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Seminario en Economía y Derecho de la Competencia organizado por la CNDC de Argentina, la Universidad de San Martín y UNCTAD

26 agosto, 2014

El seminario tendrá lugar entre el 15 y el 19 de septiembre de 2014 y disertarán miembros de la CNDC, OCDE, UNCTAD y de las autoridades de competencia de Suiza, España e Italia.

 

 Abajo copio los datos principales del programa:

 

Lugar de realización

Escuela de Economía y Negocios

Sarmiento 1853, Capital Federal, Argentina.

 

CRONOGRAMA Y DISERTANTES

15 de Septiembre

11 hs. Acto de Apertura.

Av. Julio A Roca 651, Planta Baja, Capital Federal

Ricardo Napolitani,  Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia – CNDC, Argentina

Marcelo Paz, Decano de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín

Juan Luis Crucelegui,  Senior Legal Officer  UNCTAD

Frederic Jenny, Presidente del Comité de Competencia de OCDE

José María Marín Quemada,  Presidente de la Comisión Nacional de Mercados Y Competencia, CNMC, España

Rafael Corazza, Presidente de la Autoridad de la Competencia, Suiza

 

14.30 hs.

Frederic Jenny. OCDE.

Competencia en la era de la Globalización.

15.45 hs.

José María Marín Quemada. Comisión Nacional de Mercados  y Competencia (CNMC) España. Una nueva visión de la competencia  y la supervisión regulatoria: el caso de la CNMC. España.

17.00 hs.

Rafael Corazza. Autoridad de la Competencia. Suiza.

Métodos para detectar manipulaciones en licitaciones públicas.

18.00 hs.

Pierre Horna. UNCTAD.

Análisis Económico en casos de competencia. Experiencia latinoamericana.

 

16 de Septiembre

10:00 hs.

Juan Luis Crucelegui. UNCTAD.

Sanciones y remedios en temas de aplicación de ley de competencia. Experiencia Europea.

11:15 hs.

Silvia Babnik. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. (CNDC) Argentina.

Ley de Defensa de la Competencia 25.156. Tribunal de Defensa de la Competencia y Comisión Nacional de

Defensa de la Competencia. Facultades. Procedimiento. Sanciones. Casos. Parte I.

12.30 hs.

Diego Oribe. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. (CNDC) Argentina.

Ley de Defensa de la Competencia 25.156. Tribunal de Defensa de la Competencia y Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Facultades. Procedimiento. Sanciones. Casos. Parte II.

 

17 de septiembre

10:00 hs.

Andrea Barone. Autoridad de Defensa de la Competencia. Italia.

El concepto de neutralidad de la red: ambiguedad  e intentos de regulación.

11:15 hs.

Jorge Pereda. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. (CNDC) Argentina. Fundamentos Microeconómicos del Antitrust y Poder de Mercado. Parte I.

12.30 hs.

Martín Ataefe. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. (CNDC) Argentina. Fundamentos Microeconómicos del Antitrust y Poder de Mercado. Parte II.

 

18 de septiembre

10.00 hs.

Andrea Barone. Autoridad de Defensa de la Competencia. Italia. Los casos antitrust de Google en el mundo. Parte I.

11.30 hs.

Andrea Barone. Autoridad de Defensa de la Competencia. Italia. Los casos antitrust de Google en el mundo. Parte II.

 

19 de septiembre

14.30 hs.

Ariel Ezrachi.Universidad de Oxford

Carteles, desafíos legales y herramientas aplicables. Coordinación y conclusión tácita. Abuso de posición dominante. Parte I.

15.45 hs.

Ariel Ezrachi.Universidad de Oxford

Carteles, desafíos legales y herramientas aplicables. Coordinación y conclusión tácita. Abuso de posición dominante. Parte II.

 

INSCRIPCIÓN

Actividad arancelada. El pago se realiza a través de transferencia bancaria.

