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Artículos de la Revista de Derecho de la Competencia CEDEC XV

8 febrero, 2016

Según WordPress hoy se cumple el sexto aniversario del registro del dominio de este blog. Y por eso no me aguanté las ganas de escribir un par de líneas para conmemorar los seis años de existencia del blog en la plataforma de WordPress. Bueno, realmente hay que comenzar por contar la historia completa. Este blog fue fundado en septiembre de 2007 y hasta febrero de 2010 existió en otra plataforma. Así que sus primeros años de existencia se aproximan… ¡Una década! Confieso que me sorprende la longevidad y buena cara que tiene el blog después de tanto tiempo…

Pero más allá de recordar unas fechas, aprovecho esta nota para cumplir la función del blog, difundir información y trabajos sobre el derecho de la competencia en nuestra región. Por eso, comparto con ustedes los artículos de la Revista de Derecho de la Competencia CEDEC XV que acaba de ser publicada por el CEDEC. Como de costumbre, varios autores de este blog participaron en la revista. Creo que la publicación contiene un buen banquete para quien esté interesado en el derecho de la competencia, así que no dudo en recomendarla. ¡Salud!

Revista CEDEC XV

(Vol. 11, No. 11. Enero-diciembre 2015.  ISSN: 1900-6381)

Preliminares

Prólogo de la presente edición

Sección I

AUTORES NACIONALES

1. Los pactos de exclusividad en el derecho colombiano, por Ingrid Soraya Ortiz Baquero.

2. Análisis del Proyecto de Ley 038 de 2015, por Alfonso Miranda Londoño.

3. Una nueva visión sobre los orígenes del derecho de la competencia colombiano, por Juan David Gutiérrez Rodríguez y Andrés Palacios Lleras.

4. Laudos arbitrales en derecho de la competencia, por Carlos Andrés Perilla Castro.

5. ¿Existe en Colombia una excepción de eficiencia para las investigaciones por presuntos acuerdos restrictivos de la competencia?, por Felipe Serrano Pinilla.

6. La defensa passing on y la legitimación de los compradores indirectos: dos desafíos frente a la aplicación privada del derecho de la competencia en Colombia, por Sebastián Solarte Caicedo.

Sección II

DEBATES

7. Resolución 79716 de 2015.

8. Cuadro comparativo Decretos 1074 y 1523 de 2015, sobre beneficios por colaboración.

Foro: Aplicación del Derecho de la Competencia para el control de los actos administrativos

8 febrero, 2016

Una invitación a un interesante evento académico de la U. Externado publicada por el blog Competencia & Consumo.

Competencia & Consumo

La Universidad Externado de Colombia realizará el centro de estudios sobre la aplicación del derecho de la competencia para el control judicial de los actos administrativos, con el Magistrado Ponente de la sentencia proferida en junio de 2015 (rad. 2009 00493 00) por el Consejo de Estado, en la cual se explicó (i) cómo opera el control judicial de los actos administrativos a partir del principio de libre competencia, y (ii) la teoría del abuso automático de la posición dominante:

El Departamento de Derecho Económico se complace en invitar al

Centro de Estudios de Derecho Económico

“Aplicación del Derecho de la Competencia de los actos administrativos
Conferencista

Doctor Marco Antonio Velilla Moreno

Exmagistrado Consejo de Estado – abogado consultor.

Universidad Externado de Colombia
Fecha: viernes 26 de febrero de 2016
Lugar: Casa Externadista, edifico C, quinto piso.

Hora: 7:00 a.m. – 9:00 a.m.
ENTRADA LIBRE
Previa confirmación de asistencia.

Dr. EMILIO JOSÉ…

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“Competition Law in Latin America. A Practical Guide” (2016, ed. Wolters Kluwer)

2 febrero, 2016

9041149775Ya está disponible en pre-venta el libro “Competition Law in Latin America. A Practical Guide” (2016), publicado por la editorial Wolters Kluwer y cuyos editores fueron Julián Peña y Marcelo Calliari.

Abajo encontrarán el resumen del libro, la lista de capítulos y los respectivos autores. Además, nos alegra mucho contarles que algunos  autores de capítulos del libro también participamos en este blog.

 

SUMMARY. In the past few years Latin American countries have taken giant steps to reposition their competition authorities in the global antitrust arena, granting them much greater autonomy both domestically and internationally. This is the first book to offer an in-depth analysis of this complex scenario.

