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Diplomado en Regulación y Control de Productos de Consumo en U. Externado

3 marzo, 2018

 

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Invitación a la reunión del mes de marzo: “La competencia en la era de la inteligencia artificial”

1 marzo, 2018

Un tema muy interesante, muy recomendada esta reunión CEDEC a cargo de Víctor Ayalde.

Centro de Estudios de Derecho de la Competencia

El Centro de Estudios de Derecho de la Competencia se complace en invitarlos a su evento del mes de marzo, en el que Víctor Ayalde dictará una conferencia titulada “La competencia en la era de la inteligencia artificial”.

En el evento se abordarán los siguientes temas: qué es la Inteligencia Artificial, cuál es su relación con la economía digital y cuáles son los retos para el derechos de la competencia frente a este asunto.

Víctor es Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales de la Universidad de Notre Dame, Indiana, Diplomado en Comercio Electrónico y Mercadeo de la Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Derecho Global de los Negocios de New York University – LLM in Global Business Law – becado por el Decano de la Escuela de Leyes de New York University (Dean´s Award) y Maestría en Leyes de National University of Singapore –…

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Reunión CEDEC: “Nudges y Programas de Compliance”

12 febrero, 2018

Les comparto la invitación del CEDEC a la presentación de Andrés Yáñez, un joven abogado colombiano que tiene muchísimo futuro por delante y que tratará un tema muy interesante.

El Centro de Estudios de Derecho de la Competencia se complace en
invitarlos a su evento del mes de febrero, en el que Andrés Yáñez
dictará una conferencia titulada “Nudges y Programas de Compliance”.

Andrés Yañez es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cursó
una especialización en Derecho de la Competencia y Libre Comercio en
la misma universidad y realizó una maestría en derecho de la
competencia en KING’S COLLEGE LONDON. Actualmente, el Dr. Yáñez
trabaja en Esguerra Asesores Jurídicos.

El evento se realizará el día viernes, 16 de febrero de 2018, de 7:15
a.m. a 9:00 a.m., en la sala de Audiencias del Edificio Gabriel
Giraldo (Calle 40 No. 6-23) de la Pontificia Universidad Javeriana.

Esperamos contar con su asistencia y pronta confirmación.

Paula Miranda
Asistente de Coordinación
Centro de Estudios de Derecho de la Competencia
www.centrocedec.org

El punto no es la existencia del umbral sino cuál debe ser su valor porcentual

29 enero, 2018

Una de las novedades que la Ley 1340 de 2009 introdujo en el control de concentraciones Colombiano fue el establecimiento de dos tipos de procesos administrativos: 1) un proceso de notificación simple de operaciones, que no genera el inicio de un trámite de evaluación de fondo y 2) un proceso de información o pre-evaluación, en el cual la SIC evalúa los potenciales efectos de la transacción informada. El umbral que define qué operaciones deben notificarse y cuáles deben informarse fue fijado en términos de la participación de mercado de las empresas que pretenden integrarse.

Así lo establece la ley citada:

“En los eventos en que los interesados cumplan con alguna de las dos condiciones anteriores pero en conjunto cuenten con menos del 20% (sic) mercado relevante, se entenderá autorizada la operación. Para este último caso se deberá únicamente notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio de esta operación.”

Determinar si en una operación las empresas superan o no el 20% de participación del mercado puede generar controversia entre las partes, los terceros y la autoridad. La razón: definir cuál es el mercado relevante requiere información de alta calidad (no siempre disponible) e implica realizar juicios de valor. La divergencia de criterio sobre los supuestos, métodos e información usados para definir el mercado relevante de una operación concreta puede generar posiciones encontradas entorno a la integración proyectada.[1]

Para mitigar los riesgos jurídicos que esta situación puede generar, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estableció una instancia que le permite alertar a las partes cuando los datos contenidos en la notificación no le permiten validar los porcentajes de participación. El artículo 3.3 de la Resolución 10930 de 2015 dispone que si la notificación no brinda “elementos suficientes que permitan la validación de que las cuotas de mercado aportadas son inferiores al 20%” la SIC procederá a informarlo a las empresas dentro de los 10 días hábiles de haber presentado la notificación. Y en consecuencia las partes deberán informar la operación, es decir, deberán presentar una solicitud de pre-evaluación.

El punto del umbral de participación es un ejemplo que ilustra que Colombia no siempre atiende las recomendaciones de los organismos internacionales. En el informe inter-pares sobre el régimen de competencia colombiano, la OCDE (2009, 64), consideró que mantener como umbral la participación de mercado de la empresas en el control de concentraciones era un “defecto” puesto que introducía en el procedimiento un “elemento de incertidumbre”. Por su parte, la ICN (2017a, 4) recomienda que los umbrales se basen exclusivamente en “criterios objetivamente cuantificables” y señala que usar como criterio la cuota de participación de mercado de las empresas “no resultan objetivamente cuantificables”.