Inscripción telefónica: (+54) 11 4580-7250 int 107 o vía email: griselda.corrales@unsam.edu.ar

 

Reunión CEDEC: “Compresión de Márgenes (Margin Squeeze) en el mercado de las telecomunicaciones”

22 agosto, 2014

“Estimados señoras y señores,

El Centro de Estudios de Derecho de la Competencia quiere invitarlos a asistir a nuestra reunión mensual de julio, sobre libre competencia y telecomunicaciones, titulada: “Compresión de Márgenes (Margin Squeeze) en el mercado de las telecomunicaciones y la (in)debida articulación que existe entre la regulación ex ante (regulación de mercados) y la regulación ex post (derecho de la Competencia)”.

La reunión será dirigida por Camilo Ossa, abogado y especialista en derecho público de la Universidad Externado de Colombia, con Master en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca. Podrán encontrar muchos de los artículos de nuestro conferencista en esta página web: http://works.bepress.com/camilo_ossa/

La reunión se llevará a cabo el jueves 28 de agosto de 2014, en la Sala de Audiencias del Edificio Gabriel Giraldo de la Pontificia Universidad Javeriana, ubicado en el primer piso de la Calle 40 No. 6-23, a partir de las 7:10 a.m.

Esperamos su asistencia y su pronta confirmación.

Cordialmente,

Natalia Fernández

Coordinador
Centro de Estudios de Derecho de la Competencia

“Acuerdos entre competidores prohibidos por la Ley de Competencia de El Salvador” Arrieta, 2012

11 agosto, 2014

Lilliam Arrieta de Carsana es una de las abogadas Latinoamericanas más entusiastas del derecho de la competencia que conozco personalmente. Tuve la oportunidad de conocerla hace años cuando, de paso por Bogotá, asistió a una reunión del CEDEC. Desde entonces siempre me ha mantenido al tanto de las actividades académicas que tienen lugar en El Salvador.

Recientemente, recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), por su tesis doctoral. Se trata de un documento robusto, de más de 400 páginas y una larga bibliografía, titulado “Regulación de los Acuerdos entre Competidores en El Salvador“. El mejor reconocimiento que puedo hacer a la trayectoria de la doctora Arrieta es poner a disposición de todos los interesados en el derecho de la competencia de América Latina su investigación a través de este blog. Contamos con que este será uno de muchos logros académicos y que la doctora Arrieta seguirá contribuyendo con la literatura de su país y de la región.

Carteles y programas de delación, un contexto para el caso del cartel de los pañales

6 agosto, 2014

El día de ayer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia  informó que por primera vez en la historia formuló cargos por violación de las normas de protección de la competencia gracias a la implementación del programa de beneficios por colaboración (también conocido como programa de delación, inmunidad o clemencia).

Según el comunicado de prensa de la SIC, que puede consultarse acá, la autoridad ormuló “Pliego de Cargos contra 5 empresas por cartelización empresarial para aumentar los precios de los pañales desechables para bebé” y también vinculó a la investigación a 44 personas naturales entre directivos y empleados.

Vale la pena transcribir algunos apartes del comunicado de prensa para entender la dimensión del caso, rotulado por los medios de comunicación como el “cartel de los pañales”:

  • El PLIEGO DE CARGOS se formula después de que la Superindustria inspeccionara a varias empresas, y que 2 de ellas, se acogieran al Programa de Beneficios por Colaboración, confesaran su participación y aportaran las pruebas sobre la existencia, funcionamiento y seguimiento del cartel empresarial (e mails, documentos, testimonios y declaraciones juramentadas).

  • Es la primera vez en la historia de Colombia que la autoridad de competencia suscribe acuerdos de colaboración con empresas que deciden delatar la existencia de un acuerdo anticompetitivo.

  • El mercado de pañales desechables para bebé en Colombia, en los últimos 15 años, ha tenido ventas por más de siete punto siete billones de pesos (7.7 billones), en la venta de más de once mil trescientos millones de pañales (11.300 millones de pañales).

