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4 Recomendaciones Estratégicas para el Consejo Directivo de ProCompetencia.

1 marzo, 2017

El pasado 22 de febrero, la Lcda. Yolanda Martínez Zarzuela, presidente del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (ProCompetencia), de la República Dominicana, compareció como oradora invitada al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMRD), para ofrecer la disertación titulada “Efectos de la Entrada en Vigencia de la Ley de Defensa a la Competencia”.

Durante su alocución, la funcionaria reveló que a la fecha, esto es, a mes y medio del nombramiento de la Directora Ejecutiva de la institución el pasado 6 de enero, y en consecuencia, de la entrada en vigencia plena de la Ley No. 42-08, el organismo no había recibido la primera denuncia por alegada violación a la Ley.

La Lcda. Martínez observó a su audiencia, principalmente integrada por representantes del sector empresarial, que el gobierno ha cumplido con el mandato legal, al poner a disposición una plataforma en provecho de todos los agentes económicos interesados. También recordó a los asistentes, entre otros aspectos, que la función investigadora de prácticas anticompetitivas corresponde a la Dirección Ejecutiva y no al consejo que preside.

La revelación de la ausencia de denuncias, compartida por la presidente del órgano regulador, debe ser señal de gran alarma para todos, pero especialmente, para los miembros del Consejo Directivo que ella encabeza.

La República Dominicana está muy lejos de tener condiciones de competencia favorables, en sus diferentes mercados, según destacara hace algunos meses el diputado Fidelio Despradel. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2016-2017, publicado por el Foro Económico Mundial, el país ocupa la posición No. 92 de 132 países evaluados, uno de los más bajos de la región latinoamericana.

Si luego de servida la plataforma y en consecuencia, puesto el órgano encargado de las investigaciones, en condiciones para ejecutar esa función, el primer trimestre transcurre tan pasivamente, el órgano del estado, a cargo de la rectoría política de competencia, es decir, el Consejo Directivo, debe actuar con extrema celeridad administrativa.

Ante esa señal, el Consejo Directivo debe prestarse a emprender -siempre en el marco de sus atribuciones- todas las gestiones necesarias, para el óptimo cumplimiento de los objetivos que le impone el Art. 17 de la Ley No. 42-08; es decir, promover y garantizar la competencia efectiva e incrementar la eficiencia. Su compromiso, no es de medios, es de resultados.

Como bien describe el citado artículo, la actuación del Consejo Directivo no se limita al examen a posteriori de los casos de denuncia, luego de ser instruida una investigación. Esa sería una mínima y pasiva visión de su rol, en la construcción de una política-pública para promover y defender la competencia.

El mandato legal le señala a ese órgano rector, una variedad de actuaciones estratégicas destinadas a impulsar con firme determinación, las metas hacia donde la estructura organizacional y presupuesto que administran van dirigidas. Justo es señalar, que durante su disertación, la Lcda. Martínez, explicó una serie de iniciativas que demuestran que se desarrolla una visión integral de la función rectora.

Sin embargo, después de años en que los diferentes sectores, sociales, académicos y empresariales hemos reclamado la instauración del régimen, era de esperarse, tal como manifestó la presidente, una inmediata reacción por parte de los agentes económicos. Pero esa reacción no ha llegado. No hay denuncias, pero las condiciones anticompetitivas abundan en nuestros mercados.

En este escenario, es del más elevado interés del Consejo Directivo, entender qué necesita acometer, para fomentar que todo proveedor, consumidor o intermediario afectado, acceda a las vías legal y administrativamente servidas.

La inacción por parte de los agentes económicos es un síntoma inequívoco de dos situaciones delicadas:

  1. Algunos sectores no les interesa demandar, sino mantener el status quo, posiblemente sujeto, en muchos casos, a condiciones abusivas, conspirativas e ilegales. Estos apostarán a defenderse, solo si alguna parte con interés legítimo, confiado en la eficacia del sistema, los demanda.
  1. Otros sectores por el contrario, consideran que las condiciones de competencia en sus respectivos mercados deben cambiar. Sin embargo, no han acudido al organismo, porque no han comprendido o confiado en las garantías del sistema recién instalado.

