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Beyond a sith mentality: La superación del análisis formalista de las restricciones verticales

6 marzo, 2015

Beyond a sith mentality: La superación del análisis formalista de las restricciones verticales

“Only a sith deals in absolutes”. Obi- Wan Kenobi

Introducción

En una economía de mercado, no es de extrañar la interacción entre los agentes económicos. Especialmente, cuando están relacionados verticalmente dentro de una cadena de producción y distribución. Esta interacción entre agentes productores y distribuidores a lo largo de una cadena se materializa a través de diversas formas contractuales: contratos de franquicia, compraventa, distribución y cualquier otra que la libertad de contratación pudiera imaginar.  Solo pensemos cómo llega un producto a estar a disposición de los consumidores: un productor de teléfonos o de bebidas carbonatadas buscan que sus productos alcancen el mayor número de consumidores para lo cual puede requerir la colaboración de otros distribuidores mayoristas y minoristas que coloquen sus productos.

Ante estas situaciones, el Derecho de Competencia siempre tiene algo qué decir. Con mayor razón por la evolución de su tratamiento que se ha enriquecido con el aporte de las ciencias económicas. Y aunque quisiéramos concluir categóricamente, al estilo Sith, cuándo se consideran estas relaciones ilustradas como ilícitas la realidad de esta ciencia demanda una cautela. El propósito de este ensayo es enseñar el estado de la ciencia, antes de seguir ahondando más en el fondo de la madriguera.

  1. La era Per Se de las Restricciones verticales

En el DC, estas relaciones  verticales se les conocen por restricciones verticales o acuerdos verticales. En un principio, este tipo de restricciones fueron ignoradas por la mayor preocupación que generaban los cárteles. Luego, cuando sí les prestaron atención fue para analizarlas bajo la rigurosidad de la Regla Per Se. Tal como se comprueba con los primeros pronunciamientos que cimentaron el estudio de las restricciones verticales  en los EE. UU.: Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co. 220 U. S. 313 (1911), Albrecht v. The Herald Co. 390 U. S. (1968) y United States v. Arnold, Schwinn &  Co., 388 U. S. 365 (1967) [1].

Los anteriores casos, condenaron  sin distinción bajo tal rigurosidad a los mantenimientos de precios, fijación de precios máximos y las cláusulas de limitación de venta de manera absoluta sin entrar a valorar los efectos sin entrar a evaluar su racionalidad económica. Bajo tal esquema, cualquier contrato o incluso cláusula contractual entre un agente económico proveedor o distribuidor que contuviera alguna de las prácticas citadas estaba sujeta al escrutinio del DC y de la severidad de la Regla Per Se [2].

Por su parte, Europa tuvo también la misma preocupación por el tratamiento de las restricciones verticales. Así, uno de los casos históricos en este tema es Consten y Grundig [3] que en su oportunidad trató a un acuerdo de exclusividad como una infracción por objeto:

Es superfluo tomar en consideración los efectos concretos de un acuerdo, desde el momento en que es evidente que su objeto consiste en restringir

Diferentes autores como BACHES OPI, JUDIT CSERES y ALFARO ÁGUILA- REAL han considerado que a pesar de la importancia de esta jurisprudencia en las restricciones verticales, el abordaje fue demasiado formalista y marca un rechazo al análisis económico debido a que se favorecía una mayor integración del mercado único en detrimento de la libertad económica[4]. Por su parte, ALFARO ÁGUILA- REAL considera también que en este caso se trataron por primera vez muchos temas de DC que no fueron bien planteados, cuestión que resultó en consecuentes pronunciamientos y regulaciones que causaron un retraso económico e impidió el desarrollo en la innovación y en la forma de hacer negocios.

Muestra de las múltiples regulaciones de carácter formalistas se demuestran con los ya derogados reglamentos de exención por categorías sobre acuerdos de compra exclusiva (Reglamento CEE N.° 1984/83 de 22 de Junio de 1983 N.° L 173/5) o sobre acuerdos de franquicia (Reglamento CEE N.° 4087/88 de 30 de noviembre de 1988 N.° L 359/46).