Incluso, la coordinadora del grupo de integraciones de la SIC, a título personal, recientemente explicó que a ella no le gustaba el umbral de participación de mercado pues “genera una gran dificultad para llegar a un consenso sobre cuál es el mercado relevante”. Sin embargo, por lo pronto, la autoridad no ha mostrado interés en promover la eliminación o modificación de este tipo de umbral (lo cual implicaría una reforma legal).

En mi opinión, es cierto que la definición del mercado relevante genera riesgo jurídico para aquellas operaciones en las cuales la participación está muy cerca del 20% y/o cuando no se cuentan con antecedentes de otras operaciones que den luces adicionales para predecir el análisis de la SIC. Sin embargo, la fijación un umbral en términos de participación de mercado le permite a la autoridad de competencia enfocarse en las operaciones más problemáticas. De hecho, como lo expresé a finales de 2017, en vez de debatir la existencia de este criterio, sería más interesante debatir si se debería aumentar el umbral de participación de mercado al 30%, por ejemplo, como ocurre en otras jurisdicciones del mundo. De esta manera, lograríamos que la SIC se enfocara en las operaciones más importantes y disminuiríamos los costos de transacción para las operaciones por debajo del 30% de participación de mercado que -casi con toda certeza- no generarían restricciones significativas a la competencia.

Con esta nota suspendo, por ahora, las entradas sobre control de integraciones. ¡Otros temas vendrán próximamente!


Referencias

ICN. 2017. «Prácticas recomendadas para procedimientos de notificación de concentraciones». International Competition Network (ICN). http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc589.pdf.

Miranda L., Alfonso, Juan David Gutiérrez R., y Natalia Barrera S. 2014. El control de las concentraciones empresariales en Colombia. 1.a ed. 1 vols. Colombia: Grupo Editorial Ibañez – Universidad Javeriana.

OCDE. 2009. «Derecho y Política de la Competencia en Colombia – Examen inter-pares». Francia: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). https://www.oecd.org/countries/colombia/44111213.pdf.


Notas

[1] Para una explicación detallada sobre las metodologías empleadas para definir el mercado relevante de una integración y las fuentes de litigio entre las partes y la autoridad de competencia, véase Miranda, Gutiérrez y Barrera (2014).

El control de integraciones en Colombia antes de 1992

22 enero, 2018

Con este texto corto ya son tres las entradas que publico en el 2018 sobre el control previo de las integraciones empresariales en Colombia. Y el lunes de la semana entrante publicaré una cuarta entrada, sobre el tema del umbral del 20% de participación de mercado que fijó la ley 1340 para definir cuáles operaciones deben informarse y cuáles notificarse. La razón por la cual mis entradas se han enfocado en el tema de las integraciones es que desde el año pasado estoy trabajando en documentos que servirán como insumo para la actualización (la segunda edición) del libro que publicamos con Alfonso Miranda y Natalia Barrera en el 2014 titulado “El Control de la Concentraciones Empresariales en Colombia“.

En esta oportunidad comparto con ustedes unos breves apuntes sobre el control de integraciones en Colombia antes de 1992:

La legislación de control de concentraciones empresariales en Colombia nace con la Ley 155 de 1959, la primera ley de competencia que reguló íntegramente la materia en el país.[1] En la exposición de motivos del proyecto de ley presentada al Congreso de la República por el entonces Ministro de Hacienda, Hernando Agudelo Villa, se justificaba el establecimiento del control de integraciones por la posibilidad de que las empresas con altas participaciones de mercado nacional (50% – 100%, según el texto) pudieran abusar de su poder en contra de los consumidores o de productores de materias primas (Ministerio de Hacienda 1958). Además, la exposición de motivos defendía la especial vigilancia del estado sobre empresas en mercados altamente concentrados en los siguientes términos:

“El proyecto no se inspira en el ánimo de desalentar, ni mucho menos el crecimiento de las empresas o su integración, por cuanto precisamente la disminución de costos, los precios favorables y la mejor calidad de los productos, dependen de manera especial de industrias que puedan producir en grande escala. Y porque los males sociales no provienen en sí del hecho de que las empresas sean unidades económicas robustas, sino de las prácticas nocivas, que con base en su poder económico, pueden ejecutar en perjuicio de los intereses generales de la comunidad.”