¿Cuál es la actuación política que debe impulsar el Consejo Directivo presidido por la Lcda. Martínez ante estas delicadas circunstancias?

Hay 4 acciones inmediatas y concretas que recomendaría al consejo, para generar certidumbre entre los administrados:

  1. Impulsar la promulgación del decreto presidencial con el Reglamento de Aplicación de la Ley. Sin conocerse el contenido definitivo de ese documento, son muchas las inquietudes procesales que circundan cualquier estrategia de demanda que esté siendo considerada por los agentes económicos en estos momentos. ProCompetencia recibió valiosos aportes provenientes de diversos sectores, que tuvo a bien publicar en su página web, para la lectura de todos. Basta con examinar estos aportes, para entender la variedad de inquietudes, sugerencias, observaciones que la pieza original generó entre los participantes de la consulta. Es más que evidente que cualquier actor prudente, esperará conocer la versión oficial y definitiva de este reglamento, antes de aventurarse a someter una denuncia.
  1. El pasado mes de agosto, durante la administración de la Lcda. Michelle Cohén fueron publicados y circulados, un conjunto de guías consultivas sobre diferentes temas relacionadas con la aplicación de la Ley No. 42-08. En buena medida, el contenido de las guías, seguía las recomendaciones de actuación de la OCDE a los organismos reguladores de la competencia. Similares guías son publicadas por instancias homólogas en la región. Ha llamado la atención reciente de empresarios y colegas, que tales guías han sido retiradas de la página web de ProCompetencia. Se ignora si están siendo sujetas de algún tipo de revisión. En todo caso, exhortamos al consejo, a volver a ofrecer estos lineamientos. Todos los organismos de competencia alrededor del mundo publican este tipo de piezas consultivas, que resultan altamente beneficiosos para generar certidumbre tanto a partes denunciantes, como a empresas denunciadas, sin comprometer la opinión oficial. En el caso dominicano, donde existe tan poca experiencia en estos procesos, las guías son una fuente de consulta muy útil.
  1. También, recomendamos al Consejo Directivo, publicar sus objetivos estratégicos. Esto no implica revelar ni transgredir las atribuciones de la Dirección Ejecutiva. Las tareas del consejo en materia de abogacía de la competencia son inmensas. Conocer su agenda de trabajo en esa atribución sería un sano ejercicio de buena Administración Pública y transparencia.
  1. Finalmente, exhortamos con mucho respeto a la Lcda. Martínez, a expresar sin temor de invadir atribuciones congresuales, su criterio politécnico sobre la designación pendiente ante el Senado de la República, de las ternas remitidas por el Presidente Medina, para sustituir a los directivos vacantes. El silencio del Senado, es una señal inquietante e íntimamente relacionada, con el silencio como respuesta, que han expresado por los sectores, al no denunciar casos ante el organismo. El temor de una captura por sectores influyentes en el consejo es causa raíz del freno actual. El Consejo Directivo, presidido por la Lcda. Martínez, es el centinela de una política pública transparente y legítima, en todo lo que guarda relación con la eficacia de la Ley No. 42-08.

Si 2017 transcurre y República Dominicana mantiene indicadores bajos en sus condiciones de competencia efectiva en beneficio del bienestar colectivo, será al Consejo Directivo a quien la sociedad juzgará, no al Senado o al Presidente Medina.

Todos hemos luchado mucho para llegar hasta aquí. Exhortamos al Consejo Directivo de ProCompetencia dar la milla extra impulsando medidas como las contenidas  en las recomendaciones sugeridas.

Los cinco artículos más leídos en 2016 en lalibrecompetencia.com

27 febrero, 2017

El pasado 11 de febrero el blog lalibrecompetencia.com cumplió siete años de haber sido lanzado (dos años antes operaba a través de un dominio en blogspot) y algunos días después llegamos a 500 publicaciones. Ha sido un gran esfuerzo de un grupo de profesionales, abogados y economistas, de diferentes países de América Latina que día a día le toman el pulso al derecho y las políticas de competencia de la región.

