De la reposición a la reparación y de la observación a la acción

Serie: Iniciativas que Abinader debe emular de Biden para promover la competencia.

El otro día leí que se produjo más basura en los últimos cuarenta años que en toda la historia de la humanidad. Tiramos absolutamente todo. Ya no hay zapatero que remiende un zapato, ni colchonero que sacuda un colchón y lo deje como nuevo, ni afiladores por la calle para los cuchillos.

Me caí del mundo y no sé por dónde se entra, 2014.- Eduardo Galeano

Conforme el aviso publicado por la Casablanca acerca de la Orden Ejecutiva del presidente Biden para promover la competencia en los EE. UU. (“OE”), se llevarán a cabo iniciativas claves en los siguientes mercados: el laboral, el de salud, los de transporte, en el agrícola, en los servicios de Internet y en el mercado de las plataformas dominantes digitales.

Esta semana, una de las primeras iniciativas de la OE ha sido lanzada por la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. (“CFC”) para esa jurisdicción. En una votación unánime, los comisionados de esa agencia gubernamental redoblarán la aplicación (enforcement) de la ley contra las llamadas restricciones ilegales, para prevenir que, a los pequeños negocios, a los trabajadores y a los consumidores se les prohíba reparar sus propios productos.

De acuerdo con el criterio del órgano rector de la CFC, las dificultades impuestas por los fabricantes hacen extremadamente difícil a los adquirentes reparar sus productos o buscar otras opciones de reparación que lo haga por ellos. Según el criterio de los comisionados, plasmado en esa declaración de política regulatoria, esas prácticas violan por igual las leyes antimonopolios y la de protección al consumidor estadounidenses. La CFC es el órgano regulador de ambas.

En mayo, según comunicado de la CFC, esa entidad detectó y reportó al congreso de los EE. UU. que los fabricantes utilizan una variedad de métodos que incluyen cláusulas de adhesión para dificultar el reemplazo, limitando la disponibilidad de partes y herramientas, o no haciendo disponibles los softwares de diagnósticos, para complicar los servicios de reparación y mantenimiento independientes.

El mismo informe de investigación detectó que esa escasez ha encarecido la economía de las personas y de los negocios. Las conductas restrictivas las realizan tanto los fabricantes como los vendedores y la cantidad de modalidades en que incurren, de acuerdo con la CFC, es numerosa.

El daño social es grave. Lina Khan, comisionada presidente de la CFC, afirmó que este tipo de restricciones ha aumentado el costo de la vida de los consumidores, reducido la innovación, incrementado innecesariamente los desechables electrónicos, retrasado los tiempos de reparación y disminuido la resistencia de los negocios.

Entre las prácticas identificadas por la CFC, se mencionan las ventas atadas de producto y garantía de servicios, expresamente prohibidas en una legislación estadounidense denominada ley Garantía Magnuson-Moss, salvo autorización previa de esa agencia reguladora.

Esta misma semana también, The New Yorker entrevistó a Tim Wu a propósito de la OE. El abogado es el asesor de Biden en este esfuerzo y dijo a la revista que: parte del esfuerzo es traer de nuevo el derecho antimonopolios como un movimiento popular, en lugar de una cosa abstracta y académica. Es grato coincidir en ese aspecto con el artífice de la OE. El año pasado escribí en esta columna el artículo Derecho de la competencia que la gente entienda y reclame. Tim Wu, abogado artífice de la Orden Ejecutiva de la Administración Biden para promover la competencia.Tim Wu, abogado artífice de la Orden Ejecutiva de la Administración Biden para promover la competencia.

En lugar de publicar observatorios de mercado, una práctica administrativa alejada del principio de buena administración se debe pasar a la acción. Realizar esos informes es necesario en la unidad análisis interna de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (Procompetencia) correspondiente. Publicarlos, no es una atribución reglada por la Ley núm. 42-08, General de Defensa a la Competencia por demás de interpretación estricta en su dimensión punitiva.

Esa ventilación prejuzga la conducta de los agentes económicos a quienes se refieren los observatorios; en muchos mercados, básicamente el observatorio está describiendo a una empresa o grupo pequeño de ellas claramente identificables. La publicidad de ese instrumento lo convierte en acto administrativo impugnable y no es evidente la contribución de la difusión de su contenido (no así del ejercicio interno en sí mismo) al objeto de ley.

Observar no corrige las distorsiones en los mercados. Solo la oportuna y certera intervención del Estado dominicano en la economía siguiendo las reglas del debido proceso, abona con eficacia al propósito perseguido por el legislador.

Todo estudio oficial que no incluya evidencia o al menos la prueba indiciaria de prácticas anticompetitivas cae en el terreno de lo especulativo y afecta a las partes a las que se refiere. Si un informe las tuviese, en lugar de airearlas públicamente y darle oportunidad al infractor a destruir la evidencia de su culpabilidad, estos informes deberían salir a la luz junto con el acto de apertura de la investigación de oficio correspondiente, como respaldo de la fiscalización.

Para modificar ese estilo de gestión, que no se traduce en ningún resultado concreto, el presidente dominicano, en su calidad de jefe de la política económica, sin menoscabar la autonomía funcional de los órganos reguladores de mercado, puede estimular diversas iniciativas. Respecto a la comentada en esta ocasión podría:

  1. Ordenar un estudio de impacto del mercado del servicio de reparaciones que, a diferencia de los observatorios, sea integral y revele posibles violaciones a la ley. No sorprendería el hallazgo de prácticas parecidas a las identificadas por la CFC. El estudio debe identificar si existen zonas grises o escenarios de indefensión en la legislación vigente.
  2. Requerira Procompetencia, reforzar el enforcement, en la medida en que se configuren las causales de violación de la Ley núm. 42-08 en ese mercado. Por lo pronto, las ventas atadas están tipificadas en la Ley núm. 42-08. En el caso de Pro Consumidor, es tiempo de promover una reforma legal para darle una de adecuada y expresa potestad sancionadora a ese organismo.

Adicionalmente, y siguiendo la exhortación de Tim Wu, de humanizar el tema, invito a leer el texto de Eduardo Galeano (1940-2015). En 2014, el uruguayo publicó bellas líneas sobre la merma a la unidad familiar y comunitaria que se esfuma con la sustitución de bienes que forman parte de la historia de los hogares, los barrios y las ciudades. Abajo dejo un enlace a la versión audible.

Al margen del impacto negativo de la fabricación e invención no responsable en el planeta y la economía, parecería que las cosas nos poseen a nosotros y no al revés.

La Administración Biden denuncia que hemos sido víctimas de un impulso salvaje de la oferta con acciones que deben someterse a legalidad. El Estado dominicano no debe conformarse con solo observar probables fenómenos nocivos en el bienestar de las personas y con un deficitario enforcement. La fabricación y los servicios de posventa socialmente responsables se estimulan con la acción directa y oportuna de la autoridad.

El presidente Abinader nos puede lanzar un cable a tierra para que ningún dominicano diga: Me caí del mundo y no sé por dónde se entra.

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