El miércoles pasado se publicó una columna mía en CNN-Expansión intitulada: “Los Temas Pendientes en Competencia”, donde se discuten algunos de los resultados obtenidos en una evaluación llevada a cabo recientemente sobre el desempeño de la Comisión Federal de Competencia de México. A continuación se transcribe el texto completo de esta colaboración en ese medio informativo.

LOS TEMAS PENDIENTES EN COMPETENCIA

De acuerdo a las cifras más recientes del Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2009-2010), México es una de las economías del orbe con mayores rezagos en materia de competencia económica. Según indicadores de este organismo internacional, México se ubica en la posición 116 dentro de un universo de 133 países en términos del nivel de dominancia de mercado observada en ciertas industrias de la economía y en la posición 89 de acuerdo a la efectividad de su política antimonopolio. A la luz de estas cifras, resulta poco sorprendente el hecho de que, en el marco de la presentación del Paquete Económico 2010, el presidente Calderón haya anunciado como una de las acciones claves ha desarrollar durante la segunda parte de su gobierno, el otorgar mayores atribuciones a la Comisión Federal de Competencia (CFC) con el objeto de sustanciar y eficientar sus tareas.

En días pasados, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) dio a conocer los resultados de su evaluación al desempeño de cuatro órganos reguladores en México. En el ámbito particular de la política de competencia, la evaluación identificó una serie de obstáculos que inhiben el buen desempeño de la CFC. Una primera vertiente de obstáculos está asociada a la dimensión operativa de la CFC. El principal problema identificado en este ámbito se refiere al tema de la transparencia en la toma de decisiones al interior de este órgano. Si bien sería injusto señalar que todas las decisiones de las autoridades de competencia en México son una “black box”, también es cierto que resulta indispensable que la autoridad mejore sus estándares de transparencia que le permitan dar a conocer a los distintos agentes económicos y, en general, a la opinión pública, el razonamiento económico y legal subyacente en cada una de sus decisiones. Hoy en día, la CFC hace públicos este tipo de razonamientos en algunas de sus decisiones, pero no en todos los casos y no de forma sistemática.

El fortalecimiento de los estándares de transparencia al interior de la CFC no es un tema de purismo ideológico, sino uno de fortalecimiento institucional. La razón es simple: en la medida que las decisiones de este órgano sean más transparentes, la CFC estará en la posición de empezar a generar un sólida doctrina de competencia económica en México. El desarrollo de esta doctrina, a su vez, permitirá a los agentes económicos tener mayor certidumbre sobre cómo y porqué se toman ciertas decisiones en áreas clave de la economía como en el caso de la reciente adquisición de Televisa de una parte de Nextel; la reorganización corporativa de América Móvil y Telmex o las recientes declaratorias de dominancia en distintos segmentos del mercado de telefonía en nuestro país. Por fortuna, la CFC ha venido mostrando interés en mejorar sus tareas en esta área, como lo demuestra el reciente lanzamiento de una consulta pública sobre la transparencia de su labor. La consulta llega en buen momento y esperemos que su impacto sobre el trabajo cotidiano de nuestras autoridades sea importante. 

Una segunda vertiente de obstáculos identificada en la evaluación del CEEY nos remite al marco legal sobre el cual actúan nuestras autoridades de competencia. La evaluación del impacto del marco legal sobre la efectividad de la política de competencia en México resulta clave porque incide directamente sobre la estructura de incentivos que enfrentan los agentes económicos para violar la ley. El tema por antonomasia en este ámbito, aunque no el único, es el del nivel de las sanciones económicas a las que están sujetos los distintos agentes económicos por infracciones a la ley. Es claro que un incremento en las multas puede tener un impacto positivo sobre la conducta de las empresas en el mercado. Si bien una reforma legal que permita incrementar las multas máximas que la CFC puede imponer representa un paso importante en la dirección correcta, esta medida, per se, podría ser insuficiente. La razón es que el poder disuasorio de sanciones económicas más altas, podría no generar los efectos esperados cuando las autoridades competentes enfrentan serias dificultades para ejecutar su cobro. En consecuencia, es preciso que la discusión sobre las virtudes de incrementar las sanciones económicas en México venga también acompañada de acciones claras y contundentes que permitan fortalecer la defensa de estas sanciones en tribunales así como acciones de mucho mayor envergadura jurídica que incidan sobre la efectividad de las autoridades correspondientes para ejecutar el cobro de estas sanciones.

En el transcurso de las próximas semanas se espera que el Ejecutivo Federal envíe al Poder Legislativo un paquete de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, con lo que se iniciará un intenso proceso de discusión técnica y negociación política. En la vorágine de esos debates, será preciso recordar cuantas veces sea necesario que un sano entorno de libre competencia representa una condición sine qua non para mejorar la tan aclamada, pero poco veces entendida, competitividad de nuestro país.