At the heart of the presentation are seven chapters detailing the competition regimes of the most active national jurisdictions in the region – Argentina, Brazil, Chile, Colombia. Mexico, Peru, and Uruguay. Written by practicing experts with considerable hands-on experience in their respective countries, each of these chapters provides a comprehensive description and explanation of the evolution, current state, and prospects for antitrust in the country. Preceding these country-by-country analyses are more general chapters on the use of economic analysis and on the special field of the information and communications technology industry, as well as chapters on the working of competition law in countries with regulated markets and in the cluster of Central American countries. Topics addressed encompass the following and more: ;

  • relevant institutions and legislation;
  • cartel investigations;
  • unilateral conduct policies;
  • merger review;
  • international coordination;
  • enforcement; and
  • remedies.

Each chapter includes analysis of relevant case law, allowing the reader to gauge the positions, views, and tendencies of each competition law regime. The authors also pay attention to the specificities and idiosyncrasies that are so important for a correct understanding of the practical realities of competition policy and enforcement. With its wide-ranging and in depth-approach, this book provides an incomparable analysis of a challenging region poised to become increasingly important in the international recognition and enforcement of antitrust law. It is in this sense an essential guide for lawyers, economists, corporations, academics, and government officials interested in understanding where competition law is, and where is it is going to, in Latin America.

ISBN: 9789041149770
Pages: 408″
TABLE OF CONTENTS.

Editors and Contributors.

Preface.

Chapter 1 The Second Wave Latin American Competition Law and Policy D. Daniel Sokol.

Chapter 2 Competition Lifecycles in Latin America William E. Kovacic.

Chapter 3 The Failed Search for the Soul of Competition Policy Ignacio L. De Leon.

Chapter 4 Competition Policy and Growth: Evidence from Latin America Esteban Greco, Diego Petrecolla, Carlos A. Romero & Juan P. Vila Martínez.

Chapter 5 International Cooperation between Competition Agencies Eduardo Perez Motta & Mateo Diego Fernandez.

Chapter 6 Histories of Competition Law in Latin America Andrés Palacios Lleras & Juan David Gutiérrez.

Chapter 7 The Use of Economic Analysis in Latin American Competition Policy Manuel A. Abdala & Lucía Quesada.

Chapter 8 Competition in Regulated Markets in Latin America: Overview and Challenges Gesner Oliveira & Germán Orjuela.

Chapter 9 Competition Law in the Information and Communications Technologies Industry in Latin America: The Need for a New Approach Pablo Márquez.

Chapter 10 Competition Law in Central America and the Years to Come Edgar Odio-Rohrmoser.

Chapter 11 Competition Law in Argentina Julian Peña & Federico Rossi .

Chapter 12 Competition Law in Brazil Marcelo Calliari, Joana Temudo Cianfarani & Marcel Medon Santos.

Chapter 13 Competition Law in Chile Juan Cristóbal Gumucio Schönthaler & Guillermo Frene Candia.

Chapter 14 Competition Law in Colombia Alfonso Miranda Londoño.

Chapter 15 Competition Law in Mexico Amilcar Peredo & Gabriel Gonzalez.

Chapter 16 Competition Law in Peru Alfredo Bullard.

Chapter 17 Uruguay Juan Manuel Mercant & Javier Napoleone.

Index.”

Si queremos mejores precios, queremos mejor competencia

25 enero, 2016

Una sólida política de libre competencia en Argentina, entre otros, contribuirá a evitar aumentos abusivos de precios. No todos los aumentos son producto de inflación, recesión o devaluación de la moneda. Muchos tienen origen y causa en ilícitos antitrust.

Pablo Trevisán

160125 Precios 2

No todos los aumentos de precios se deben a la inflación, devaluación o causas similares. Muchas veces obedecen a conductas concertadas entre competidores y pueden constituir prácticas anticompetitivas. Por este y otros motivos, la libre competencia debe ocupar un lugar prioritario en la agenda político-económica del estado, ya que una adecuada ejecución de sus normas contribuirá a evitar abusos y nivelar las reglas del mercado.

Eliminadas políticas como el cepo, las DJAI y los regímenes de información de precios, será una sólida política antitrust la que permitirá aplicar reglas claras que impidan abusos anticompetitivos y eviten aumentos artificiales de precios, permitiendo co
ntener la inflación y bajar el costo de vida de la sociedad.

Cuanto más sana sea la competencia, ésta ofrecerá mejores y más variados productos y servicios, de mayor calidad y a precios razonables.

Mi columna de hoy en el Cronista: Si queremos mejores precios, queremos mejor competencia
.

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El estándar de prueba en casos de cartelización: un update Patagónico

22 enero, 2016
TDF2

El 13 de Agosto de 2015 la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia  revocó la mayor multa impuesta por cartelización en la República Argentina, por considerar que la agencia antitrust Argentina no probó adecuadamente la existencia del cartel imputado. El texto completo de la sentencia puede consultarse aquí. El caso está actualmente a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ofrece elementos interesantes para su análisis.