  • En Colombia, más de 2 millones de bebés usan pañales desechables; se venden más de medio billón de pesos al año (0.5 billones) representados en más de mil millones de pañales (1.000 millones).”

A raíz de esta noticia he decido compartir con ustedes unos apuntes que tomé el 20 de marzo de 2014, en una reunión del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia- CEDEC en el cual el profesor Alfonso Miranda entrevistó a Scott Hammond. Hammond fue el director de la división de protección de la competencia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de 2005 a 2013; entre otros, se encargó de revisar y fortalecer los programas de delación.

La entrevista duró casi hora y media, se realizó en Inglés, y puede consultarse acá y acá. A pesar de que existe registro completo de la entrevista, consideré pertinente compartir mis apuntes en Español pues permiten tener una primera aproximación a la lucha contra los carteles y en particular al contexto de la herramienta de los programas de beneficios por colaboración.

Advierto que como son apuntes, no se trata de una transcricpión literal de la entrevista y cualquier error en la traducción es mi responsabilidad.

Apuntes entrevista a Scott Hammond

Pregunta Alfonso Miranda/ En el derecho de la competencia colombiano desde 2012 una conducta anticompetitva es criminal solo para los casos de colusión en licitaciones. Su introducción está relacionado con el problema de la corrupción y se utilizó la  ley de competencia como instrumento para combatirla. Sin embargo, no se sabe como la leyes de competencia van a funcionar con ley criminal y el enforcemnt criminal. ¿Como funciona en EEUU?

Responde Scott Hammond/ La venataja de que ña autoridad de competencia es única (Dívisión Antitrust del DOJ) que hace parte del Depertamento de Justicia , es que investiga casos y si hay suficientes pruebas presenta el caso ante las Cortes.

Hay una separeacion de investigador y juzgador, lo cual  tamben trae dificiultades. Canadá lo ha sorteado muy bien, pues los diferentes actores trabajan muy cerca, como un guante. Brasil también es muy buen ejemplo de coordinación.

Puede haber sanción administrativa y seperadamente una penal, como ocurre en Alemana y Francia.

En EEUU van por hard core cartel activity, todas las restricciones horizontales tales como acerdos de precios, colusión de licitaciones y division de mercado.

P/ ¿Qué es hard core?

R/ Solo conductas horizontales, que sin ambiiguedad son anticompetitivas. No importa tamaño de merccado o daño a consumidores.

P/ ¿Qué casos toman?

Conductas consideradas hard core. Se discute si hay suficientes pruebas, más allá de duda razonable y se aplica una alto estandar para la prueba.

P/ ¿Cuánto toma la investigacion?

R/ Varía según cada caso, número de empresas y de individuos, pero puede tomar 2 años desde el comienzo de la investigación hasta la presentación de la demanda.

P/ ¿La decision es apelable? (ante juez federal)

R/ Casi siempre termina en “guilty pleas” y por eso hay acuerdos que luego no son cuestionados por los demandados.

P/ ¿Si el estandar criminal no se cumple, entonces el DOJ no va por acción civil?

R/ Si no pasa el estandar, no hay demanda.

P/ No siguen a lo civil. ¿Por qué dejan pasar conductas no criminales que podrían ser sancionadas civilmente?

R/ Muy importante tener “birght line rules”, la gente puede perder lla ibertad en estos casos. La gente debe tener claro cuándo cruzan las lineas.

Si el DOJ fuera por penal y civil por la misma condcuta, entonces se perdería el mensaje de que la conducta es criminal.

Además las victimas pueden presentar su caso civil en el cual estas buscan indeminacion por daños triples.

P/ ¿Que tipos de sanciones se aplican?

R/ Es severo, la´máxima es de 10 años de cárcel, el promedio en los últimos cinco años es de dos años. Multas hasta 300,000 dólares para personas, y las corporaciones 100 millones de dólares. Pero el DOJ logra mayores multas con el alternativa “punishment statute” y llega hasta 500 millones de dólares.

