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Sobre la experiencia creíble de la Lic. Yolanda Martínez en asuntos de competencia.

17 septiembre, 2016

Por: Angélica Noboa Pagán

anoboa@npa.com.do

En el día de ayer, el destacado abogado Licenciado Bartolomé Pujals, escribió para el diario dominicano “El Día” el artículo titulado “Las Omisiones de Olivo Rodríguez Huertas”.[1] El análisis del Lic. Pujals es un trabajo serio, que aporta importantes elementos fácticos y sustento jurídico, al debate sobre el tema, sobre el cual, varios colegas hemos opinado públicamente. Esto es, la designación por la Cámara de Diputados, de la Lic. Yolanda Martínez Zarzuela como Presidenta la Comisión Nacional sobre Defensa a la Competencia de la República Dominicana.

(Ver mi artículo previo “Transparencia y Debido Cumplimiento a disposiciones de la Ley No. 42-08.  Caso: Nombramiento y Cese de Presidente y Miembros del Consejo Directivo.” publicado el 15-9-16, por esta misma vía, donde abundo sobre la decisión de la Cámara de Diputados).

Ambos abogados, Rodríguez y Pujals, son notables especialistas en la materia constitucional y administrativa, como lo demuestran sus opiniones. Exponen sus respectivas ideas, dignas de ser leídas. En lo particular, me adhiero a la argumentación y conclusiones del Licdo. Rodríguez Huertas en esa contribución publicada en su blog,[2]  comentada y críticada por el Lic. Pujals. También me adhiero, a las mencionadas por el Lic. Nassef Perdomo Cordero, reconocido jurista y especialista en las áreas mencionadas, en la prensa dominicana del día de ayer.[3] Por último, recomiendo examinar los aportes formulados por el Licdo. Rafael Dickson Morales, otro acabado abogado especialista en el área administrativa, en el día de ayer, sobre el mismo tema.[4]

Sin embargo, hay un aspecto de la legalidad del nombramiento de la Licda. Martínez Zarzuela, que el Licdo. Pujals entiende fue obviado por el Licdo. Rodríguez Huertas.

Lo cito textualmente:

“Ahora bien, la designación de la Lcda. Martínez no solo no es conforme a derecho por esto. La omisión más importante que hace Rodríguez Huertas, es cuando inobserva lo que en derecho administrativo se conoce como los actos reglados del acto administrativo. En este caso, esos elementos reglados del acto administrativo mediante el cual se designa a la Lcda. Martínez, se encuentra en el artículo 27 de la ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, el cual establece los requisitos esenciales para ser miembro del Consejo Directivo. Con esta designación se conculcan dos elementos reglados fundamentales, el 1) Ser profesional del derecho, la economía, las ciencias administrativas o finanzas, con estudios especializados en alguna de las siguientes disciplinas: derecho de la competencia, regulación económica, análisis económico de la ley, finanzas corporativas, resolución alternativa de conflictos o arbitraje internacional y 2) Tener experiencia creíble por más de cinco (5) años en alguna de las áreas anteriormente señaladas o en el ejercicio empresarial. (El subrayado es nuestro).

Observando la hoja curricular que da cuenta de la trayectoria profesional de la recién designada, se puede verificar que la misma no cuenta con la cualificación técnica que requiere la posición como condición sine qua non para ser escogida como miembro de esta comisión y por ende con la experiencia creíble en las áreas exigidas por la ley. Si se observa el ordinal 5 literal a de la auditoria legislativa realizada en ocasión de la designación del Lcdo. Hilario, dentro de las observaciones y sugerencias que se hicieron se indica que: “En ese sentido, el currículo presentado por el señor Marino Hilario Castillo no posee estudios especializados en las referidas áreas.” Dando cuenta con esto de la importancia del grado de especialización en el área,  sin embargo, como una manera de salvar su nombramiento se indica que: “es importante destacar que el mismo se ha capacitado con cursos-talleres y diplomados en derecho eléctrico, arbitraje de consumo, resolución de controversias, derecho de competencia, regulación de mercados para abogados, entre otros;” lo cual combinado con su experiencia reciente en sectores regulados, se sugirió que éste pudiera ser designado.”

