Al respecto de los acontecimientos actuales sobre competencia en Guatemala, estamos en el año de la verdad, en el que se supone que deberá aprobarse una Ley de Competencia Económica por parte del Congreso de la República, a más tardar el 30 de noviembre. En el año 2015 el Ministerio de Economía contrató a un equipo de expertos –del cual tuve el honor de formar parte-, para formular la Política Nacional de Competencia y su respectiva Ley de Competencia, dentro del cual se tomaron como modelos el caso de México, El Salvador y Chile, cada uno con sus virtudes y características propias, económicas, culturales y sociales. Y es que cada modelo es único, imposible de importar o exportar para aplicarlo en otra latitud como si fuera un calco.

Esta semana estuvo en Guatemala el distinguido economista Jorge Fantuzzi, quien vino a compartir su conocimiento y experiencia desde la óptica de la cultura e idiosincrasia Chilena, la cual reconozco como admirable, respetable y digna de imitar. Como mencioné al inicio de estas líneas, el modelo chileno fue utilizado como ejemplo para generar la propuesta de Ley de Competencia de Guatemala. Según el diario Siglo XXI, Fantuzzi declaró para el caso de Guatemala: “que la experiencia en distintas naciones señala que la normativa de competencia pasa por un proceso natural de maduración, por lo cual no es necesario tratar de aprobar una ley perfecta, pero que si tenga los elementos básicos para la defensa del consumidor y fomentar la competencia entre las distintas empresas”.

Al respecto, debo manifestar mi acuerdo, pero también mi enfático desacuerdo sobre las citadas declaraciones. En primer lugar, es lógico que las leyes evolucionen y estén sujetas a procesos de maduración, particularmente las normas sobre competencia cuyo contenido económico y relación con la empresarialidad es innegable. Ahora bien, disiento totalmente en relación a que debemos contar con una ley con elementos básicos para la defensa del consumidor y fomento de la competencia.

La comprensión de la expresión “elementos básicos” toma distintos matices, dependiendo de la opinión o interés de cada quien. Si le preguntamos qué entienden por “elementos básicos” a los directivos, asesores legales y económicos de ciertas industrias, y a ciertos funcionarios públicos inclusive, obviamente nos dirán que una ley de contenido “básico” implica excepciones sectoriales, ausencia de penalidades, sin control de concentraciones, sin autoridad de competencia, sin procedimiento de investigación, sin nada, en fin… no quieren una Ley de Competencia bajo ninguna circunstancia. Es para ellos como la fea de la fiesta con la que nadie quiere bailar.

Quizá en la República Chilena sí funciona una ley con principios generales, porque existe la cultura de respeto al marco de competencia a todo nivel, pero ciertamente Guatemala no es igual que Chile. A nuestros funcionarios no se les puede dar libertad, porque se convierte en arbitrariedad, no se les puede librar de un horario de trabajo, porque entonces nunca llegan a trabajar, no se les puede dar libertad de nada, porque la convierten en libertinaje. Lo mismo sucede con ciertas industrias y sectores, pues siempre buscarán mantener sus privilegios y evitar la competencia a toda costa.

Qué pensarían ustedes si tienen un hijo pequeño al que le dedican esfuerzo constante para que aprenda a leer, escribir, sumar, multiplicar, otros idiomas, ciencias sociales y muchos otros conocimientos para que se convierta en un hombre de bien, pero luego aparecen los abuelos consentidores diciendo que basta con que sepa las vocales pues con eso será suficiente para que sea alguien en la vida. Creo que eso a todos nos sorprendería y nos generaría cierto grado de molestia con los bien intencionados, aunque ingenuos abuelos. Lo mismo me sucede con la declaración del respetable economista, pues mi país, mi Guatemala no saldrá adelante con solo saber las vocales, merecemos la oportunidad de algo mejor.

Una Ley de Competencia básica en Guatemala no generará cultura ni evolución, sino que será una anécdota más, un recuerdo, y será fuente de arbitrariedades y capturas políticas. Me da un poco de pena, pero debo admitir que se necesita de entrada una ley fuerte, que precisamente cumpla el objetivo de desincentivar la comisión de prácticas restrictivas de la competencia, a través de sanciones determinantes, entre otras herramientas, sin descartar los remedios y medidas no necesariamente sancionatorias, como la promoción de la competencia.

Mucho cuidado abuelitos, porque luego mi hijo a quien amo, tomará tus ideas como la mejor excusa para no hacer las cosas bien, para ser haragán y se creerá que con saber la vocales podrá ir a la universidad…(y ciertamente eso es exactamente lo que está pasando con Guatemala).

Luis Pablo Cóbar Benard

Instituto de Derecho de la Competencia