  1. La evolución a una Regla de la Razón de las restricciones verticales

El DC debe mucho su crecimiento al aporte de la Escuela de Chicago. Y su influencia no se hace más palpable que en el tratamiento de las restricciones verticales. Especialmente, en el contexto del pensamiento económico y jurídico de 1960 que entendían que los efectos de estas afectaban a la competencia tanto como los cárteles [5].

En líneas generales, la Escuela consideró que sólo en ciertos casos las restricciones verticales pueden afectar la competencia. Generalmente, estos casos ocurrirían cuando al menos uno de los agentes económicos relacionados tenga una posición dominante y, en todo caso, estas restricciones promueven la competencia intermarca sobre la competencia intramarca [6].

A pesar de que en la actualidad los postulados de esta Escuela se encuentran cuestionados, su contribución ha resonado en la jurisprudencia y en los modelos que los distintos sistemas jurídicos nacionales de competencia han adoptado para su desarrollo. De esta forma, las restricciones verticales pasaron, paulatinamente, de verse como per se ilícitas a cercanas a verse per se lícitas, aunque no del todo lícitas como hubiera pretendido la Escuela al entenderse que su análisis sobre ellas contenía ciertas limitantes que ahora no se exponen por superar el propósito de este ensayo.

En este proceso paulatino, las restricciones verticales relacionadas con factores distintos al precio se beneficiaron de un análisis basado en sus efectos bajo la Regla de la Razón como en Continental T. V. v. GTE Sylvania 433 U. S. 36 (1977). En cuanto a las restricciones verticales relacionadas con el precio, quizá ha sido la más difícil de asimilar en cuanto a sus efectos positivos que estas traen y aunque no dejan de considerarse que pueden producir efectos anticompetitivos su rigorismo y formalismo se superaron en una ajustada decisión en el caso Leegin Creative Leather Products v. PSKS 551 U. S. 877 (2007). Lo último, representó la unificación de un análisis de la Regla de la Razón sobre todas las restricciones verticales, al menos en Estados Unidos.

Por otro lado, Europa ha adoptado un modelo enfocado también a los efectos económicos. De esta forma, desde el Reglamento CE N.° 2790/1999 y del actual Reglamento 330/2010 y sus directrices, aparte del reglamento específico al sector automotriz, las restricciones verticales abajo del alrededor del 30 por ciento de cuota de mercado de alguno de los agentes económicos relacionados gozan de una exención a la aplicación del art. 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y aunque el modelo no es perfecto, puesto que el reglamento actual todavía considera al mantenimiento de precios de reventa y a la limitación territorial como “cláusulas negras” sin entrar a analizar su racionalidad económica, si está encaminado a una regla de constante revisión de su modelo con insumos de los agentes económicos participantes y de la experiencia de la Comisión Europea en la materia.

  • El análisis de las restricciones verticales en el Derecho de Competencia de El Salvador

Ahora bien, el modelo adoptado para las restricciones verticales en la Ley de Competencia de El Salvador (LC), y quizá de muchos modelos de normas de competencia latinoamericana (!) está inspirado en los postulados de la Escuela de Chicago. Es decir, que estima que sólo deberán analizarse las restricciones en el que al menos uno de los agentes económicos tenga una posición dominante en su mercado relevante, según los presupuestos establecidos en el art. 27 de la LC.

En todo caso, para considerar ilícita una restricción vertical del art. 26 de la LC deberá comprobarse aparte de una posición dominante que los efectos positivos superan cualquier efecto negativo. Esto último se entiende desde la óptica de la Regla de la Razón que predispone el art. 27 letra c) de la LC. Lo anterior, implica una superación de la interpretación automática que ordenaba la Regla Per Se a condenar a restricciones verticales que contuvieran algún mantenimiento de precios de reventa o incluso de las exclusividades, que sí se encuentra tipificado en el art. 26 LC.

Conclusión

En el Derecho de Competencia, el análisis de las restricciones verticales implica el análisis de los efectos económicos, tanto positivos como negativos dado en su contexto jurídico económico. Por ello, al estudiarlas no se debe pensar automáticamente que un agente con posición dominante por realizar una exclusividad o una venta atada causa serios perjuicios para la competencia y los consumidores y por lo tanto deba ser castigado, sino más bien enfocarse a las eficiencias y efectos anticompetitivos que estas causan.