P/ ¿Una persona natural podría tener 10 años de carcel, luego la compañía una multa de 100 milllones de dóláres y luego las víctimas pueden obtener indemzniación?

R/ Sí, eso es lo que pasa con los grandes casos.

P/ ¿La aplicación criminal debería ser estandar para toda jurisdicción?

R/ No, hay algunas jurisdiciones que no están listas.

Debe haber capacidad institicuional para adelantar caso criminal.

Pero sí creo que es el método más disuasivo para la actividad de careteles. Es un robo, es un fraude a los consumidores y debe ser tratado como crimen financiero. Y pueden llegar a cuasar mayor daño que los crímines tradicionales.

El modelo deñ DOJ no es la regla en el mundo occidental, a pesar de que muchas jurisidcciones están llegando a lo criminal.

Los carteles internacionales a finales de los 90s, cuando por primera vez comenzamos a encarelar ejecutivos por fuera de EEUU tuvo un valor enorme. Los carteles internacionales pararon en la frotnera de EEUU porque les preocupaba la cárcel. Estos carteles son lidaerados por personas muy sofisticadas que son capaces de hacer el cálculo del riresgo y la pena criminal, lo cambia la ecuación dramátciamente.

P/ Desde la aprobación de la Ley 1340 de 2009, Colombia cuenta con un programa de delación.  Aun no hay casos terminados, pero tenemos camino que seguir para saber como va a funcionar. ¿Cuñal es la importancia del programa de lendidad en EEUU? ¿Cuáles son los pilares de un efectivo programa?

R/ El programa en el DOJ desde 1978 hasta 1993 rara vez fue usado. No fue exitoso, porque carecíaa de predecinilidad y transparencia.

En 1993 se revisó para hacerlo preedecible y transparente. Se cubrió a los individuos, no solo empresas. Esos cambios transformaron el progfama anticartel de DOJ y de todo el mundo.

El éxito del DOJ llevo a Canadá y UE a adoptar la lendidad. Hoy casi todas las autoridades significativas tienen programa lenidad muy similar al de EEUU.

Pero, no todos funcionan.

Hay tres pilares de un programa (“cornerstones”) y los tres son necesarios.

1) Para que sea efectivo, debe tener confianza en la justicia en su aplicación y porque es la mejor opciòn.

Luego se necesitan sanciones duras para que haya miedo, más incentivos que las sanciones civiles. En UE no tienen criminales, pero sí multas muy severas.

2) Debe haber un riesgo de detección de la conducta y la capacidad para llevar un caso exitosamente.

3) Tiene que haber transparecnia y predictibilidad en su aplicación. De lo contrario, nadie llegará a reportar conducta.

Es muy dificil, los fiscales tienen “prosecutorial discretion”.

La aplicacion de buena fe del programa es crìtico.

Es dificil llegar a ello, por que las autoridades no tienen “track record”. Japón sí lo tuvo desde el primer dia del programa, Allá se creia que había temas cultuales y legales que no lo harian viable. Pero el JTFC es una gran autoridad, execpional, tenía un excelente chariman, y él entendió que necesitaba para hacerlo efectivo. Trabajó desde antes para tener los tres pilares. Mandó mensaje desde antes que se involucraría en grandes casos cirminales, aumentó sanciones, fortaleció poderes de investigación, diseñó programa transparencia.

Y literalmente cuando comenzaron tenían una cola en su puerta de gente esperando por aplicar.

 

P/ ¿Qué tan frecuente es?

R/ La mayoría de los casos hoy en día comienzan con aplicaciones de lenidad.

Otro de los cambios en el 93 se permitió la lenidad antes de investigar y durante la investigación, con la condición de que fuera la pimera empresa en aplicar y que la autoridad no tuviera suficientes pruebas.

 

P/ ¿Qué tanta información se publica?