La conducta investigada

A razón de una denuncia presentada en Enero de 2008 en contra de trece concesionarios oficiales de automotores de la patagónica isla de Tierra del Fuego, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (“CNDC”) inició una investigación por supuesta cartelización en el mercado de automotores nuevos de gama media y baja. Luego de aceptadas las explicaciones brindadas por los trece concesionarios denunciados, la CNDC encauzó la investigación a las terminales fabricantes de automotores.

La cartelización investigada habría producido que los precios de los vehículos nuevos de gama media y baja vendidos en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego (“AAE”) se mantuvieran a niveles similares a los vigentes en el Territorio Continental (“TCN”), desde el año 2002 hasta al menos el año 2010 inclusive. La cartelización habría tenido lugar a nivel de precios mayoristas, es decir, en los precios que cobran las terminales automotrices a sus concesionarios oficiales del AAE. Gastos como flete, seguro y patentamiento no fueron incluidos en la investigación, ya que se facturan al consumidor final de manera independiente.

La Ley 19.640 otorgó el AAE un sistema promocional con exenciones tributarias y aduaneras:

(i) para vehículos de procedencia MERCOSUR+México, la exportación de automóviles desde el TCN al AAE no tributa el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) del 21%, ni tampoco tributa el “Impuesto Interno a los Vehículos, Chasis y Motores”, con una alícuota del 10% que se tributa cuando el valor del vehículo supera determinado umbral; y

(ii) para vehículos de procedencia EXTRA-MERCOSUR, la importación directa al AAE (Puerto de Ushuaia) está exenta de todo pago de derechos de importación (35% sobre el precio CIF Puertos Argentinos) y de la tasa de estadística (0,5%). La CNDC detectó que con esta forma de importación directa al AAE se comercializaron, por ejemplo, los vehículos de alta gama Audi. La exención también cubre la importación “en tránsito” vía TCN con destino final AAE (práctica comercial seguida por Toyota y Ford). La exención se pierde si el vehículo EXTRA-MERCOSUR se importa primero al TCN -“se nacionaliza”-, y luego es exportado al AAE (esta práctica comercial fue la mayormente utilizada en el período investigado 2002-2010 por las empresas multadas).

Luego de 4 años de investigación, en Diciembre de 2014 la CNDC consideró probado que las firmas investigadas coludieron para no trasladar las exenciones impositivas a sus concesionarios oficiales del AAE y por consiguiente, tampoco al consumidor final, con relación a los vehículos de gama baja y media. Ello produjo, según la CNDC, que el precio neto de los vehículos nacionales e importados de gama media y baja cobrado a los concesionarios del AAE sea al menos un 25% superior del que hubiere regido en condiciones normales de mercado.

La CNDC argumentó que la conducta reprochable era la falta de traslado a precios mayoristas de las exenciones a los impuestos a la importación e impuestos internos vigentes en el AAE (no así del IVA, el que efectivamente no era facturado por las terminales al vender automóviles a sus concesionarios del AAE). La CNDC también reprochó a las terminales la falta de traslado a precio mayorista de los reintegros a la exportación cuando el vehículo es fabricado en el TCN y exportado al AAE (6% sobre los componentes nacionales del vehículo), y la inexistente o poca importación directa al AAE de vehículos de gama media y baja EXTRA-MERCOSUR libres de arancel de importación.

La versión digital del Dictamen 865/2014 puede leerse aquí.

Los indicios valorados por la CNDC

La CNDC consideró que la prueba de indicios y presunciones era importante, por cuanto este tipo de pruebas es habitualmente la única disponible en casos de colusión encubierta. La CNDC tuvo en cuenta que:

(1) el mercado automotriz es un mercado oligopólico de productos diferenciados, en los que las estrategias de marketing favorecen la coordinación y la persistencia de cualquier acuerdo;

(2) las terminales no trasladaron a precio las exenciones de impuestos a la importación e impuestos internos, o bien los pagaron sin obligación de hacerlo, al decidir voluntariamente importar vehículos EXTRA-MERCOSUR al TCN, para luego re-exportarlos al AAE, práctica mayormente utilizada en el período investigado 2002-2010;

(3) existe una posición de dominio colectiva por parte de las ocho empresas en el mercado de vehículos de gama baja y media en el AAE;