[1] Vid. AREEDA, Phillip, KAPLOW, Louis, EDLIN, Aaron, Antitrust Analysis. Problems, text, and cases, Wolters Kluwer Law & Bussiness, 2013. Los citados autores llaman a tal época como la “Era Per Se de las restricciones verticales”.

[2] Al referirse a agentes proveedores o distribuidores se realiza grosso modo para ilustrar la relación entre dos agentes económicos relacionados verticalmente dentro de una misma cadena de producción o distribución.

[3] Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europa del trece de julio de 1966 en los asuntos acumulados 56/64 y 58/64.

[4] Vid. BACHES OPI, S., Distribución y Derecho de la Competencia. El Reglamento de la Unión Europea sobre Restricciones Verticales, Madrid, Marcial Pons, 2014, pp. 191- ss.; JUDIT CSERES, K., Competition Law and Consumer Protection, Vol. 49 de European Monographs Set Series, Kluwer Law International, 2005, pp. 121- ss.

[5] Vid. Meese, A., “Price theory and vertical restraints: a misunderstood relation” en UCLA LawReview, Vol. 45, pp. 143- 204; Verouden, V., “Vertical Agreements: Motivation and Impact” en Competition Law and Policy, ABBA Section of Antitrust Law, 2008, pp. 1813- 1840

[6] Vid. HOVENKAMP, H., Federal Antitrust Policy the law of competition and its practice, 2011, cuarta edición, West, pp. 71- ss.; BACHES OPI, S., op. cit., pp. 107- ss.

Hay mucho por celebrar en los 20 años del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia – CEDEC

4 marzo, 2015

El 17 de marzo de 1995, el profesor Alfonso Miranda Londoño fundó el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia -CEDEC en Bogotá, Colombia. Para celebrar sus 20 años de existencia el  CEDEC programó para el mes de marzo varios eventos que paso a enumerar para que se vayan agendando:

Son muchos los  motivos por los cuales el CEDEC y sus miembros deben celebrar. El grupo de profesionales que hacen parte del CEDEC lo han consolidado como un punto de encuentro para todos los interesados en las políticas y derecho de la competencia en Colombia. Veamos por qué afirmo lo anterior:

  • El CEDEC ha organizado por lo menos 200 eventos académicos (seminarios, foros y debates) en los cuales han participado expositores nacionales e internacionales y en los que han participado estudiantes, profesores, practicantes y miembros de las autoridades de competencia.
  • Además, consolidó a la Facultad de Derecho de la U. Javeriana como la institución líder en este campo. Esto lo ha hecho, particularmente, a través de la cátedra en pregrado (única universidad en Colombia que lo incluye como materia obligatoria), por la que han pasado al menos 40 cohortes de abogados javerianos.
  • Adicionalmente, los miembros del CEDEC participaron activamente en la creación y enseñanza en el posgrado en derecho de la competencia y en programas de educación continua en la U. Javeriana.
  • El CEDEC también ha auspiciado la publicación de libros, e-books, artículos, y edita una compilación anual de ensayos en la Revista de Derecho de la Competencia CEDEC.
  • Todos los escenarios que el CEDEC ha generado a lo largo de estos años le han permitido a decenas de jóvenes profesionales prepararse y luego brillar con luz propia tanto en firmas de abogados (colombianas, europeas y estadounidenses) como en el sector público (en la autoridad de competencia y en las agencias regulatorias del país).
  • Finalmente, el CEDEC se puso al día con las redes sociales y ya tiene un blog, un perfil de Facebook y cuenta de Twitter,

Por último, y en un plano más personal, es mucho lo que tengo que debo agradecer al CEDEC y al profesor Miranda. Hace más de doce años (¡cómo pasa el tiempo!) que hago parte del CEDEC, comencé como uno de sus jóvenes coordinadores y asistentes de investigación. Debo reconocer que el CEDEC y el profesor Miranda han sido muy generosos conmigo, me han abierto muchas oportunidades profesionales y académicas. Como si fuera poco, el CEDEC también me permitió conocer personas maravillosas y hacer amigos para toda la vida.

Desafortunadamente me perderé los eventos del mes de marzo, pero desde acá de una vez celebro ¡Salud CEDEC!