R/ No, no es público. La DOJ es estricta en confidencialidad, la identidad del aplicante y su implicación en la conducta. La excepción ocurre en los litigios que llegan a la corte, el debido proceso requiere que se descubra evidencia a los acusados, lo cual incluye al testigo que recibe inmunidad y el acuerdo que así lo dispone.

 

P/ ¿Qué pasa con los derechos fundamentales de otras empresas? ¿Cómo hacen los otros acusados?

R/ Tienen derecho a defenderse, tienen el derecho de que si es acusada formalmente criminalmente, a declararse no culpable e ir a juicio ante un jurado. Ahí tendrá acceso al expeidiente del DOJ, incuyendo los documetnos del aplicante así como su testimonio y demás pruebas y toda promesa hecha al aplicante por la DOJ  para asegurar inmunidad.

Pero esta es la minoría de los casoss, porque las pruebas de DOJ son muy sólidas. No todos se declaran culpables, porque en efecto hay casos que presentan al DOJ donde puede no haber conducta, pero generalmente todos los sueteos de la investigación se declaran culpables.

En todo caso hay incentivos (reducción de sanciones) para las siguientes compañías que declaran en lenidad. Estas se reducen a medida que avance la invetigaciones, pues el valor agregado se reduce.

En todo caso la Corte reconocerá reducción si el investigado reconoce culpabilidad.

 

P/ ¿Hay casos en los cuales las personas naturales van contra su emprsea?

R/ Si, puede pasar. Hay un programa de lenidad para personas.

No es muy frecuente. Puede delatar a su compañía y las condiciones son similares, tiene que ser el primero y no el organizador.

Pero es importante así no sea frecuente, porque fortalece el “corporate leniency program”. Cuando la compañía analiza riesgos, la compañia tiene en cuenta que si no reportan, de pronto alguno de sus ejectuvos lo hará. El calcúlo de los individuos es diferente, pues tienen en mente la cárcel.

En todo caso, en este programa los interess de la compañía y de los individuos están alineados. Esto hace al programa más generoso y atractivo, porque todos se pueden beneficiar. Además, si la compañía quiere saber qué pasó, lo normal es que la misma compañía está interesada en llegar al fondo. Es más facil llevar a cabo una investigacion interna en este contexto. Incentiva a los indivudos a cooperar con la misma compañía.

 

P/ Hay inmunidad para la compañía por lo criminal, pero ¿qué pasa con el litigio civil?

R/ La compañia evita el itigio criminal con el programa, evita la declaración de una culpabilidad penal, no afronta cargos criminales, 0 multas ( el año pasado hubo 1 billon en multas), todos los empleados también se benfician igualmente.

Ahora, si el caso se hace público, con cerrteza hay colateral civil.

En el 2004 pasó una ley para inducir más aplicaciones, y lo que hizo fue hacer el daño simple no tripe. Entonces la exposción ya no es triple, sino simple. Se eliminó el “joint liability” para el aplicante.

Los daños triples no se limitan a la conducta de clientes propios, pero por los daños de todo el cartel.

 

P/ Teniendo en cuenta el daño reputacional, ¿puede la compañía salir bien librada después de la aplicación? ¿Puede salvar su cara?

R/ Depende de la cultura. Donde hay una cultura de “compliance” como EEUU.

Hay algo común en las compañías que están involucradas, las empresas quieren pasar la página. Si la compañía cree que hay evidencia y que hubo prácitca anticompetitiva, van a quererar pasar la página, no seguir litigando, quieren poder seguir sus negocios, estar en paz,

Está en mejor posicion para negociar con las victimas y hacerlo mucho antes que las compañías que no aplicaron y que aún están pendientes de saber que pasará con ellos.

P/ Hablemos de la aplicación extraterritorial de las normas y de las extadiciones.

R/ A comienzos de los 90s el DOJ buscaba a otras autoridades a través de cooperación, pero no pasaba, por mucho les devolvían las llamadas. Ha cambiado dramáticamente porque hay conesnso de lo dañino que son estas conductas.