(4) el sistema de comercialización a través de un único concesionario oficial por marca y precios finales sugeridos, explicita el comportamiento de las terminales en el segmento de vehículos de gama baja y media; por el contrario, en el mercado de los vehículos de alta gama y vehículos 4×4 existen importaciones de vehículos directamente desde Chile al AAE a precio internacional, trasladándose a precio las exenciones existentes, por lo que los precios son mucho más bajos que en el TCN;

(5) el paralelismo de precios dista de ser el esperable en una zona de libre comercio en la cual los precios debieran reflejar la presión competitiva de los productos importados;

(6) existen altas barreras para-arancelarias que impiden a terceros competidores importar automotores nuevos al mercado del AAE: por un lado, los concesionarios del AAE no comercializaban repuestos ni servicios post-venta ni cubrían la garantía de vehículos que no habían sido vendidos por ellos. Por otro lado, para liberar al tránsito público un automotor nuevo en el AAE, es necesaria una Licencia de Configuración de Modelo (“LCM”). Cualquier particular que desee importar al AAE un automotor nuevo debe tramitar una LCM nueva y esperar varios meses, o bien solicitar a la terminal fabricante una extensión de la LCM ya existente. Las terminales tramitan normalmente extensiones de la LCM de cada modelo a favor de su concesionario oficial en Tierra del Fuego;

(7) las terminales no trasladaron a precio los reintegros a la exportación al AAE percibidos por el componente nacional de los vehículos fabricados en el TCN;

(8) las terminales no importaron, importaron cantidades reducidas o importaron sólo ciertos modelos de vehículos EXTRA-MERCOSUR para su reventa en el AAE, para no competir con ventaja con relación a los demás vehículos ofrecidos a precios iguales al TCN;

(9) varias de las empresas investigadas exportaban vehículos 0Km fabricados en Argentina a otros países (Chile y Brasil) a precios inferiores a los fijados para operaciones de venta a sus propios concesionarios del AAE, y ello sin tener en cuenta que los precios de exportación son CIF o CFR, mientras que los precios a Tierra del Fuego no incluyen fletes; y

(10) a la hora de comparar los precios de exportación a Chile y Brasil con los precios cobrados a los concesionarios de la AAE, la CNDC sostuvo que las diferencias de precios difícilmente se pueden explicar por la configuración de cada modelo, basándose en un dictamen técnico del organismo recaudador Argentino utilizado en un proceso fiscal.

La opinión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

En primer término, la Cámara afirmó que la legislación argentina no recepta las prácticas colusivas per se, siendo la regla de la razón de obligada aplicación a todos los casos. También distinguió la colusión explícita de la colusión encubierta en referencia al paralelismo consciente, y reconoció que para probar ésta última son necesarias otro tipo de evidencias.

Sin embargo, hizo especial hincapié en la ausencia de pruebas directas y señaló que la validez de la prueba indiciaria requiere que ésta sea múltiple, clara, precisa, grave y concordante, estando sujeta a contra-indicios y a la acreditación de la falta de lógica en los indicios valorados.

La Cámara valoró distintos problemas de “logística” alegados por las empresas denunciadas (política de suministro, dificultades para despachar vehículos por barco al AAE; previsiones de stocks, costos de comercialización), como una justificación válida de la preferencia de todas ellas de nacionalizar los vehículos EXTRA-MERCOSUR de gama media y baja en el TCN, pagar los impuestos de importación (35,5%), y luego re-exportarlos al AAE; en lugar de importarlos directamente (o en tránsito) al AAE y aprovechar la exención de impuestos de importación. La Cámara valoró también lo alegado por todas las terminales en el sentido de que de fuente EXTRA-MERCOSUR sólo se importan al AAE los vehículos de alta gama, y esto es una decisión comercial razonable.

En segundo término, la Cámara consideró arbitraria la selección de vehículos de gama media y baja realizada por la CNDC para definir el mercado de producto, y le achacó que sí se había acreditado el traslado de exenciones en casos de vehículos que no necesariamente debían ser considerados de gama alta. También ponderó que las ventas totales al AAE eran cercanas al 1,2% sobre las ventas totales en el TCN durante el período 2002-2010, lo que no justificaría el establecimiento de un cartel por cuanto no podrían obtenerse ganancias “extraordinarias” en un mercado tan exiguo. Asimismo valoró que  las participaciones en el mercado del AAE de las terminales multadas habían variado significativamente durante el período investigado.

Debe resaltarse que la Cámara criticó a la CNDC la temprana desvinculación de las trece concesionarias oficiales inicialmente denunciadas, lo que “atenta contra toda lógica y seria investigación” ya que “en el caso, no hay evidencia concreta de qué incidencia ejerció el minorista en los precios finales al consumidor (…) siendo en definitiva ésta la esencia de la cuestión que motivó la denuncia de inicio de estas actuaciones”.