Economía colaborativa: ¿Problema de competencia (o de regulación)?

1 marzo, 2015

Esta es mi primera entrada en este blog, por lo que aprovecho para agradecer a Juan David y a todos por permitirme participar aquí!

Hace unas semanas asistí en Madrid a una conferencia organizada por la AEDC sobre economía colaborativa (http://www.aedc.es/seminario-sobre-economia-colaborativa-y-promocion-de-la-libre-competencia-en-el-mercado/), en la que los panelistas se concentraron en discutir si la economía colaborativa como nueva forma de aproximación al consumidor (o más bien del consumidor a los bienes y servicios ofrecidos) debe mirarse bajo el lente de la competencia. No se me había ocurrido reflexionar sobre este fenómeno, así que comparto un poco de lo que se discutió y las preguntas que surgen.

La economía colaborativa consiste básicamente en ofrecer al mercado bienes y servicios que están siendo subutilizados y a los cuales se les puede dar un mayor provecho. Es el caso, por ejemplo de un cuarto de huéspedes en una casa o de un cupo en un vehículo para viajar de un lugar a otro o del uso de una huerta comunal en el patio trasero de la casa de un vecino, compartir herramientas de la casa, oír música, etc (v.gr Airbnb, Bla bla car, eatwithme, Spotify, Deezer). Es un cambio en el paradigma de consumo porque se da la transformación del consumo adquisitivo (comprar los bienes) al consumo del uso.

No hay grandes novedades en la economía colaborativa si se piensa que las comunidades con cierto grado de solidaridad comparten sus bienes desde tiempos ancestrales y más de uno de nosotros ha recibido al primo del amigo en el sofá de la casa, o ha utilizado un cupo en un carro (del conocido de un conocido) que va a un destino común al que uno necesita, por no hablar del tradicional auto-stop.

Lo que parece ser una transformación es que esta solidaridad tan conocida y practicada entre las comunidades de amigos y vecinos se ha globalizado y se ha organizado a través de plataformas con lo cual se puede decir que se ha creado un mercado, apelando a su definición más pura y simple.

Una definición básica de mercado es que consiste en un lugar en el que oferentes y demandantes de un bien o servicio se encuentran. Pues bien, con este viejo/nuevo fenómeno de la economía colaborativa ya no es necesario conocer al amigo del primo para usar su cuarto de huéspedes, ni tener vínculo alguno con él. Simplemente cada potencial usuario puede bajar una aplicación en su celular o surfear la red en busca de lo que necesite, coordinar el servicio (de transporte, hospedaje, comida, y otra infinidad de servicios), pagar por internet o a través de su celular, y listo. Así se unen la oferta y la demanda, se paga un precio y se usa el servicio.

Es justamente esta organización, esta facilidad para adquirir los servicios, y la existencia de plataformas web que aglomeren a los oferentes para comodidad de los demandantes, lo que empieza a inquietar a académicos y autoridades. ¿Es legal ofrecer estos servicios? ¿Se debe regular su prestación? ¿Qué papel juegan las plataformas? Los servicios se ofrecen generalmente a través de plataformas que están legalmente constituidas para ejercer “cualquier actividad lícita”, y estas actividades no tienen nada de ilegal, por tanto en principio no hay nada de malo. Pero el papel de las plataformas no es prestar los servicios, sino únicamente servir de “mercado”. ¿Cuál es su papel? ¿Se deben regular? ¿Está permitido que cobren una comisión? ¿Hay responsabilidad solidaria de la plataforma si el servicio falla o si, por ejemplo, alguien se accidenta en la casa ajena o carro del desconocido? Muchas preguntas, sobre las que parece que la respuesta de las autoridades es “regulación”.

Desde la perspectiva del derecho de la competencia, surgen preguntas específicas: ¿Estos servicios compiten con otros servicios tradicionales o se trata de mercados separados? Por ejemplo, habría que preguntarse si Airbnb compite con servicios de hospedaje (hoteles, apartahoteles, hostales) regulados. O si Bla Bla Car compite con servicios públicos de transporte. Si esto fuera así, ¿se podría hablar de discriminación frente a los servicios tradicionales? En la conferencia se referían a que los hoteles deben cumplir alrededor de 50 regulaciones diferentes (sanitarias, de ruido, de incendios, aire acondicionado, personal contratado, iluminación, alimentación…) y lo mismo sucede con las empresas de transporte público, mientras que las personas que prestan estos servicios a través de las nuevas plataformas no deben cumplir ninguna regulación específica.