El año pasado el blog recibió 24,602 visitantes y la gran mayoría de las visitas llegaron de Colombia, Perú, México, Estados Unidos, España, Chile, Ecuador, Guatemala, Argentina y el Reino Unido. ¿Qué artículos son los que más interesan a los visitantes del blog? Para celebrar los siete años del blog comparto con ustedes el listado de los cinco textos más leídos en el 2016:

  1. El derecho a la libre competencia económica según la Corte Constitucional de Colombia.
  2. La colusión en licitaciones públicas sería tipificada como delito en Colombia yAcuerdos restrictivos de la competencia en procesos de contratación pública tipificados como delito en Colombia.
  3. Para los que aún no se han desayunado: el proceso jurisdiccional por competencia desleal ante la SIC será verbal.
  4. Nueva ley de competencia en Panamá.
  5. Nueva ley de competencia en Perú.

Como se aprecia en la lista, la mayoría de los artículos se refiere a noticias sobre reformas legislativas. Además, los artículos más leídos no fueron publicados en el 2016, sino que corresponden a textos publicados en años anteriores. Por ejemplo, el artículo sobre el concepto de “libre competencia económica” en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana fue publicado a mediados de 2013 y desde el 2014 en adelante ha sido el artículo más leído en el blog.

En los últimos años el blog ha logrado incorporar a entusiastas autores de América Central y el Caribe. Por eso esperamos que el tráfico de la región aumente y que en el 2017  loa artículos de nuestros colegas Centro-americanos y del Caribe aparezcan en el top-5 del blog.

Próximo miércoles 22 de febrero – “Delación en Colombia: primeras experiencias”

20 febrero, 2017

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Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo

20 febrero, 2017

Una buena iniciativa de la autoriadad de competencia Mexicana que compartió Camilo Pabón Almanza en su blog Competencia y Consumo.

Competencia & Consumo

El obstáculo regulatorio más absurdo:

En una innovadora estrategia para identificar regulaciones que afecten la libre competencia, la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Nacional del Emprendedor y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) convocan al Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender.

“Este tiene como objetivo difundir la importancia de contar con marcos normativos que
no limiten de manera injustificada la competencia ni el emprendimiento, así como identificar este tipo de obstáculos regulatorios con miras a proponer su eliminación.”

Podrán participar hasta el próximo 28 de febrero de 2017, personas físicas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad que registren un obstáculo regulatorio para competir y emprender, vigente en el territorio mexicano.
El formulario para participar se encuentra disponible en https://www.cofece.mx/cofece/index.php/premios/premio-obstaculo-2016

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Charla CEDEC de febrero

7 febrero, 2017

Aprovecho para recomendarles especialmente la próxima reunión del CEDEC en Bogotá. Julio César Castañeda es un experto en la materia que siempre aporta nuevas luces cuando participa en estos espacios. Además, el título luce muy prometedor: “Zonas grises en las visitas de inspección de carácter administrativo practicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de las investigaciones por prácticas comerciales restrictivas”.

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Para comenzar con las reuniones del año 2017, el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia se complace en invitarlos a su evento del mes de febrero, en la que Julio César Castañeda Acosta realizará la presentación “Zonas grises en las visitas de inspección de carácter administrativo practicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de las investigaciones por prácticas comerciales restrictivas”.
Julio César es abogado de la Universidad Externado de Colombia y es especialista en Derecho Comercial y Relaciones Jurídico Negociables de la misma universidad y en Derecho de la Competencia Europeo y Español del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Además, cuenta con amplia experiencia en el ejercicio del derecho de la libre competencia, la cual incluye su trabajo durante más de nueve años en la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se desempeñó, entre otros, como Coordinador del Grupo de Protección de la…

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Origen de la Ley de Defensa a la Competencia de República Dominicana (2 de 2)

20 enero, 2017

En la primera entrega de este artículo, se comentaron los hechos históricos que describen el origen de la Ley General de Defensa a la Competencia, recientemente publicada luego de 20 años de discusión, resistencia y pulseo. Sin embargo, la hermenéutica, ciencia jurídica que estudia la interpretación de las leyes, recomienda no solo estudiar el origen de las leyes. Los autores explican que el ejercicio hermenéutico debe considerar el proceso mismo de formación de la ley.

