#COVID-19. Desafíos legales y regulatorios: Sector eléctrico


Esta foto es de autor desconocido. Tomada de la base de fotografías de Microsoft Powerpoint.

Una versión de este artículo fue publicado en el periódico digital Acento el 16 de junio del 2020 con el título #COVID-19 Decisiones Electorales 2020: Sector Eléctrico.

Por Mirna J. Amiama Nielsen

El cambio de autoridades gubernamentales el próximo 16 de agosto del 2020 en la República Dominicana, así como todas las situaciones generadas por la pandemia del COVID-19, nos invitan a reflexionar sobre las necesidades del sector eléctrico para que tengamos el servicio que merecemos los ciudadanos.

Las autoridades actuales, así como las venideras, y las agencias multilaterales de financiamiento y cooperación internacional coinciden en señalar que uno de los mayores desafíos del sector es la gravedad del déficit financiero del sector eléctrico como un problema no sólo del sector, sino de la economía en general.

Siento que es importante que el público en general comprenda en qué consiste el déficit financiero del sector eléctrico dominicano, razón por la cual, a continuación, lo explico de manera simplificada haciendo un símil con una microempresa. 

En nuestro ejemplo, Doña Elvira es propietaria de una microempresa informal de confección de ropa, sus ingresos como microempresaria ascienden a en promedio a RD$30,000.00 pesos mensuales.  Sus gastos en vivienda, comida, electricidad, comunicaciones, ocio y en los costos de producir sus confecciones un promedio de 20,000 mensuales.

Sin embargo, los costos de Doña Elvira suben, los precios de los materiales de confección se disparan, y el total de sus gastos mensuales ascienden a RD$35,000.00 mensuales.  Doña Elvira decide financiar la operación de su negocio y su vida privada con su tarjeta de crédito por RD$5,000.00.

Utiliza su tarjeta para cubrir sus gastos.  Después de un tiempo, como era de esperarse, comienza a atrasarse en los pagos mensuales, y su banco la amenaza con hacerle cobro legal de su deuda. 

Doña Elvira liquida a su única empleada para reducir costos, pero es insuficiente.  Sus costos continúan subiendo a razón de RD$5,000.00 mensuales, mientras su clientela se reduce por causa de la inflación, y quienes le quedan se atrasan en los pagos.

Doña Elvira solicita un préstamo a su banco, que le permita saldar las deudas y relanzar su negocio.  El banco de Doña Elvira le hace el análisis crediticio y su capacidad de pago de dicho préstamo.

¿Le aprobarán el préstamo a Doña Elvira para cubrir sus deudas? ¿Por qué Doña Elvira se encuentra en esta encrucijada? ¿Qué pasará con la microempresa de Doña Elvira?

Sustituyan a Doña Elvira de nuestro ejemplo, por EDESUR, EDENORTE O EDEESTE, y entenderá en qué consiste el déficit del sector eléctrico. 

Las empresas distribuidoras de electricidad tienen costos elevados, a saber: el costo de compra de energía, empleados y contratistas, costos financieros, entre otros; no recuperan su costo de compra de energía, porque la formación del precio regulado (tarifa) que dichas empresas cobran al usuario regulado (cliente final) no incluye la totalidad del costo que pagan a las empresas generadoras para la compra de la energía eléctrica, es energía comprada y no facturada. Adicionalmente no todo lo que la empresa distribuidora factura es pagada por los usuarios regulados, es energía facturada no cobrada.  Está el tema del robo eléctrico, es energía servida no facturada.  Todo lo anterior es lo que se conoce como “pérdidas no técnicas”, que concurren con las técnicas, es decir, energía recibida y no servida, que se pierde en las redes.

Es del dominio público que el sector eléctrico se mantiene gracias al endeudamiento progresivo de las empresas distribuidoras de electricidad y el subsidio a la tarifa eléctrica.

La economía dominicana tiene recursos limitados, de ahí el déficit del sector eléctrico evita una asignación más eficiente y social de los recursos públicos en áreas que el COVID19 ha evidenciado que demandan mayor inversión pública, como es el sector salud.

Ahora bien, la formulación de políticas públicas para resolver este déficit financiero del sector eléctrico requiere de la identificación de las deficiencias de estructurales, legales o regulatorias que han conducido a esta situación.

Conviene considerar como una causa importante del déficit, la incongruencia del marco institucional y legal del sector, con la realidad del mercado eléctrico. 

El marco legal e institucional para regular el mercado eléctrico, cuyo origen es la capitalización de la antigua CDE acaecida hace 23 años, era acorde con el diseño de una participación limitada del Estado como regulador en el mercado, con una presencia de inversión privada, tanto en distribución como en generación. 

El ordenamiento jurídico del sector está completamente divorciado de la realidad del mercado eléctrico, con un Estado con “personalidad múltiple”, que funge como empresario, financiador y regulador del sector, sin éxito en ninguno de dichos roles. 

Esta incongruencia, en adición a otros problemas estructurales del sector, causa debilidad institucional, jurídica y regulatoria, y se ha traducido en un sector eléctrico nacional que no satisface mínimamente los requerimientos para un clima que propicie el desarrollo empresarial e individual de las personas. 

Esta situación, parece sólo de interés jurídico, sin embargo, durante la cuarentena causada por el COVID-19, se han producido anomalías en el servicio, la facturación en los hogares se ha disparado sin una explicación porque no todos tiene medida remota, cuasi apagones generales coincidieron con el discurso del presidente de la República.

El impacto personal de los problemas del sector significa que tras 23 años de reforma no terminamos de recibir un servicio eléctrico que nos permita progresar.

Ni siquiera contamos con un clima de negocios rodeado de la regulación correcta que envíe las señales de precios adecuadas para atraer nuevas inversiones de los grandes jugadores del sector a nivel internacional.

Ser disruptivos y repensar todos los paradigmas legales y regulatorios, son las condiciones precedentes para acometer un programa de reformas regulatorias y legales que viabilicen la sostenibilidad financiera del sector, y desarrollen la confianza requerida para las inversiones tanto en distribución, como en transmisión y generación.

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