El caso de las lisinas cambió el panorama. El DOJ y FBI al encontrar un cartel internaiocnal, demostró el poder internacional de los carteles. La película es muy precisa al contar la historia. Un par de ejecutivos podían determinar el precio en el mundo, centavo por centavo, haciéndolo efectivo al otro día.

Resultó en multa 7 veces mas grande que otra anterior, hubo carcel para ejcutivos incluso por fuera de EEUU.

No solo eran víctimas de EEUU sino de todo el mundo. Editaron un video de lo que ocurría y lo presentaron en la OECD, lo entregaron a académcios, y a la fecha siguen pidiendo la grabación

En el caso de ejecutivos de Asia en caso el LCD, no fueron extraditados, sino que ellos fueron volutntariamente hasta EEUU y se entregaron. ¿Por qué lo hicieron? Debe ser una decisión intensa y personal, pero hay unas 75 personas que lo han hen voluntariamente de una docena de paises. Y lo hacen porque saben que la alternativa es peor, entienden que el mundo cayó, que no van a poder pasar la página si no lo hacen.

 

P/ ¿Habrá Colombianos extraditados?

R/ La extradicion podría ir para los dos lados si se trata de conducta de colusión de licitaciones. Pero solo es hipotético.

El DOJ no diferencia por nacionalidades, sino que buscan carteles internacionales porque son los que más impacto pueden tener.

P/ ¿Qué pasa con el FTC  y los procesos administrativos?

R/ Acá no hay doble jurisdiccion, en lo criminal solo va la DOJ.

Hay autoridad compartida para conductas unilaterales, integraciones. Pero en lo criminal solo recae la jurisdicción en el DOJ.

P/ ¿Recomienda aumentar a otras conductas anticompetitivos como delitos en Colombia?

R/ Es raro para mi que la colusión en licitaciones sea criminal pero que otras formas de cartelizacion no sean criminales.

Pero esto ocurre en otras juridiccciones, quizá sligado al concepto de corrupción.

Mi consejo es revisar lo que ha pasado en Brasil por ser una historia de éxito. Es muy dificil hacer la transicion. Se necesita madurez de autoridad de competencia.

Pero podria pasar que si se pasa todas las conductas de cartel a lo criminal, entonces baje el enforcement si los fiscales no tienen tiempo y recurosos para investigar.

Esto no fue lo que pasó en Brasil, porque la autoridad de competencia trabaja en recutuar y educar a la policía judicial y trabajar de la mano con ellos. Han creado laboratorios forenses para la policía judicial. Se benefician de la percecpión de sanciones criminales, lo cual ha aumentado aplicaciones a lenidad,

El programa de lenidad se ha convertido en una herramienta investigativa tan fuerte, porque es percibida como la más efectiva y las sanciones criminales pueden ser el incientivo más grande para aplicar a ellos, a parte de disuadir, excepto cuando la autoridad prosecutora (fiscales) no es clara en cuanto a que respetará el acuerdo con la autoridad de competencia. Se requiere predecitbilidad tanto de la autoridad de competenecia como de fiscales.

P/ ¿Hay vida para las compañías después de la aplicación a la lenidad?

R/ No es que no pase nada, habrá exposición financiera, pero es mejor dejar el tema atrrás.

P/ ¿Serán nuevamente Presidentes o Miembros de Junta Directiva?

En EEUU no mantendrán su trabajo, las compañías hacen “clean house” generalmente en estos casos, pero es más fácil así buscar otro trabajo si no tienen pena criminal o tiempo en la cárcel.

…Sí hay vida despues de leniency.

“Essential Inputs and Antitrust Barriers in the Mexican Economic Competition Regime” por Pavón-Villamayor

6 agosto, 2014

En un artículo titulado “Essential Inputs and Antitrust Barriers in the Mexican Economic Competition Regime“, mi colega y amigo Víctor Pavón-Villamayor, analizó dos de los nuevos conceptos económicos de la nueva ley federal de competencia económica de México: las barreras de entrada y los insumos esenciales.