Como ocurre en prácticamente todos los procesos de formación de leyes en un país enfermo por el cáncer de la corrupción, la adopción de la Ley No. 42-08, no estuvo ausente de despropósitos que desviaron su concepción de origen. La cultura de la impunidad, que no es  exclusiva del sector público, penetró el capítulo acerca de las penas.

Así, y a pesar de que en la mesa abierta por las autoridades congresuales participamos quienes entendíamos que las multas administrativas a ser dictadas por el organismo regulador, en caso de comprobada violación a la ley, debían ser fijadas sobre la base de un porcentaje de ventas logradas a partir de la práctica anticompetitiva; otros participantes en la discusión convencieron a los congresistas, con bastante facilidad, de aprobar un régimen sancionador con las multas muy poco persuasivas que actualmente rigen.

No obstante lo anterior, el régimen cuenta con las robustas facultades investigativas, persecutorias y calificativas de Pro-Competencia, así como la atribución de ordenar el cesamiento de las conductas ilegales. Además, un reforzado derecho a demandar reparación en daños y perjuicios por la vía civil y comercial, conforme la calificación técnica que resuelva Pro-Competencia en cada caso concreto. Basados en la determinación del organismo sobre el nivel de gravedad de la infracción, los tribunales civiles y comerciales actuarán en consecuencia. La responsabilidad civil “concurrencial”, es la rama privada del derecho de la competencia. Es aún más antigua que la de derecho público, y encuentra en nuestro sistema de responsabilidad civil terreno fértil para florecer, como viene ocurriendo también en otras jurisdicciones.

Finalmente, la posibilidad de perseguir penalmente a las personas físicas culpables y colaboradores de las infracciones es una valiosa reserva del origen de la defensa a la competencia, de las exquisitas mentalidades republicanas. Aquellos ilustrados congresistas, legislaron los Arts. 319 y siguientes del Código Penal en 1934. Llama la atención como lograron esa hazaña en las narices del tirano. Un pasaje más que digno de la historia del derecho de la competencia dominicano que corresponde en la actualidad atender.

Volviendo a los años previos al 2008, mal podría creerse que esa mancha en el proceso legislativo, que dejó tan precario el régimen sancionador de la Ley No. 42-08, tiene su origen en la manipulación de solo un sector, sea empresarial o político, exclusivamente. Es otro producto de la corrupción estructural, aquella que se manifiesta con la aceptación simple de la impunidad, por acción de unos y por la inacción de otros.

Las nuevas autoridades aplicarán su propia visión de política pública en defensa y promoción de la competencia. Sin dudas, tienen el control del orden público de dirección sobre el tema. Al aplicar la ley, han de tomar en cuenta las recomendaciones metodológicas de la hermenéutica; y donde estas no alcancen, por ejemplo, con las sanciones tan endebles que trae la ley, o por la ausencia de un régimen de control de fusiones y concentraciones, no incluido en la versión sometida al congreso, podrán a futuro recomendar mejorías y reformas legislativas.

Esto nos lleva al método sistemático. Es decir, el modo en que una ley se relaciona con el resto del sistema jurídico vigente. El origen sistemático de la ley de competencia, no es otro que el conjunto de las normas, principios, procedimientos y garantías constitucionales, en especial, el Art. 50 de la Constitución madre jurídica de la Ley No. 42-08, su ley adjetiva.  Y, en paralelo, los tratados internacionales que contienen disposiciones y recomendaciones sobre la libre y leal competencia, entre los que destaco: el Acuerdo General de Comercio y Servicio, (AGCS) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o ADPIC de la OMC; el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica o DR-CAFTA; y el Acuerdo de Asociación Económica o EPA. La firma y ratificación de esos tratados, así como, la participación en los años iniciales de discusión de la ley, en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), tuvieron mucho que ver con la decisión política de discutir y aprobar la pieza.

Finalmente, otra fuerte raíz de esa y cualquier otra ley nacional, que verse sobre temas que además concurren con lo civil, lo comercial, lo procesal y lo penal es el derecho común. La ley de competencia no es un esnobismo de la globalización ajeno al derecho positivo. Es una ley enraizada en los cimientos de nuestro sistema jurídico. Su remisión al derecho común, se expresa en varios de sus articulados, en aspectos que no atentan contra su carácter general de orden público.

