguridad carcelaria, en diez establecimientos penitenciarios del país, denunciado por el Ministerio del Interior y de Justicia; lll. el proceso de licitación pública para la reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de un conjunto de vías en el departamento del Meta, denunciado por FONADE, lV. el proceso de licitación pública para la provisión e interventoría de  Bienestarina  del  ICBF ;  V.  el proceso de licitación pública para la provisión de raciones alimentarias en los establecimientos carcelarios del país, denunciado por el INPEC; y VI. el proceso de licitación pública para el mejoramiento de la infraestructura física de la Gobernación de Arauca.

La actuación de la SIC en este campo no tiene precedentes si se considera que anteriormente se registraban un promedio de 2 investigaciones formales al año.

Inmediatamente se tomó la decisión de apertura de las primeras investigaciones por parte de la Delegatura de Protección a la Competencia y, considerando que algunas de ellas tienen relación con empresas o integrantes del llamado “Grupo Nule”, el Superintendente de Industria y Comercio tomó la decisión de apartarse del conocimiento de estos y otros casos futuros que puedan abrirse frente a dicho Grupo, en consideración de que la firma de abogados de la hizo parte en el pasado prestó asesoría jurídica a algunas de las empresas del referido Grupo,  aun cuando dicha asesoría no tiene relación directa con los asuntos objeto de investigación. Para tal efecto, el Doctor De La Calle solicitó al Señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo la designación de un funcionario ajeno a la Superintendencia y del mismo rango.

El trámite de las investigaciones le competen exclusivamente al Delegado de Protección a la Competencia. No obstante, el Superintendente prefirió apartarse desde ahora del conocimiento de estos asuntos, en aras de dar la mayor transparencia  al proceso y teniendo en cuenta que en el curso de dichos procesos eventualmente se pueden hacer solicitudes de Garantías, aspecto atribuido legalmente al fuero del Superintendente.” (negrillas fuera de texto)

En conclusión, antes de celebrar la tipificación de los acuerdos restrictivos de la competencia en el marco de procesos licitatorios, es preciso hacernos otras preguntas. Por una parte, si la jurisdicción penal Colombiana estaría en capacidad de aplicar dicha normativa. Por otra parte, si el  ímpetu que muestra  la autoridad de competencia para investigar dichas conductas se traducirá en resultados y cómo puede fortalecerse aún más su capacidad institucional. La función aleccionadora de la sanción es clave para disuadir a quienes, como se oye en esquinas de las ciudades y los pueblos de Colombia, “se están robando el país”. Para terminar, me tomo el atrevimiento de hacerle eco a la respuesta del señor Superintendente de Industria y Comercio sobre cómo combatir la corrupción:

SEMANA: ¿Cómo se puede acabar la corrupción? 

J.M.C.: Es una tarea titánica. Pero diría cuatro cosas: la primera, reglas claras; la segunda, organismos de control fuertes; la tercera, una justicia que actúe y castigue, y la cuarta, funcionarios honestos y con carácter.”

Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual No. 11

6 mayo, 2011

Abajo encontrarán la información sobre el último número de la Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual editada por Gonzalo Ruiz del INDECOPI.

“Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual

Contenido                               Año 6 – Número 11 – Primavera 2010

ARTÍCULOS

 Marco Antonio Villota Cerna, “Avances y orientaciones del nuevo Código de Defensa y Protección al Consumidor”,

 Eduardo Morón, Johanna Tejada y Alonso Villacorta, “Competencia y concentración en el sistema financiero en el Perú”

 Diego Petrecolla y Carlos A. Romero, “El control de concentraciones en el sector de generación eléctrica”

 Raul García, Tatiana Nario y Christian Flores A., “Relaciones entre los mercados spot y de futuros: el caso del sector eléctrico”

 CASOS Y METODOLOGIAS

 Cesar Higa Silva, “Metodología para el análisis, evaluación y comparación de las explicaciones en un caso en disputa”

 Jose Reátegui, “Servicio de transporte fluvial en la región Loreto: entre Escila y Caribdis”

 RESEÑAS

 Xiaochen Wu (2009), “Antidumping law and practice of China” (revisado por Maria Antonieta Merino)

 El enlace electrónico de la Revista es: http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articuloActual.jsp