Con relación a la falta de traslado a precio de los reintegros por exportaciones con componentes nacionales, la Cámara sostuvo que los beneficiarios de dichos reintegros no están obligados a trasladar el beneficio al consumidor. También valoró que dos de las ocho empresas multadas acreditaron nunca haber percibido reintegro alguno. Con relación a la falta de traslado a precio de la exención en el “Impuesto Interno a los Vehículos, Chasis y Motores”, la Cámara valoró las probanzas de todas las empresas multadas acreditando que los vehículos de gama media y baja tenían un valor por debajo del umbral que obliga al pago de este tributo, por lo cual la exención no era utilizable.

Por otro lado, la Cámara consideró que la comparación de precios entre el AAE y los mercados de Chile y Brasil es inviable cuando los modelos de vehículos son diferentes. Valoró que una de las empresas multadas acreditó que los precios de exportación a Chile y Brasil eran similares a los cobrados al AAE, y tuvo especialmente en cuenta el distinto volumen de los tres mercados comparados, y la especial apertura al comercio internacional de Chile, muy competitivo por ingreso libre de importaciones.

Con relación a las barreras a la entrada señaladas por la CNDC, la Cámara consideró que las terminales denunciadas no estaban obligadas a garantizar un producto que no importaban ni vendían, sin perjuicio de lo cual habían probado prestar servicios post-venta, y que la CNDC no acreditó cómo la LCM podía facilitar un cartel.

En síntesis, la Cámara consideró que los indicios colectados por la CNDC no eran graves, ni inequívocos, ni precisos ni conducentes, afirmando que la valoración de los mismos había sido parcializada y aislada. Afirmó que si cada una de las conductas desplegadas merecía una explicación legal o puede atribuirse a razones diferentes, propias de la toma de decisiones empresarias derivadas de estrategias de ventas o de las peculiaridades del mercado, no parece convincente una presunción en contrario que sostenga la existencia de una cartelización para no trasladar a precios ciertas exenciones fiscales y aduaneras, sumado a un acuerdo de no importación de vehículos EXTRA-MERCOSUR para mantener el nivel de precios. También valoró que la disparidad de conductas a la hora de importar vehículos EXTRA-MERCOSUR al AAE descartaba el paralelismo consciente, justamente por ser comportamientos distintos y no simultáneos. No existía prueba que demostrase un acuerdo de voluntades traducido en comportamientos comerciales homogéneos.

Conclusión

Gregory J. Werden, Economista Senior de la División Antitrust del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en un artículo publicado en 2004 en el Antitrust Law Journal editado por la American Bar Association, afirma que los jueces necesitan aprender los aspectos básicos de la Teoría Moderna del Oligopolio para producir decisiones más consistentes en casos de cartelización.

En este sentido, debe destacarse que los jueces de la Cámara prestaron especial consideración a dos informes de renombrados economistas argentinos presentados por las empresas multadas, y usados para analizar dos aspectos clave: cuál es la justificación de la diferencia de precios de exportación existente entre el AAE y dos países limítrofes, y cuál es la incidencia en los precios finales de un sistema de exenciones como el que goza el AAE.

Por la complejidad de este caso, es de esperar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recurra al apoyo económico de la “Unidad de Análisis Económico” creada por la Acordada 36/09.

Cuál será la suerte que correrá la mayor multa impuesta por cartelización en Argentina es una pregunta interesante, pero más interesante aún es cuál será la suerte que corra una demanda colectiva iniciada 9 días antes que la multa fuera revocada por la Cámara, pidiendo se impongan daños punitivos a las empresas multadas, y se devuelvan los sobre-precios cobrados a los consumidores patagónicos.

Memorias del Tercer Congreso de Libre Competencia Económica

18 enero, 2016

Tercer congreso libre competencia

Ya se encuentran disponibles en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio las Memorias del Tercer Congreso de Libre Competencia Económica. Este evento se llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre de 2015 en Barranquilla, Colombia, y contó con la participación del Presidente de la República, Juan Manuel Santos; la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, y un selecto grupo de conferencistas nacionales y extranjeros.

Los videos de las presentaciones y los paneles pueden ser vistos haciendo click en este enlace.

Ver la entrada original

Ciclo de Pensamiento – Políticas e Instituciones de Defensa de la Competencia

15 diciembre, 2015

Este jueves 17 de diciembre, a las 9 hrs., realizaremos en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires un nuevo encuentro del ciclo de la referencia. 

En este caso, nos acompañarán académicos que iniciarán la discusión. Para mayor información, hacer click aquí.

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