Y aun si los servicios que ofrece la economía colaborativa no compiten con los tradicionales, ¿por qué no están regulados? ¿Deberían regularse? Suena contradictorio pensar en regulación cuando pareciera que todos estos servicios surgen de manera más o menos espontánea y flexible, que han generado plataformas de información para ofrecer algo que siempre ha existido (que es la colaboración entre la gente). Sin embargo, ¿qué  pasa con aquellos que en lugar de usar la habitación que dejó su hijo, o el cupo del carro que usan para ir a visitar a su familia el fin de semana, adquieren bienes (un apartamento, un carro) con uso exclusivo para explotarlo en este tipo de plataformas? ¿Cómo se puede controlar esto, que inevitablemente está surgiendo? En este último caso, ¿qué diferencia hay con los servicios tradicionales que ya están regulados?

Como lo veo, y como lo expusieron varios de los conferencistas del seminario, por ahora parece que se trata fundamentalmente de un problema de regulación. Personalmente no soy muy amiga de pensar en la “regulación” como respuesta a todos los problemas, porque creo que en muchos casos la excesiva regulación hace más daño que los beneficios que genera, sin embargo sí hay asuntos por estudiar aquí.

Y además, no hay que perder de vista cómo todo este nuevo mercado puede afectar a los mercados que hoy en día conocemos. Un reto más para las políticas de competencia, que tarde o temprano tendrán que ajustarse a esta nueva realidad.

Oficinas de abogados globales y asesoría en materia de restricciones verticales

24 febrero, 2015

El viernIMG_6417es pasado asistí a un seminario del Centre for Competition Law and Policy (CCLP) sobre las restricciones verticales en el derecho de la competencia de la Unión Europea (UE). El seminario estaba a cargo de Kyriakos Fountoukakos and Molly Herron, de la firma Herbert Smith Freehills LLP.

Además de repasar las reglas que enmarcan la materia y los casos más recientes, el objetivo del seminario era revisar catorce casos hipotéticos sobre acuerdos verticales y analizar su legalidad a la luz de las normas de la Unión Europea y de algunas jurisdicciones nacionales.

La exposición fue clara y el ejercicio de los casos fue interesante. Sin embargo, lo que quiero compartir con ustedes no es la sustancia de la exposición. Quiero contarles sobre la impresión que me quedó sobre el día a día de las oficinas de abogados que tienen alcance global.

Herbert Smith Freehills LLP no es una de las firmas más grandes del mundo y sin embargo es un buen ejemplo de firma global. Tiene presencia en Asia, Europea, Oceanía y el Medio Oriente y oficinas en 24 ciudades del mundo. En su área de de competencia trabajan 25 abogados. En el caso de Kyriakos y Molly que trabajan en la oficina de Londres, son dos abogados jóvenes que provienen de Australia y el Reino Unido, respectivamente. Fue interesante oírlos interactuar y hacer paralelos entre los casos y reglas de la UE, países Europeos y Australia. Además, reconocieron que muchas veces tienen que estudiar acuerdos que tienen efectos globales y que la similitud entre las diferentes reglas y la jurisprudencias de diferentes jurisdicciones ayuda mucho en labor.

Por otra parte, también me llamó la atención el tipo de consultas que llegan a su oficina en materia de restricciones verticales. Según contaron, en materia de restricciones verticales, las empresas consultan sobre: borradores de acuerdos de distribución y de agencia;  negociaciones entre “retailers” y acuerdos promocionales; flujo de información entre clientes y proveedores; manejo de comercio paralelo; y, asesorías sobre competencia y derechos de propiedad intelectual, particularmente relacionados con marcas. Ahora que recuerdo mi paso por Esguerra Barrera en Bogotá, creo que los temas que se estudian en Londres son parecidos a los que normalmente revisábamos en el área de competencia.