La seriedad profesional del Licdo. Pujals, me anima a referirme de manera formal al tema, para esclarecer algunas ideas y disentir de su opinión.

La Licda. Martínez acredita en la hoja de vida que ha circulado en los medios[5], su experiencia como Abogada Senior de la Gerencia de Regulaciones e Interconexión de la Compañía Dominicana de Telecomunicaciones (CODETEL). También incluye su experiencia como Gerente de Comunicación de la misma empresa, y consultorías externas en favor de la misma. El documento específíca el período en que se realizaron esos servicios internos y externos, desde 1994 a 2002.

Llama mi atención que se dude si esa es una experiencia acreditable de conformidad a la Ley No. 42-08. Como antigua compañera de labores de la Licda. Martínez, pero sobre todo, en mi calidad profesional, ofrezco primero mi testimonio y basado en éste, mi opinión disidente a la del Licdo. Pujols, con hechos y datos sobre lo que implicaba trabajar en esas áreas profesionales, para esos años y por qué razones, sí se trata de una experiencia creíble, la acredita por la profesional del derecho.

Breve introducción.

Bajo la supervisión de la Licda. Fabiola Medina Garnes, quien fue nuestra Directora y luego Vicepresidenta Legal y Regulatoria en la mencionada empresa, y justo es destacarlo, nuestra mentora en estas faenas profesionales, la Licda. Martínez, quien suscribe y otros colegas, tuvimos una oportunidad única.

Es muy importante recordar que todavía las escuelas de derecho de nuestro país, no incluían en sus planes de estudio, ni de pregrado ni de posgrado, los temas de regulación de mercado y derecho a la competencia. La escuela fue la práctica y nosotros tuvimos el privilegio de ser escogidos por la Licda. Medina Garnes, para acompañarle en esa experiencia excepcional.

Participamos en la negociación, mediación, litigación y finalmente reglamentación, del primer y todavía más importante conflicto jurídico sobre derecho a la competencia que se haya ventilado y resuelto en el país, esto es, establecer condiciones de libre y leal competencia en el sector de las telecomunicaciones y sus consecuentes beneficios para la sociedad.

El derecho de la competencia, encuentra adjetivación en el ordenamiento jurídico dominicano, por vez primera, precisamente en el instrumento que con posterioridad, se llamaría, la Ley General de Telecomunicaciones. Otro gran mérito de ese proceso, es que inaugura en el derecho administrativo, innovaciones en materia de Administración Pública, ya muy conocidas y valoradas, incluso internacionalmente.

Para exponer mi punto de vista contrario al del Licdo. Pujals, divido en dos partes el período acreditado por la Licda. Martínez: Antes y despues de la reforma al marco jurídico de las telecomunicaciones, que devino en la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98.

Primera Etapa. Antes de la Reforma de 1998.

En ausencia de un marco regulatorio moderno y adecuado, pero dada la decisión política del entonces Presidente Joaquín Balaguer, de otorgar mediante decreto en 1990, un nuevo contrato de concesión, a una empresa competidora, Telepuerto San Isidro, S. A., luego conocida como Tricom, S. A., los abogados bajo la dirección de la Licda. Medina Garnes, teníamos diversos quehaceres.

Era preciso darle soporte a nuestra supervisora, en una variada tarea de elaboración, discusión y ejecución de actos, opiniones y otros documentos jurídicos; y finalmente, apoyar la elaboración y ejecución de los contratos de interconexión para nuestra empleadora. Es decir, ante el vacío de la antigua Ley General de Telecomunicaciones, No. 118 de 1966, estos eventos ocurridos en el primer lustro de los años noventa, hacían de los contratos de interconexión la norma para establecer condiciones de competencia.

