El medio ambiente está en el centro de la agenda política mundial y América Latina no es la excepción. La sostenibilidad de las actividades económicas, la mitigación del cambio climático y la prevención de los riesgos asociados a ésta, así como la preservación de los recursos naturales para futuras generaciones son algunos de los temas que actualmente interesan a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil de la región.

¿Hay espacio para esta agenda en materia de derecho y políticas de protección de la competencia en América Latina? Una respuesta completa a esta pregunta habría que abordarla país por país. Preliminarmente me inclino a responder afirmativamente. En ninguna jurisdicción latinoamericana el derecho de la competencia es absoluto y, por el contrario, está subordinado a otros intereses generales consagrados en las constituciones o en la ley. Luego, en caso de conflicto entre los dos intereses, las autoridades y los jueces se podrían ver obligados a ponderar los derechos buscando soluciones armónicas o dándole preeminencia a uno sobre el otro.

Por ejemplo, en Colombia (como expliqué en una anterior publicación), el derecho a la libre competencia económica es un derecho constitucional colectivo que no tiene carácter fundamental. Además, es un derecho económico de carácter no absoluto, pues está limitado, entre otros, por el bien común y por la responsabilidad social.

Por el contrario, el artículo 79 de la Constitución colombiana establece el derecho fundamental a un medio ambiente sano en los siguientes términos

«Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines.»

Además, una decisión reciente (Sentencia C-449/15) de la Corte Constitucional, el alto tribunal nos recordó que la defensa del medio ambiente sano es un

«Bien jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección.»

Finalmente, la propia Corte ha tomado decisiones en las cuales determinó que la libertad de empresa estaba subordinada al interés superior del medio ambiente sano.

A pesar de todo lo anterior, no conozco ningún caso en el cual la autoridad de competencia colombiana o los jueces se hayan visto obligados a estudiar conflictos entre los dos derechos. No me atrevo a decir los mismo de las otras jurisdicciones latinoamericanas, pero por lo pronto tampoco he tenido noticia de ese tipo de casos en otros países de la región.

En esta materia, la Unión Europa lleva la delantera y aprovecho esta publicación para contarles acerca del libro publicado recientemente por un autor de este blog, Julian Nowag. El libro titulado «Environmental Integration in Competition and Free Movement« Laws (OUP 2017) fue lanzado recientemente en la facultad de derecho de la Universidad de Oxford. El libro recoge cientos decisiones de las autoridades de competencia y tribunales europeos, así como la revisión documental de las discusiones que llevaron a la  actual redacción del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El principal objetivo del libro de Julian, que es una adaptación de su tesis doctoral, consiste en proponer un marco teórico para estudiar el deber de integración del principio ambiental (artículo 11 TFUE) con las legislaciones de competencia, ayudas estatales y libertad de circulación.

El libro pretende ir más allá del análisis conflicto – no conflicto (entre los principios o leyes) y propone dos prismas para analizar la integración del principio ambiental a otras legislaciones y políticas en la Unión Europea:

1) una integración de apoyo, en donde la integración de la protección ambiental en otras áreas del derecho (ej. competencia) contribuyen a cumplir con el objetivo de protección ambiental, y

2) una integración preventiva o cautelar, en la cual el derecho de la competencia (u otras áreas del derecho) podría ser interpretado de forma tal que se previnieran decisiones que pudieran causar detrimento al medio ambiente.

Hasta aquí mi breve reseña del libro de Julian, pero recomiendo que lean directamente el primer capítulo del mismo que está disponible de manera gratuita aquí.

Este es un tema muy prometedor y que podría interesarle a quienes actualmente estén buscando temas de investigación en América Latina. ¡Si alguien pica este anzuelo, por favor no dejen de contarme!