Sin embargo, durante las siguientes tres décadas el número de decisiones emitidas por las diferentes entidades que tuvieron a su cargo la implementación de la ley fue relativamente bajo. La primera autoridad de la competencia en Colombia no fue la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). De hecho, entre 1959 y 1974, hubo tres diferentes entidades públicas encargadas de aplicar la Ley 155 de 1959, incluyendo las normas de control de las integraciones empresariales:

  • Entre 1959 y 1963 las funciones establecidas por la Ley 155 de 1959 estuvieron en cabeza del Gobierno Nacional, que debía ejercerlas a través del Ministerio de Fomento.
  • En 1960 fue creada la Superintendencia de Regulación Económica (SRE) y le fueron atribuidas a su Consejo Directivo las funciones que tenía el Ministerio de Fomento respecto de las prácticas restrictivas comerciales (Decreto 1653 de 1960). Posteriormente, en 1963, dichas funciones fueron adscritas a la Dirección Ejecutiva de la misma superintendencia (Decreto – Ley 3307 de 1963).
  • En octubre de 1968 se elimina la SRE y esta pasa a denominarse Superintendencia Nacional de Precios (Decreto 2562 de 1968). Sin embargo, las funciones relativas a la Ley 155 de 1959 no le fueron asignadas expresamente.
  • Luego, en diciembre de 1968, el Ministerio de Fomento fue reorganizado (y renombrado como Ministerio de Desarrollo Económico) y la SIC fue creada como una de sus superintendencias adscritas (Decreto – Ley 2974 de 1968). Sin embargo, las funciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 155 de 1959 solo le fueron atribuidas a la SIC a partir de 1974 (Decreto – Ley 623 de 1974). (Véase un breve recuento de la historia de la entidad en SIC (2010).)

Con todo, durante la década del sesenta, la autoridad competencia de la época (la SRE) decidió sobre al menos ocho operaciones informadas por empresas de diferentes sectores económicos (Palacios Lleras y Gutiérrez R. 2015).[2] Cuando desapareció la SRE  en 1968, el control previo de las integraciones parece haber entrado en un limbo por más de dos décadas. Como se explicó anteriormente, en 1968 fue creada la SIC y desde 1974 le fue asignada la función de velar por el cumplimiento de las normas “prácticas restrictivas comerciales” dispuestas en la Ley 155 de 1959 y las normas que la adicionaron y reglamentaron. Sin embargo, no se encontró evidencia, aunque la investigación sobre la materia sigue siendo escasa, de que la SIC haya usado esas facultades entre 1974 y 1991.


Notas:

[1] Miranda L. y Gutiérrez R. (2005) y Miranda (2011) identifican normas de competencia en Colombia desde 1888.

[2] Textos de 22 resoluciones emitidas por la Superintendencia de Regulación Económica entre 1961 y 1968 pueden descargarse en el blog lalibrecompetencia.com (Gutiérrez R. 2015).


Referencias

Gutiérrez R., Juan David. «Arqueología Jurídica». Derecho y Política de Libre Competencia en América Latina (blog), 17 de octubre de 2015. https://lalibrecompetencia.com/arqueologia-juridica/.

Ministerio de Hacienda. Exposición de motivos al proyecto de ley «por el cual se dictan normas sobre prácticas restrictivas comerciales» (1958).

Miranda L., Alfonso. «Origen y evolución del Derecho de la Competencia en Colombia. La Ley 155 de 1959 y su legado». Revista de Derecho de la Competencia 6 (2011): 65-148.

Miranda L., Alfonso, y Juan David Gutiérrez R. Compilación de Normas de Derecho de la Competencia en Colombia. 1.a ed. 1 vols. Colombia: Cámara de Comercio de Bogotá – Universidad Javeriana, 2005.

Palacios Lleras, Andrés, y Juan David Gutiérrez R. «Una Nueva Visión Sobre Los Orígenes Del Derecho De La Competencia Colombiano». Rev. Derecho Competencia Bogotá (Colombia) 11 (2015): 137-76.

SIC. «Historia», 2010. http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Conozcanos/Filosofia/Filosofia/Historia.pdf.

Investigación periodística: En los últimos seis años, 600 compañías en América Latina fueron sancionadas por acuerdos colusorios

20 enero, 2018

Según una investigación periodística de IDL-Reporteros y Conectas, en América Latina más de 600 compañías fueron sancionadas en los últimos seis años por realizar acuerdos colusorios. Les recomiendo lean las tres entregas de “América Latina, región de carteles” que reportan:

  1. Cómo operaban los carteles investigados entre 2012 y 2017.
  2. Qué acciones han adelantado las autoridades de la competencia para combatir la cartelización.
  3. Cuáles son los retos de la indemnización de perjuicios derivados de las prácticas colusorias.

Además, en el marco de la investigación de de IDL-Reporteros y Conectas sobre carteles en Latinoamérica, el próximo 24 de enero se llevará a cabo un encuentro virtual para debatir sobre el tema. El encuentro empezará a las 11:00 AM, hora Colombia/ Perú—1:00PM Chile– 10:00 AM México (para registrarse, hacer clic aquí).

