Guatemala, 12 de mayo de 2016.
El ser humano tiende en forma natural a fascinarse por lo extraño, por lo desconocido, por aquello que trasciende los limites de la realidad. Historias como Frankenstein de Mary Shelley o Drácula de Bram Stocker, cumplen con esas expectativas imaginativas y por eso han seducido a muchas generaciones completas. Son novelas plagadas de misterio, supersticiones, mitos, crímenes, sangre, muerte y también de heroísmo, valentía, romance, seducción y amor. En el caso de Frankenstein, ha adquirido la categoría de mito popular, pasando a formar parte del conocimiento habitual de la tradición que todo ciudadano occidental tiene de su cultura –imaginario colectivo-. Frankenstein es una historia que nace como un anónimo encarnado en el espíritu del pueblo, y es hasta la segunda edición que aparece el nombre de Mary Shelley como su autora, dado el éxito que tuvo.
En esta historia se narra la pasión de un científico loco que valora su obra por encima de todo límite ético posible, y da vida a una criatura monstruosa, recomponiéndola de trozos de cadáveres, que por su fealdad inasumible y por la soledad infernal en la que se descubre, se revuelve contra su creador destruyéndolo. El éxito que tuvo esta novela fue fenomenal, al punto que hubo tres ediciones distintas durante la vida de su autora y varias impresiones posteriores. Se presentó en el teatro con un éxito sin precedentes, con numerosas secuelas desarrolladas a través de historias de terror. Se escribía sobre dicha historia en los periódicos y se interpretó por algunas corrientes filosóficas y psicológicas como el monstruo del inconsciente que se revuelve contra el yo consciente o como la clase obrera alzándose contra la opresiva clase burguesa.
Guatemala viaja en el tiempo, parece resurgir la novela clásica de terror, del psicoanálisis y del movimiento revolucionario del siglo XIX. Entrando en contexto, me refiero a un suceso importante que tuvo lugar el día de ayer en el Congreso de la República, donde se presentó y recibió el Proyecto de Ley de Competencia, elaborado por el Ministerio de Economía, lo cual fue objeto de abundante cobertura en redes sociales (periódicos, radios y distintos actores). A pesar que sin duda se trata de un suceso importante, dado el contexto económico y político actual de Guatemala, en el que existe una fecha límite impuesta por el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea -30 de noviembre-, el proyecto de ley presentado ayer, dista mucho de parecerse a una creación científica que vendría a conformar una verdadera herramienta de competencia económica, y se asemeja más a aquella creación monstruosa recompuesta de trozos de distintos cadáveres legales que han existido con anterioridad.
En lo que respecta a los aspectos sustantivos, ni siquiera cumple con los principios jurídicos y económicos básicos relevantes, no se diga respecto de las mejores prácticas internacionales. Al leer con detalle sus aspectos institucionales importantes, nos encontramos con: (i) posibilidad de decretar excepciones abiertas e injustificadas por razones técnicas y sin medios de monitoreo y control; (ii) serias limitaciones a su independencia técnica, funcional y financiera, al estar sujeta a una excesiva injerencia y control del Ministerio de Economía; y, (iii) un procedimiento administrativo totalmente ineficaz desde cualquier punto de vista. En algún momento escuché a alguien decir en forma jocosa, que una indebida injerencia del Ministerio de Economía en la autoridad de competencia, sería como dejar al Conde Drácula como responsable de la administración del Banco de Sangre, si se toma en cuenta que dicho Ministerio ha sido una institución que históricamente ha estado bajo incidencia por parte de los principales sectores empresariales del país.
Como he mencionado, al analizar el procedimiento administrativo, encontramos plazos y requisitos totalmente irreales y disfuncionales, debido a que el análisis e investigación económica que sustentan los casos de competencia, son complejos, profundos y conllevan un factor de tiempo considerable. Pareciera que el procedimiento administrativo –con todas sus incidencias-, fue diseñado intencionalmente para no funcionar y carecer de aplicación efectiva.
Concretamente, el referido documento es un intento de resucitar el pestilente cadáver de la iniciativa de ley No. 4426, que en su momento fue centro de innumerables y duras críticas debido a sus falencias en aspectos sustantivos, institucionales y procedimentales, añadiéndole algunos pocos órganos del ante proyecto de ley de competencia que fue preparado por los consultores bajo el auspicio económico del BID (con hilo de cáñamo y aguja capotera). Esta propuesta No. 4426, estuvo muy cerca de pasar a discusión legislativa en el pleno del Congreso de la República, lo cual fue impedido por determinados actores académicos e institucionales que estuvieron dispuestos a trabajar en forma objetiva. Durante el año 2014 y 2015, el BID financió la elaboración de un nuevo ante proyecto de ley de competencia que fue presentado al Ministerio de Economía a finales del año pasado, el cual sin lugar a dudas, contenía la mejor elaboración y diseño técnico desde el punto de vista objetivo, el cual en los subsiguientes meses sería sometido diversas críticas –principalmente por su extensión más que por su contenido-, y finalmente silenciosa y misteriosamente sepultado.
¿Qué es lo que tenemos ahora? El proyecto de Ley de Competencia presentado el día de ayer por el Ministerio de Economía, no es más que una incorporación desafortunada de algunos aspectos sustantivos del proyecto financiado por el BID a manera de parches, sobre los inaplicables y purulentos aspectos institucionales y procedimentales de la iniciativa No. 4426, con todo y varios errores de redacción y edición final. ¿Por qué presentar esta monstruosa recomposición de partes de cadáveres, cuando ya se contaba con un documento verdaderamente técnico y objetivo? Es una pregunta importante, pero supongo que nunca tendremos una respuesta, salvo lo que todos ya sabemos, pero que no se menciona abiertamente.
En un contexto actual, en el que existe una total desconfianza en la institucionalidad del país, -Ex Presidente y Ex Vicepresidenta sometidos a procesos penales, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia despojados de su inmunidad por casos de corrupción y muchos casos más-, nos encontramos con que el Congreso de la República es la esperanza de lograr que el proyecto que se presentó el día de ayer, pueda ser sometido a un riguroso proceso de análisis y enmienda, para que se parezca más a esa creación científica al servicio del mercado, y no a la creación monstruosa de las historias clásicas de terror.
Deben tomarse acciones serias y urgentes para discutir y trabajar en un proceso de cirugía mayor del referido Proyecto de Ley de Competencia, o de lo contrario las consecuencias serán lamentables. Se trata de una propuesta de baja calidad técnica y jurídica, sin ninguna coherencia, que pone de manifiesto una preocupante ignorancia del Derecho de la Competencia, así como de la realidad institucional de Guatemala.
En una época de horas bajas de credibilidad institucional, necesitamos que los verdaderos hombres y padres de la patria se levanten y tengan presente por qué y para qué están sentados en sus curules parlamentarias. Ojalá no se les olvide el trabajo que tienen que hacer, y para el cual han sido llamados. Pase lo que pase, continuaremos trabajando desde lo académico en pos de una Ley de Competencia que se configure en una verdadera herramienta de protección del mercado, no de su regulación y control, como muchos equivocadamente especulan.
Atentamente,
Luis Pablo Cóbar Benard
Instituto de Derecho de la Competencia -IDC-
P.D. Adjunto para referencia y lectura, el proyecto de Ley de Competencia presentado ayer y de la iniciativa No. 4426 que se evidencia por si sola.
Derecho y Políticas de Libre Competencia en América Latina 