De esos ineludibles orígenes sistemáticos es imposible que Pro-Competencia se separe sin afectar la legalidad y constitucionalidad de sus decisiones. Más bien, a partir de ellos, es que encontrará soluciones balanceadas, a efectos de superar los aspectos confusos y grises que contiene la ley, fruto de un proceso legislativo tenso y conflictivo, como se ha descrito antes. Los principios constitucionales tales como la igualdad ante la ley, la proporcionalidad, entre otros, serán de gran auxilio para el organismo vencer escollos en letra, más no el espíritu de la Ley No. 42-08; estos y aquellos facilitados por la Ley No. 107-13, le permitirán a Pro-Competencia conducir sus objetivos y los de la Constitución en dirección hacia la finalidad económica y social del Estado.

Por último, está el origen teleológico de la Ley No. 42-08, el más difícil de entender para el abogado de formación clásica. Sin embargo, Pro-Competencia cuenta con un equipo multidisciplinario en condiciones de dimensionar la normativa hasta sus consecuencias económicas.  El origen teleológico de una ley atiende a la razón detrás de la norma. En el caso de la Ley No. 42-08 es la eficiencia económica en provecho de los consumidores o del bienestar social, según indican la propia ley y la Constitución. Es el origen que obliga a fundamentar las decisiones del organismo a partir del análisis económico.

Espero que estas ideas sirvan para rescatar el verdadero y genuino origen de la Ley No. 42-08, conforme el método hermenéutico. Será cuando el organismo regulador publique sus memorias anuales, el momento para evaluar en retrospectiva, la visión política inserta en sus ejecutorias, decisiones, y reflejadas en los datos y estadísticas que estas arrojen respecto del funcionamiento de los mercados. Entonces y no ahora, será el momento para: calificar en sentido general, su debido cumplimiento al mandato legal; comprobar por donde de transita su visión de la ley; y opinar si las partidas del gasto público destinadas a mantener su presupuesto son razonables.

Por el momento, Pro-Competencia amerita ganarse el voto de confianza de la sociedad, que ha esperado paciente y atenta, dando uso y aplicación integral a todas las atribuciones a su cargo para el beneficio económico colectivo.

 

Origen de la Ley de Defensa a la Competencia de la República Dominicana (1 de 2)

17 enero, 2017

Toda ley tiene un origen. Ese origen constituye una fuente muy valiosa para su interpretación. La disciplina de la ciencias jurídicas para el estudio del origen y proceso de formación de las leyes, como método para la interpretación de su contenido, se denomina hermenéutica.

La hermenéutica es la disciplina que sirve al jurista para interpretar el origen y conformación de una ley o una norma específica. Considera varios métodos, el histórico, el sistemático y el teleológico.

Primero, veamos el origen de la Ley No. 42-08, a través del método histórico. Recordar aquello que forma parte de la historia reciente de nuestro país, en especial, al término de la era de sustitución de importaciones e inicio de la apertura comercial, momento del origen de la comentada ley.

El origen de la defensa a la competencia en la República Dominicana es aún más remoto y contiene un prestigioso abolengo político y jurídico que remite a los días en que Gregorio Luperón y Eugenio María Hostos promovían en sus ensayos, la libre empresa y comentaban la llamada “cuestión del monopolio”. Esas ideas provocaron desde el Siglo XIX, la disposición constitucional que prohíbe los monopolios. No obstante, concentro mi análisis en hechos más recientes.

La prehistoria de la Ley General de Defensa a la Competencia esto es su origen, su complejo proceso, y la puesta en vigor de apenas días, afortunadamente ha quedado muy documentada en los diarios nacionales, las revistas especializadas, tesis de grado y el testimonio de las personas e instituciones que participamos de un modo u otro en ese devenir.

El origen de la Ley No. 42-08 desde el punto de vista histórico es muy digno, y mucho me honra haber sido parte del mismo. Está además revestido de gran legitimidad política y oportuno soporte técnico.