 Saludos cordiales

 Gonzalo Ruiz”

Reunión CEDEC: “Precedente Administrativo y Doctrina Probable en la ley 1340 de 2009”

4 mayo, 2011

La próxima reunión del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia (CEDEC) de la U. Javeriana (Colombia) tendrá lugar el 13 de Mayo y versará sobre el “Precedente Administrativo y Doctrina Probable en la ley 1340 de 2009”. Además de ser un tema muy pertinente para consultores, litigantes y  funcionarios de la autoridad de competencia, resalto que el expositor es uno de los mejores abogados en derecho comercial y derecho administrativo en Colombia. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años con Andrés Jaramillo Hoyos, socio de la firma Esguerra Barrera Arriaga, y es uno de los abogados más agudos que he conocido en mi vida. De modo que no me caba duda de que llegará con ideas interesantes y no dudo en recomendar la asistencia al evento.

Abajo la invitación del CEDEC que contiene la información detallada sobre el evento.

“Estimados(as) señores(as):

El Centro de Estudios de Derecho de la Competencia –CEDEC- tiene el gusto de invitarles el viernes trece (13) de mayo de 2011 a la reunión mensual de nuestro Centro , la cual será dirigida por el Dr Andrés Jaramillo Hoyos. El conferencista realizará una presentación titulada “El precedente administrativo y la doctrina probable en la ley 1340 de 2009”.

El Dr. Andrés Jaramillo es Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en derecho de los negocios de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Jaramillo es uno de los litigantes más reconocidos del país en materia de Libre Competencia, Competencia Desleal y Protección al Consumidor, quien durante los últimos 20 años ha participado en los principales casos que se ha ventilado en Colombia. Su ejercicio profesional se ha extendido a los campos de derecho comercial y contratación administrativa, brindando asesoría en los litigios ante la jurisdicción del Estado.

Fue abogado analista en la elaboración de la publicación “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, “Código Contencioso Administrativo” y los “Anuarios de Contratos” de 1995 y 1996 (Derecho Vigente Ltda).Actualmente es Socio de la firma Esguerra Barrera Arriaga.

La reunión se llevará a cabo en Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, ubicado en la Carrera 7 # 39-08 costado oriental a las 7:05 de la mañana.

Para mayor información y para confirmar su asistencia
puede contactarnos por medio de nuestro correo electrónico:
cedec@cable.net.co.

Cordialmente,

Victor Ayalde Lemos
Coordinador”

Call For Grant Proposals – IIPC Competition 2011: Innovation, Intellectual Property and Competition Policy

4 mayo, 2011

“Call For Grant Proposals
IIPC Competition 2011: Innovation, Intellectual Property and Competition Policy

TILEC – Tilburg Law and Economics Center – announces the 2011 TILEC IIPC grant competition. The TILEC IIPC grant competition provides funding for up to three scientists (or teams of scientists) in the amount of EUR 15,000 each to conduct legal and economic research on the interplay between innovation, intellectual property rights and competition policy. Funded projects will generate papers that will be presented at a workshop on the issue, which will take place in Tilburg before the summer of 2012.

The goals of the TILEC IIPC grant are to bring together scholars in the fields of law and of economics to generate new, scientific, policy-relevant findings related to innovation, intellectual property rights and competition policy, and to facilitate future collaborations.

ELIGIBILITY: Applicants must hold a doctorate from a recognized educational institution and have an appointment as member of the faculty, researcher, or main investigator in an active research institution.

CRITERIA: Proposals will be chosen on the basis of:
(i) their relevance to TILEC’s research program for 2007-2011, in particular Section 2.2.2 (‘Competition policy and Regulation’);
(ii) scientific significance;
(iii) feasibility;
(iv) strength of research design;
(v) societal significance.

Proposals that draw on both economic and legal scholarships, or that are jointly submitted by one (or several) legal scholar(s) and one (or several) economist(s), will receive special attention.

FUNDING: Two thirds of the grant will be paid in September 2011, the remaining third being disbursed after presentation of a satisfactory paper at the abovementioned workshop and delivery of the final version. Reimbursement of the expenses associated to the workshop will come in addition to the grant.

