Por muchas décadas la norma fundamental sobre el control previo de las concentraciones empresariales en Colombia fue el artículo 4 de la Ley 155 de 1959, que fue reglamentado por el Decreto 1302 de 1964. El artículo 4 definía qué operaciones debían considerarse como concentraciones empresariales, cuáles debían ser informadas a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), cuál era el estándar de prohibición que debía aplicar la SIC en su evaluación de las concentraciones y cómo debía adelantarse el procedimiento de control previo. Posteriormente la Ley 155 de 1959 fue complementada por el Decreto 2153 de 1992 que establecía facultades de la SIC para ejercer el control previo de las concentraciones y algunas reglas sustanciales contenidas en los artículos 45 y 51.
En los últimos cuatro años las normas colombianas sobre esta materia han sido modificadas sustancialmente. Recientemente, la Ley 1340 de 2009 incluyó varios artículos sobre concentraciones empresariales, la mayoría de ellas contenidas en el Título II de la norma, titulado «Integraciones Empresariales». Entre otros, dicha ley subrogó el artículo 4 de la Ley 155 de 1959 y reguló de manera detallada el procedimiento del control previo (derogando tácitamente lo dispuesto por los artículos 6 a 11 del Decreto 1302 de 1964).
Adicionalmente, a partir del año 2009 fueron expedidos varios decretos que modificaron el Decreto 2153 de 1992 en relación con la estructura de la SIC y las respectivas funciones atribuidas a la autoridad y sus dependencias. El primero fue el Decreto 3523 de 2009 que a luego fue modificado por el Decreto 1687 de 2010. Dichos decretos tuvieron una vigencia corta, pues fueron derogados por el Decreto 4886 de 2011 que es la norma vigente. Por último, a comienzos del año 2012 fue expedido el Decreto 019 de 2012, conocido como «ley antitrámites», que modificó varios artículos del Decreto 2153 de 1992 y de la Ley 1340 de 2009. Las modificaciones se concentraron en las reglas sobre procedimiento para las actuaciones relacionadas con las normas de protección a la competencia (aunque la mayoría de las nuevas reglas se enfocan en los procesos por presuntas prácticas restrictivas de la competencia).
Finalmente, para instruir a las personas sujetas a estas disposiciones la SIC expidió la Resolución 12193 de 2013 mediante la cual «se señala el procedimiento para la autorización de las operaciones de integración empresarial y se adoptan unas guías.»
De la evolución normativa sobre el control de las concentraciones empresariales nos queda una regulación muy completa pero también muy dispersa. Esta dispersión normativa nos llevó a Alfonso Miranda, Natalia Barrera y a mi a incluir en nuestro libro «El Control de las Concentraciones Empresariales en Colombia» un capítulo sobre la «evolución normativa» en esta materia, que además expone cuáles normas están vigentes.
Para responder la pregunta planteada en el título de esta entrada y darles otra razón más para incluir nuestro libro en la lista de regalos para esta Navidad, a continuación relaciono las normas vigentes que regulan el control de las concentraciones empresariales en Colombia:
Normas básicas del control de las concentraciones:
- Artículo 4.
- Artículo 5.
- Artículo 333
- Artículo 2, numeral 1.
- Artículo 4, numerales 15 y 16.
- Artículo 44.
- Artículo 45, numerales 4 y 5.
- Artículo 46.
- Artículo 51.
- Artículo 52.
- Artículo 54.
- Artículos 2-4.
- Artículo 6.
- Artículos 8-13.
- Artículo 17.
- Artículo 20.
- Artículos 22-28.
- Artículo 1, numerales 2-7 y 11-16.
- Artículo 3, numerales 5-9, 11-12, y 15-19
- Artículo 9, numerales 2, 4, 6-10, 12, 14, 16, y 18-20.
- Artículos 155-156.
- Artículo 158.
Otras normas de aplicación general, pero pertinentes al procedimiento de control de las concentraciones:
- Artículo 25
- Artículo 172
- Artículo 260-261
- Artículos 12-14
- Artículos 19-21.
- Artículo 3.
- Artículos 26-28
- Artículo 227
- Artículos 27-28.
- Artículo 3, numerales 8 y 9
- Artículo 5, numerales 1 al 3
- Artículos 24-27. Los artículos 13 a 33 fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818/2011, pero sus efectos se difirieron hasta el 31 de diciembre de 2014 para darle al Gobierno la oportunidad de tramitar una nueva ley en el Congreso que los reemplace. En junio de este año el Congreso aprobó un proyecto de ley estatutaria que remplaza dichos artículos y que actualmente es objeto de control por la Corte Constitucional. El texto del Proyecto de Ley No. 065/13 Senado y 277/12 Cámara “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” puede descargarse acá.
- Artículo 36
- En general, artículos sobre principios de la actuación administrativa, las ritualidades que deben seguirse en dichas actuaciones, las notificaciones, la intervención de terceros, los recursos en la vía gubernativa y el control judicial de los actos administrativos por el contencioso administrativo, entre otros.
Derecho y Políticas de Libre Competencia en América Latina 