Tiene dos momentos. El primero, ocurrido a partir de 1996, cuando el entonces presidente Leonel Fernández Reyna, nombró mediante decreto presidencial, una comisión de expertos para elaborar el Código de Ordenamiento de Mercado. En ese momento el proyecto estuvo a cargo, del entonces sub-secretario Federico Cuello Camilo PhD, y posteriormente pasó a la sub-consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, entonces ocupada por la Dra. Margarita Cedeño.

Por espacio de dos años y actuando pro-bono, los Lcdos. Mirna Amiama Nielsen, Jaime Ángeles Pimentel, Jaime Aristy Escuder, Leyda Margarita Piña, Luis Miguel Pereyra y una servidora, nos reunimos semanalmente a discutir el Anteproyecto de Código de Ordenamiento de Mercado. El anteproyecto contenía en su primer libro el tema de la Libre y Leal Competencia. A esa mesa de discusión y debate también asistieron funcionarios de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, el Dr. Miguel Ángel Heredia Bonetti y el Lcdo. Rodolfo Espiñeira.

El presidente Fernández accedió a nombrar esa comisión y ordenar la elaboración de ese anteproyecto para la misma época en que designó a otras comisiones a revisar el Código Civil, el Código de Comercio y otros instrumentos legales.

Su interés era adecuar la legislación ya existente relativa a los negocios y completar el marco jurídico como solía comentar a la prensa, según sus palabras: -para consolidar un estado social de mercado.

Esa era su motivación, y sería completamente injusto desconocer que en el origen, el presidente Fernández –quien además, en 2008 promulgó la ley- entendía que la libre y leal competencia necesitaba generar eficiencias y proveer bienestar a los consumidores. Esa fue su visión y una amplia documentación periodística y oficial de esos tiempos la recoge.

Destaco que en ese entonces, la presidencia recibió asesoría de la UNCTAD, en las personas de los consultores peruanos Luis Abugattás, economista, y Luis Diez-Canseco, abogado. Estos consultores internacionales dejaron la impronta de la necesidad de una ley de competencia, luego de la entrada reciente de la República Dominicana a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El segundo momento de origen de la ley, data de 2005. Al perecer una y otra vez el proyecto de Código de Ordenamiento Mercado en el Senado de la República por falta de voluntad política, la entonces Secretaría de Estado de Industria Comercio, retomó el caso. Esto fue bajo el liderazgo de la Lcda. Sonia Guzmán de Hernández, en el gobierno del presidente Ing. Hipólito Mejía.

La ministra con gran valentía en un momento, donde todavía se hacían sentir las fuerzas opositoras a la iniciativa, contrató al consultor venezolano Ignacio de León PhD, para trabajar el texto que sirve de origen a la hoy Ley No. 42-08.  Este anteproyecto fue continuado con el cambio de gobierno. El ministerio, que pasó a ser dirigido por el Lcdo. Francisco Javier, le dio continuidad y fue el encargado de terminarlo.

Del lado del Poder Ejecutivo, conviene destacar brazos activos y comprometidos que fueron claves para que este otro proyecto no muriera al llegar al congreso. Me refiero a las Lcdas. Magdalena Gil de Jarp, Elka Scheker y Carmen Meléndez.

En esa etapa hubo contribuciones pro-bono, como las del Lcdo. Marcos Peña y la de una servidora, a requerimiento de De León, para adecuar a la realidad del país  sus recomendaciones. También el ministerio contrató a la ya mencionada Lcda. Amiama Nielsen, junto a Armando Rodríguez, pasado analista del Federal Trade Comission (FTC) de los Estados Unidos, para consolidar los aportes que serían remitidos al Poder Legislativo.  Además, a requerimiento de ellos, Paul Karlsson, alto funcionario de la FTC examinó la pieza.

El activismo institucional que primó entre todos, para que las autoridades encargadas de su conocimiento y posterior aprobación en el Poder Legislativo, es un hecho meritorio de origen que no debe pasar al olvido, por lo menos no mientras testigos como yo, podamos recordarlo.

En síntesis, el origen histórico y político de la Ley No. 42-08 no solo es digno, sino política y técnicamente sustentado.

En la segunda parte de esta entrega, comentaré más sobre el proceso de discusión del proyecto de ley, así como, sobre el origen sistemático y teleológico de la Ley No. 42-08.