El artículo de 6 páginas fue publicado en la revista “Antitrust Chronicle” del “Competition Policy International (July 2014, No. 1). Pueden descargarla haciendo clic acá y por supuesto no dudo en recomendarles que lo lean.

Reportes 2014 de la OCDE sobre competencia en países de América Latina

4 agosto, 2014

Esta mañana recibí un amable mensaje de Juan Antonio Rivière que compartía varios documentos preparados por la OCDE sobre asuntos relacionados con las políticas y el derecho de la competencia en nuestra región. Aprovecho para compartir con ustedes, tres de esos documentos, que enuncio abajo y que pueden descargarse libremente. Los reportes abordan los sigiuentes temas: el control de concentraciones , la definición de los mercados relevantes en el sector de telecomunicaciones y la colusión en licitación públicas.

Curso sobre acuerdos anticompetitivos en los procesos de contratación pública (UniAndes)

1 agosto, 2014

El próximo 12 de ocutbre comenzará un curso en la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia) sobre acuerdos anticompetitivos en los procesos de contratación pública. Haciendo clic en la imagen de abajo podrán encontrar toda la informción sobre costos, fecha de inscripción,  duración, contenidos y profesores.

Es un curso de educación continua inédito en Colombia y los profesres son que dictarán el curso son del más alto nivel. Abajo encontrarán la transcripción  la presentción del programa.

 

“En la actualidad de la contratación estatal debe abordarse en forma sistemática. Los cambios reglamentarios permanentes los cuales definen el procedimiento de los mecanismos de selección, establecen reglas para las garantías, la publicidad y selección objetiva, son ampliamente desarrollados en el ámbito académico; centrando su preocupación en los procedimientos que la administración pública debe realizar para culminar sin inconvenientes la gestión contractual, dejando de lado temas tan importantes como los acuerdos anticompetitivos y su prevención los cuales tienen gran incidencia en la contratación de las entidades públicas. El Estado como principal consumidor de bienes y servicios, tiene la finalidad de garantizar que los contratos que suscriban las entidades públicas se ajusten a los principios de transparencia, buena fe, responsabilidad y economía; pero además, debe velar por la estabilidad de los mercados y procurar que la adquisición de bienes y servicios se presente dentro de una libre y sana competencia.

La contratación pública desarrollada por la ley 80 de 1993, y sus leyes modificatorias y sus decretos reglamentarios, crean relaciones jurídicas entre entidades estatales y particulares, las cuales son objeto de estudio por el derecho de la competencia. En esta medida, tanto entidades públicas, contratistas del Estado como organismos de control, deben propender para que no ocurran acuerdos anticompetitivos que distorsionen la competencia en los procesos contractuales estatales. Estos acuerdos dentro del derecho de la competencia se denominan acuerdos colusivos o colusiones en contrataciones públicas. Es así como el Decreto 2153 de 1992 prohíbe los acuerdos que se presenten entre proponentes en un proceso de selección pública que se encaminen a la distribución de adjudicaciones de contratos, la distribución de concursos o la fijación de términos de las propuestas; lo que implica responsabilidades adicionales a las conocidas dentro de la contratación pública. Esta norma en el marco de la contratación pública ha sido poco atendida por parte de los proponentes en procesos de selección y los funcionarios de las entidades públicas, por considerarse de manera errónea, el derecho de la competencia un asunto eminentemente de derecho privado.

Estos aspectos resultan relevantes con la expedición de la ley 1340 de 2009, que aumentó considerablemente las sanciones administrativas que pueden darse en estos casos y la preocupación creciente del gobierno frente a los actos de corrupción en la contratación, que sin lugar a duda conciben un descontento generalizado en la ciudadanía. Resulta de esta manera oportuna y necesaria la difusión de las normas en materia de protección de la competencia desde el punto de vista exclusivamente del derecho administrativo, en consideración a que la colusión conlleva a la distorsión de los mecanismos de evaluación en los procesos de selección desarrollados por las entidades públicas.”

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