Para aquellos no familiarizados con ese tipo de relaciones comerciales entre empresas interconectadas mediante una red pública, preciso es señalar que un contrato de interconexión de redes, es un complejo entramado jurídico, financiero, económico y técnico. Requiere de una administración constante, pues mes por mes, las empresas contratantes, precisan compensar los derechos y obligaciones financieras respectivas, para no mencionar los incontables incidentes de orden técnico, todo lo cual amerita la cercana participación del abogado especialista, en la interpretación del compromiso contractual.

En adición, la labor profesional del equipo de la Gerencia de Regulaciones e Interconexión, de la cual la Licda. Martínez era miembro, incluía muchas otras tareas, a efectos de asegurar que las áreas operativas de nuestra empleadora, cumplieran con reglas de calidad en el servicio y satisfacción del cliente, conforme a los contratos suscritos con los consumidores de los servicios.

Además, en esa primera etapa, en vista de los vacíos que tenía la ya anticuada Ley No. 118, en los albores de la revolución de la Era Digital, era necesario apoyar a nuestra Directora, la Licda. Medina Garnes, en los numerosos arbitrajes y recursos administrativos cursados en la entonces Dirección General de Telecomunicaciones (DGT).

Por último, vale mencionar que la hoja de vida de la Licda. Martínez circulada en los medios, no especifíca cuáles fueron los estudios o entrenamientos acreditados por ella. Sin embargo, los numerosos profesionales que trabajamos en CODETEL en esos años, cuando la empresa era controlada primero por GTE y luego por Verizon, podemos testimoniar acerca de la batería intensa de entrenamientos domésticos y en el exterior, que nos era obligatorio seguir, conforme al Programa de Educación y Entrenamiento de la empresa. Dicho programa era diseñado y ajustado año por año, para que el empleado perfeccionara su perfil conforme a las tareas a su cargo, todo debidamente estandarizado y documentado.

A modo de ejemplo, junto a la Licda. Martínez, recuerdo específicamente cuando asistimos a los primeros seminarios organizado por el gobierno, con auspicio de la UNCTAD, para formular el Código de Ordenamiento de Mercado. Allí conocimos al destacado jurista peruano, Luis Diez Canseco, para entonces consultor de ese organismo y persona clave para motivar al Poder Ejecutivo, a emprender la misión de dotar al país de una ley de defensa a la competencia. En efecto, el Presidente Leonel Fernández, mediante decreto dictado en el año 1996, iniciaría esa discusión.

Segunda etapa. La Reforma.

Como es conocido y ya parte de la historia del derecho dominicano, el Gobierno Dominicano, con el auspicio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Programa de Naciones Unidos para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial (BM), iniciaron a partir de 1996, durante la administración del Presidente Fernández, el proyecto denominado “Reforma del Marco General de Telecomunicaciones”, con una duración de dos años.

Ese es todavía uno de los mejores ejercicios de política regulatoria, sino el mejor, que se haya realizado el República Dominicana, en materia de regulación de mercados. Inicialmente coordinado administrativamente por el Federico Cuello Camilo, PhD, para entonces Sub-Secretario Técnico de la Presidencia y Coordinador Nacional de la Reforma, y posteriormente por el Licdo. José Manuel Luna Valiente, en sustitución del primero, fue un ejercicio impresionante de discusión técnica, plural y eficaz, entre actores del mercado. Al término del programa, se convertiría en la Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones y sus 53 tareas/producto, entregadas por la UIT, el PNUD y el BM, al Poder Ejecutivo.

Tiempo después, y no sin antes algunas crisis en paso por el Congreso Nacional, esos trabajos se convertirían en insumo esencial para dictar la Ley No. 153-98, sus reglamentos y normas técnicas.

En ese período, mi recuerdo es fiel sobre la prestancia de los aportes jurídicos de la Licda. Martínez en esas mesas de interesante debate, coordinados por el Licdo. Federico Pinedo, abogado especialista contratado por la UIT, actualmente destacado político y Senador por la Provincia de Buenos Aires de la República de Argentina, junto a la Dra. Ana Rosa Bergés de Farray, contrapartida nacional elegida por el gobierno dominicano en el esquema tripartito y destacada abogada dominicana, quien posteriormente sería juez de la Suprema Corte Justicia. Es decir, una mesa de discusión coordinada, por abogados de elevadísimo nivel, donde acompañábamos a nuestra supervisora, la Licda. Medina, en nombre de nuestra empleadora.

