En septiembre de 2008 el Ministerio de Economía de El Salvador comenzó a anunciar los precios de referencia de los combustibles. Continúa haciéndolo.

En el artículo “Precios de referencia”, publicado en El Diario deHoy el 23 de mayode 2012 link: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=6923500 ), expresé que esa política perjudicaba a los consumidores. Señalé que “el precio de referencia es el caldo de cultivo para que los competidores acuerden (expresa o tácitamente) el precio de sus productos. Cuando el Gobierno anuncia precios de referencia facilita que los empresarios se ajusten al mismo. Los precios de referencia hacen que la competencia en precios desaparezca. ¿Quién pierde? Los consumidores”.

El 22 de febrero de 2012 la Asamblea Legislativa de El Salvador decretó la Ley de Medicamentos. En ella se estableció que el Estado fijaría el precio máximo de los medicamentos vendidos bajo prescripción.

En el artículo “Ley de Medicamentos y regulación de precios”, publicado en El Diario de Hoy el 27 de marzo de 2012 (link: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=50839&idArt=6767332 ), expresé que para reducir los precios no era necesario regularlos. La solución estaba en la apertura del mercado. Permitiendo las importaciones paralelas “las droguerías que operan en el país se enfrentarían a mayor competencia y esto presionaría a la baja de precios. Sin embargo, en lugar de esto, se decidió usar precipitadamente el último recurso: la regulación de precios”.

Hace unos días se presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de Aviación Civil. Entre otras cosas se pretende reforzar el protagonismo de la Superintendencia de Competencia como un ente que puede avalar la regulación de las tarifas de transporte aéreo.

Se puede sostener que, debido a que el Estado es quien vela por el interés público, es válido que fije precios o determine un precio de referencia. Pero no debemos olvidar que el Estado no es un ente abstracto, sabio y bueno.

En el mundo real el Estado son los políticos que controlan sus instituciones. De manera que el precio de referencia o el precio regulado es el precio de los políticos. Es el que ellos definen desde sus escritorios. ¿Cree usted que los políticos son los mas eficientes y justos administradores de la economía? ¿Acaso los políticos se deben en exclusiva al interés público, y carecen de intereses privados que condicionan sus decisiones?

El mercado tiene fallas y estas deben mitigarse. Pero el señalamiento de las fallas del mercado no debe llevarnos a creer que la panacea está en el Estado. Este también tiene fallas.

En el 2011 Venezuela decretó la Ley de Costos y Precios Justos. Su objeto es regular precios “en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital”. Para aplicar la ley se creó una nueva autoridad, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.

Parece que el modelo no funcionó. Hoy el Estado se endeuda para comprar papel higiénico y el ejército salió de los cuarteles para entrar a los supermercados.

Por eso, cuando los políticos nos ofrecen que la solución es que ellos regulen los precios, los ciudadanos debemos ser escépticos y críticos, y las autoridades que defienden el libre mercado deben pronunciarse con firmeza.

En El Salvador la autoridad encargada de defender el libre mercado es la Superintendencia de Competencia (link: http://www.sc.gob.sv ). Es ella quien hoy debe evaluar el impacto de las intromisiones del Estado en materia de precios (i.e. medicamentos, combustibles), y pronunciarse sobre las iniciativas que se proponen en esa misma dirección.

Además, la superintendencia debe evitar que se le utilice como un avalista de las regulaciones de precios. Sería contrario a su naturaleza. La  Superintendencia de Competencia es eso, de Competencia, no una Superintendencia Nacional de Costos y Precios.

Daniel Olmedo

Twitter: @dolmedosanchez