Efectivamente —y como ya lo comentó el ‘bloggero’ más rápido de América Latina, Juan David— la semana pasada el presidente de México, Felipe Calderón, envió al legislativo una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. En el transcurso de los próximos días, estaré participando en diversos foros en la Ciudad de México con el objeto de discutir algunos de los aspectos contenidos en esta iniciativa. Hay diversos aspectos del documento presentado por el presidente Calderón que necesitan ser discutidos con detenimiento, pero en estos momentos sólo me gustaría comentar brevemente sobre algunos de los aspectos de carácter operacional contenidos en esta iniciativa —en los próximos días, espero ir abordando paulatinamente los otros aspectos de esta reforma.

En el tema referente a las medidas para eficientar las actuales tareas de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y hacerlas más transparentes destacan, en mi opinión, dos temas. En primer lugar, se encuentra la medida que obliga a todos los comisionados de la CFC  a motivar sus votos. Si bien es cierto que esta medida tiene implicaciones importantes para el tema de transparencia al interior de la Comisión, yo creo que su mayor impacto está relacionado con la posibilidad de empezar a generar una sólida doctrina de competencia económica en México. La razón es sencilla: en la medida que cada voto se motive (y sea dado a conocer a la opinión pública), será posible conocer con precisión los razonamientos y los factores que estuvieron involucrados en cada una de las decisiones tomadas por los comisionados. Esta motivación, a su vez, permitirá a los agentes económicos tener mayor certidumbre sobre cómo y porqué se toman ciertas decisiones en áreas clave de la economía. Naturalmente, y en la medida que estas decisiones tiendan a ser consistentes a través del tiempo, será posible avanzar en la constitución de una sólida doctrina de competencia económica en México.

En segunda instancia, se encuentra la propuesta de que el Secretario Ejecutivo de la CFC sea designado por el Pleno —el cuerpo decisorio de la CFC. En cierto sentido, esta medida tendrá un impacto importante en el mejoramiento de los canales de comunicación y colaboración entre la estructura técnica de la Comisión (las Direcciones Generales) y el Pleno en su conjunto. En la actualidad, la comunicación y colaboración entre el equipo de apoyo de los comisionados y la estructura técnica de la Comisión es extremadamente pobre y eso ha generado un desfase importante en materia de criterios de evaluación entre los cuerpos ejecutorios y decisorios de la Comisión.

Yo creo que el Congreso no tendrá mayores objeciones para la aprobación de las medidas que tiene un impacto directo sobre los estándares de transparencia de la Comisión. De hecho, la CFC ha venido trabajando en los últimos meses en una consulta pública para avanzar sobre este tema. Los temas que creo estarán sujetos a mayor debate serán los relacionados con el nivel de las sanciones económicas, la posibilidad de instaurar sanciones penales por incurrir en ciertas prácticas monopólicas y también el tortuoso tema de generar nuevas instancias de apelación (tribunales administrativos) en el proceso litigioso de los temas de competencia. En próximas entregas, estaré comentando sobre algunos de estos otros aspectos.