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Instrumentos y manuales del grupo de trabajo de integraciones del ICN

15 enero, 2018

La Red Internacional de Competencia Económica (International Competition Network, ICN por sus siglas en Inglés) cuenta con un grupo de trabajo de integraciones desde el 2001 que está compuesto principalmente por funcionarios de las propias autoridades de competencia (ICN 2013, 2014). La misión del grupo es promover “la adopción de las mejores prácticas en el diseño y funcionamiento de los regímenes de control de concentraciones” con el objetivo de mejorar la eficacia de los procesos, promover la convergencia de los criterios y procesos implementados, y reducir los tiempos y costos de los procesos (ICN 2014a, 2).

Desde su creación, el grupo de trabajo de integraciones de la ICN ha publicado prolijamente manuales y guías para las autoridades de competencia y en años recientes ha actualizado y expandido sus principales recomendaciones. Como les contaba en una anterior entrada, a raíz de una presentación de Liliana Cruz de la SIC, los insumos publicados por el grupo de trabajo han incidido en la evolución del control de integraciones en Colombia.

Por su relevancia en el presente y en el futuro de la gestión del control previo de integraciones en Colombia, y en otras jurisdicciones de la región, aprovecho esta entrada de comienzo de año para compartir con ustedes los principales instrumentos elaborados por el grupo de trabajo de la ICN, que enumero a continuación:

  1. Desde 2002 el grupo desarrolló unos “Principios rectores para la notificación de concentraciones y procedimientos de revisión”[1] (ICN 2002).
  2. En las conferencias de la ICN de 2002 – 2005 se adoptaron unas “Prácticas recomendadas para la notificación de concentraciones”, que fueron revisadas en 2017 (Coppola y O’Brien 2017; ICN 2017a).
  3. Desde 2003 el grupo trabajó en un manual de lineamientos que fue publicado en abril de 2006 con el título “Libro de lineamientos para concentraciones de la ICN” (ICN 2006).
  4. En 2004 fue publicado un “Manual sobre técnicas de investigación para la revisión de integraciones” que fue actualizado en junio de 2005 y abril de 2013 (ICN 2013, 2014a).
  5. En las conferencias de la ICN de 2008 – 2010 fueron adoptadas las “Prácticas recomendadas para el análisis de concentraciones”, que fueron revisadas en 2017 (Coppola y O’Brien 2017; ICN 2017b, 2014a).
  6. En el 2014 el grupo de trabajo preparó una “Herramienta de autoevaluación de la RICE para notificación y procedimientos de concentraciones” (ICN 2014b).
  7. En el 2015 el grupo publicó unas “Guías prácticas para la cooperación internacional en el control de concentraciones” (ICN 2015).
  8. En el 2016 el grupo publicó una “Guía de remedios (condicionamientos) en integraciones” (ICN 2016).

Referencias

Coppola, Maria, y Paul O’Brien. «New Consensus on Merger Procedure and Analysis: the ICN’s 2017 Recommended Practices». Competition Policy International, 2017. https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2017/08/ICN-Column-July-Full-1-1.pdf.

ICN. «Descubriendo al Grupo de Trabajo de Concentraciones de la RICE: una Red Global de Regímenes de Revisión de Concentraciones». International Competition Network (ICN), 2014. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc952.pdf.

———. «Guiding Principles For Merger Notification and Review». International Competition Network (ICN), 2002. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc591.pdf.

———. «ICN merger guidelines workbook». International Competition Network (ICN), 2006. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc321.pdf.

———. «International Competition network merger analysis self-assessment: Assessing whether merger analysis practices conform to the ICN’s recommended practices for merger analysis». International Competition Network (ICN), 2014. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc915.pdf.

———. «Merger Remedies Guide». International Competition Network (ICN), 2016. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1082.pdf.

———. «Practical Guide to International Enforcement Cooperation in Mergers». International Competition Network (ICN), 2015. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1031.pdf.

———. «Prácticas recomendadas para procedimientos de notificación de concentraciones». International Competition Network (ICN), 2017. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc589.pdf.

———. «Prácticas recomendadas por la RICE para el análisis de concentraciones económicas». International Competition Network (ICN), 2017. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc951.pdf.

———. «Updated Chapter 4 of the ICN Investigative Techniques Handbook for Merger Review – “The Role of Economists and Economic Evidence in Merger Analysis”». International Competition Network (ICN), 2013. http://internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc903.pdf.


[1] Los ocho principios son: soberanía, transparencia, no discriminación con base en nacionalidad, debido proceso, examen eficiente, oportuno y efectivo, coordinación (entre jurisdicciones que examinan la misma operación), convergencia, y protección de la información confidencial.