APPLICATION PROCEDURE: To apply for funding, please submit a 2000- to 3000-word proposal that describes:
(i) the specific aims of the research;
(ii) preliminary studies or findings;
(iii) the methods or techniques to be applied;
(iv) the way in which the research fulfils the criteria listed above.

A CV of the researchers involved in the project should accompany the proposal.

APPLICATION PROCEDURE: Applicants may send an electronic version of their proposal (pdf only) to: CallforPapers@uvt.nl until 1 June 2011, indicating “TILEC IIPC grant proposal” in the subject field of the message.

A selection committee will assess the proposals. Its decisions are to be known by 20 June 2011. The main investigator of each selected proposal will be asked to enter into a formal agreement regarding the delivery of the paper and the participation to the abovementioned workshop.

FURTHER INFORMATION: For further information about the competition, please send a request to: CallforPapers@uvt.nl

For more information about TILEC, please visit the TILEC website. Applicants are also encouraged to consult TILEC’s research program website:
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tilec/opportunities/funding-and-grants/archive-2008/

The TILEC IIPC grant competition is part of a research program at TILEC on Competition Law, Intellectual Property Law and Innovation sponsored by Qualcomm Inc”

Curso Defensa de la Competencia, Universidad Torcuato Di Tella

27 abril, 2011

El profesor Marcelo Celani, de la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina), amablemente me ha enviado información sobre el “Programa Avanzado en Defensa de la Competencia”, cuya versión “part-time” iniciará el Viernes 6 de Mayo. El curso será impartido por el profesor Celani y por el Dr. Diego Petrecolla. Una versión intensiva del programa, tendrá lugar en el mes de Julio. A quienes tengan interés, se pueden comunicar con el profesor Celani al siguiente correo: mcelani@utdt.edu.

El brochure con la información completa del programa, pueden descargarlo acá. Abajo transcribo algunos detalles sobre el programa explicados por el profesor Celani.

“Es un curso general de antitrust. No es inicial, porque no vamos a perder tiempo hablando de principios que todo el mundo conoce sino que a la gente le vamos a dar herramientas conceptuales “duras”, es decir vamos a ir al fondo de la cuestión, desde una perspectiva económica. El público al que apuntamos es esencialmente abogados aunque no lo limitamos a ellos. Hay algunos economistas anotados, también.
El curso part time tiene la estructura temática que sigue. El full time de Julio sigue esta lógica pero tendrá más contenidos aplicados o ejemplos a telecom dado que se están inscribiendo más personas que provienen de allí; Pero seguirá siendo un curso de antitrust general.
Clase Temática gral. Tema
 1  Fundamentos de economía aplicada a la regulación Escasez, oferta y demanda. Excedentes. Eficiencia. Costos. Elasticidad.
 2  Fundamentos de economía aplicada a la regulación Escasez, oferta y demanda. Excedentes. Eficiencia. Costos. Elasticidad.
 3  Fundamentos de economía aplicada a la regulación  Mercados. Estructuras básicas.
 4 Mercados relevantes Definición de mercados relevantes / poder de mercado. Barreras a la entrada
 5  Prácticas exclusorias. Definición de exclusión. Precios predatorios.
 6  Prácticas de precios Pinzamiento de márgenes
 7  Prácticas de precios Discriminación de precios / bundling/ tying
 8  Prácticas de precios Descuentos y devoluciones.
 9  Fusiones y adquisiciones. Fusiones verticales y horizontales.
 10  Problemas en la cadena de valor y en la distribución minorista Poder de mercado en distribución: restricciones verticales que involucran a los precios (Precios máximos, mínimos, sugeridos;
 11  Problemas en la cadena de valor y en la distribución minorista Restricciones verticales que no involucran el precio (franquicias, exclusividades en general)
 12  Problemas en la cadena de valor y en la distribución minorista Franquicias, territorios exclusivos, excusividades en general, rpm,
 13  Fusiones y adquisiciones. Ganancias de eficiencia.
 14 Colusión Colusión / paralelismo conciente / información compartida
 15  Colusión Prácticas que facilitan la colusión.
El curso originalmente tiene un costo de us$ 2000. Por supuesto que hay descuento para inscripciones grupales: 2 personas, 10%; 3 personas, 15%; 4 o más personas 20% de descuento.”
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