No todos los aumentos de precios se deben a la inflación, devaluación o causas similares. Muchas veces obedecen a conductas concertadas entre competidores y pueden constituir prácticas anticompetitivas. Por este y otros motivos, la libre competencia debe ocupar un lugar prioritario en la agenda político-económica del estado, ya que una adecuada ejecución de sus normas contribuirá a evitar abusos y nivelar las reglas del mercado.

Eliminadas políticas como el cepo, las DJAI y los regímenes de información de precios, será una sólida política antitrust la que permitirá aplicar reglas claras que impidan abusos anticompetitivos y eviten aumentos artificiales de precios, permitiendo co
ntener la inflación y bajar el costo de vida de la sociedad.

Cuanto más sana sea la competencia, ésta ofrecerá mejores y más variados productos y servicios, de mayor calidad y a precios razonables.

Mi columna de hoy en el Cronista: Si queremos mejores precios, queremos mejor competencia
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