Bueno hasta acá el post que originalmente iba estaba planeado para ser un resumen del estado del arte del tema de las restricciones verticales pero que terminó en otra cosa. Si les quedó faltando que abordara temas más sustanciales, los invito a leer mi próxima publicación que será sobre las novedades en materia de abuso de posición de dominio en la UE, con énfasis en la sentencia del caso Intel de mediados del año pasado.

¿Quién lamenta las legislaciones antimonopolios en América Latina?

16 febrero, 2015

Ofrezco disculpas por promocionar un texto propio, pero aprovecho para recomendarles que lean mi artículo “Who bemoans competition laws in Latin America?” (¿Quién lamenta las legislaciones antimonopolios en América Latina?) que publiqué en el Blog Competition Academia. El artículo revisa qué sectores y actores se han opuesto a la expedición y/o aplicación de las leyes antimonopolios en América Latina y menciona ejemplos de varias jurisdicciones.

Ángela María Noguera y Víctor Ayalde se unen al equipo del blog LaLibreCompetencia.com

15 febrero, 2015

Siempre da gusto abrir este espacio para que escriban jóvenes profesionales que trabajan en la política y el derecho la competencia en América Latina. Más aún si se han preparado en las aulas, tienen ganas de seguir creciendo profesionalmente y no comen entero. Ese es el caso de los dos nuevos autores de este blog, Ángela María Noguera y Víctor Ayalde. Permítanme presentárselos.

Angela es abogada de la Universidad de los Andes, con un LLM en International Business Law de Tilburg University. También es graduada de Economía de la Universidad de los Andes. Su trayectoria profesional ha estado centrada en el campo legal en diversos temas que incluyen infraestructura, regulación de servicios públicos (energía, gas, agua), fusiones y adquisiciones, derecho de la competencia, protección al consumidor y protección de datos personales. Desde 2012 se dedica principalmente a los temas de derecho de la competencia, protección al consumidor y protección de datos personales, primero como asesora del Superintendente de Industria y Comercio, y ahora como abogada en la firma Garrigues. Actualmente cursa la especialización de derecho de la competencia europeo y español del Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, España. A propósito, esta especialización es dirigida por dos abogados Españoles, Luis Ortiz y Alfonso Lamadrid, que también son activos en la blogósfera. Su primera entrada en este blog será sobre economía colaborativa y su relación (o no) con el derecho de la competencia.

Víctor es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana (2011), Especialista en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales de la Universidad de Notre Dame, Indiana (2010). Además tiene una Maestría en Derecho Global de los Negocios de New York University – LLM in Global Business Law  (2014) y Maestría en Leyes de National Univeristy of Singapore – Master of Laws (2014) becado por el Decano de la Escuela de Leyes de New York University. Trabajó como coordinador del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia (2009-2012). Ha sido Profesor Asistente de la Cátedra de Derecho de la Competencia de la Pontificia Universidad Javeriana (2011-2012) y Attaché en el área de Derecho de la Competencia de la firma asiatica Allen and Gledhill (2013).  Actualmente es Abogado Asociado de Esguerra Barrera Arriaga y coordinador de los programas de educación continua en derecho de las TIC en la Pontificia Universidad Javeriana. Como ustedes vieron hace poco, su debut en este blog fue sobre el caso Uber.

¡Bienvenidos Ángela y Víctor a este barco y quedamos muy pendientes de sus contribuciones!

SIC propone modificar aspectos del régimen de control de concentraciones en Colombia para atender recomendaciones OCDE

12 febrero, 2015

El pasado 27 de enero a Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia publicó una propuesta de resolución para modificar el procedimiento para informar o notificar concentraciones empresariales en Colombia. Según la SIC, el objeto de la reforma es “actualizar el régimen de información de concentraciones económicas en Colombia de conformidad con los estándares y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y con el régimen legal pertinente.” El proyecto modificaría la  Resolución 12193 de 2013 que actualmente desarrolla esta materia.

Ya se venció el plazo para enviar comentarios a la autoridad, pero en todo caso vale la pena contarles sobre la existencia del proyecto y también compartir con ustedes los comentarios que presentó el CEDEC a la SIC el pasado 9 de febrero.

Esperemos que la SIC publique sus respuestas a los comentarios y – si es el caso – que publique una nueva versión del proyecto de resolución para participar en el debate.

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