El 19 de enero de 2010, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (“CNDC”), organismo encargado de la aplicación de la ley de defensa de la competencia (N° 25.156) en la Argentina, inició de oficio una investigación en el mercado de la TV por cable por un presunto cartel entre sus principales actores con el fin de incrementar el precio de los abonos.
La CNDC inició la investigación a partir de varios artículos periodísticos publicados en los diarios de mayor circulación del país, que informaban que a partir de febrero de 2010 las empresas del sector aumentarían entre un 6% y un 9,4% el precio de los abonos. Las empresas justificaban el aumento programado en la inflación que habría incrementado sus costos y en la devaluación de la moneda. Asimismo, para fundamentar la apertura de la investigación, la CNDC se basó en un comunicado de prensa publicado en la página web de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (“ATVC”) donde se explicaba el aumento y sus razones.
El 26 de enero de 2010, la CNDC dictó a través de la Resolución 8/2010, una medida cautelar ordenando a las principales empresas del mercado que se abstengan de realizar prácticas colusivas y de aumentar el precio de los abonos del servicio por el término de 60 días. Asimismo, la CNDC ordenó a aquellas empresas que incrementaron efectivamente los precios a retrotraer los mismos al importe percibido en noviembre de 2009. También ordenó a la ATVC y a Red Intercable S.A. (una empresa que agrupa pequeños y medianos prestadores de TV por cable en varias provincias) que se abstengan de realizar “cualquier acto tendiente a organizar o facilitar las conductas prohibidas por la Ley N° 25.156 por parte de sus asociadas, así como requerir, administrar y difundir entre sus asociadas, toda información sensible a la competencia”.
Dentro de los fundamentos de la medida cautelar, la CNDC estableció que se “advierte la existencia de un patrón, tanto en lo referido a la oportunidad como a la magnitud de los incrementos de precios”. A ello, las empresas investigadas alegaron que los aumentos de precios tenían un estricto correlato en el fenómeno inflacionario que está experimentando la Argentina hace ya varios años, pero la CNDC expresó que “el argumento de incremento de costos raramente ha sido considerado como eximente o atenuante de una práctica colusiva tanto en el derecho local como en el derecho comparado”.
La Resolución 8/2010 fue ampliada el 5 de febrero por medio del dictado de la Resolución 13/2010, mediante la cual la CNDC ordenó reintegrar los incrementos que fueron cobrados con posterioridad al dictado de la medida cautelar.