Para no agotar con testimoniales, apenas comento que la definición de posición dominante del Art. 1 de la Ley, que establece los presupuestos fácticos, para derivar imputación de abuso, fue un contribución de Yolanda Martínez, a esa mesa de discusión, donde también participaban destacados abogados de las empresas competidoras. Fue tan bueno su aporte que ni el Licda. Pinedo, ni la Dra. Bergés, ni el resto de los colegas, le cambiaron ni una coma. Fue aceptada a unanimidad.

También recuerdo su apoyo a la Licda. Medina Garnes, en la proposición de ideas al Licdo. Pinedo y a la Dra. Bergés, respecto a la conformación del órgano rector del INDOTEL, el Consejo Directivo, para asegurar equilibrio, contrapesos y conocimiento de la sofisticada industria, entre sus miembros.

Finalmente, en este trayecto, y ya haciendo dotes de su entonces inicial vocación de comunicadora, la Licda. Martínez apoyó de manera destacada a los directivos de la empresa, para lograr resolver una grave crisis. Me refiero a la suscitada en el Congreso Nacional, cuando de manera inesperada y acelerada la Cámara de Diputados aprobó durante el feriado navideño de finales de 1997 e inicios de 1998, un texto de proyecto de Ley de Telecomunicaciones, distinto al elaborado por la UIT. Esa grave crisis fue superada, dado la labor conjunta de muchas personas comprometidas con la reforma, entre ellas la Lic. Martínez, comunicadora, con formación jurídica.

Me unen lazos de amistad a la Licda. Martínez, desde esos años. No me apena, ni me cohibe ese vínculo, para ofrecer estas explicaciones al Licdo. Pujals y a todo interesado, porque son fieles a la verdad. Más bien me da mucho gusto ofrecer este testimonio, motivado por la inquietud de un profesional íntegro como el Licda. Pujals.

La Licda. Martínez sabe además, que seré quien más le demandará visión de estado, ética profesional e independencia, pues la política y regulación del derecho de la competencia, es un tema que ha centrado mi vida profesional durante dos décadas. Es el eslabón perdido de la política económica del Estado Social de Derecho, un importante instrumento de desarrollo humano, en beneficio de la sociedad y de estímulo a la competitividad.

Así las cosas, es mi opinión jurídica que la Licda. Yolanda Martínez, tiene experiencia creíble y demás requisitos exigidos por la Ley. No. 42-08. Por lo tanto, quedo en respetuoso disenso con el también apreciado amigo, Licdo. Bartolomé Pujals.

17 de septiembre de 2016, Ciudad México, México.

[1] “Las Omisiones de Olivo Rodríguez Huertas” http://eldia.com.do/las-omisiones-de-olivo-rodriguez-huertas/

[2] “LA DESIGNACION DE LA LICDA. YOLANDA MARTINEZ ES ABSOLUTAMENTE CONFORME AL ORDENAMIENTO JURIDICO DOMINCANO”. http://olivorodriguez.blogspot.mx/2016/09/la-designacion-de-la-licda-yolanda.html?m=1

[3] “Dudosa legalidad en designación de cargo”. http://www.metrord.do//noticias/dudosa-legalidad-en-designacion-de-cargo/ftwpip—UvqFCBTufwmEI/

[4] “Breves Reflexiones sobre Sustituciones en el Consejo de Pro-Competencia”

http://competenciard.blogspot.mx/2016/09/breves-reflexiones-sobre-sustituciones.html?m=1

[5] “Conozca el currículo de Yolanda Martínez, la nueva miembro Consejo Directivo Procompetencia”

http://hoy.com.do/conozca-el-curriculo-de-yolanda-martinez-la-nueva-miembro-consejo-directivo-procompetencia/

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