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Demanda de inconstucionalidad contra las disposiciones que permiten la terminación anticipada por ofrecimiento de garantías (compromisos) – Colombia

20 agosto, 2008

El doctor Mauricio Velandia interpuso el pasado 3 de julio una acción pública de inconstitucionalidad en contra del numeral 12 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992 y el inciso cuarto del artículo 52 del decreto 2153 de 1992.

A continuación se transcriben las normas mencionadas y se resaltan los apartes demandados:

“Artículo 4.- Funciones del Superintendente de Industria y Comercio. Al Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

(…)

12. Decidir sobre la terminación de investigaciones por presuntas violaciones a las disposiciones a que refiere el numeral 10 del presente artículo, cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga; (…)”

“Artículo 52.- Procedimiento. Para determinar si existe una infracción a las normas de promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar actuación de oficio o por solicitud de un tercero y adelantar una averiguación preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de realizar una investigación.

Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al investigado para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer. Durante la investigación se practicarán las pruebas solicitadas y las que el funcionario competente considere procedentes.

Instruida la investigación se presentará al Superintendente un informe motivado respecto de si ha habido una infracción. De dicho informe se correrá traslado al investigado.

Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga.

En lo no previsto en este Artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo.”

De manera principal el accionante pretende que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de las mencionadas disposiciones por infringir supuestamente los artículos 2, 6, 13, 23, 29, 58, 87, 95, 229, 333 y 336 de la Carta Política. De manera subsidiaria, el accionante pretende que la Honorable Corte Constitucional declare la constitucionalidad condicionada de las disposiciones demandadas “en el entendido que: Su (sic) aplicación signifique confesión y responsabilidad del infractor.”

Antes de justificar la supuesta violación de la Carta Constitucional, el actor argumenta que en otras legislaciones del mundo existen “figuras de clemencia y amnistía” que difieren de “la figura instaurada a nivel nacional”. Evidentemente el Doctor Velandia confunde dos instituciones jurídicas del Derecho de la Competencia que son completamente diferentes: la terminación anticipada de un proceso en virtud de la aceptación de las garantías (o compromisos) ofrecidas por el investigado y los programas de “clemencia” o de “inmunidad”. Esta última institución que ha sido implementada en jurisdicciones como Perú, Panamá, El Salvador, México y Brasil no ha sido incorporada al derecho de la competencia colombiano. No sobra advertir que en la actualidad cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 195 de 2007 en el que precisamente se pretende incluir un “programa de beneficios por colaboración con la autoridad”.

El accionante fundamenta la inconstitucionalidad del numeral 12 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992 y el inciso cuarto del artículo 52 del decreto 2153 de 1992 en virtud de su supuesta infracción a varias disposiciones constitucionales.

En resumen, el accionante argumenta que la figura de las garantías impide que haya un “juicio de responsabilidad por la infracción legal, pues la investigación termina sin un responsable o inocente”. En otras palabras, el actor argumenta que la terminación anticipada por aceptación de garantías conlleva a “la clausura de la investigación sin juicio de responsabilidad aun cuando alguien incumplió”.

Este viernes presentaré ante la Corte Constitucional una interevención a favor de la constitucinalidad de las normas demandadas en respresentación del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Argumentaré que no solo están ajustadas a las Constitución Nacional dichas disposiciones sino que bien empleadas por la autoridad de la competencia representan una herramienta afín con los objetivos del derecho de la competencia.
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2 comentarios leave one →
  1. Francisco Agüero permalink
    20 agosto, 2008 11:27 PM

    Juan David,Suerte ante la Corte Constitucional! Una pregunta: ¿no existe el riesgo que mediante la aceptación, más o menos forzada de las garantías/compromisos, la Superintendencia pase a regular el mercado que investigaba? Pienso en que la garantía sea, por ejemplo, un esquema de autorrgulación de precios, u otros.Francisco

  2. Juan David Gutiérrez Rodríguez permalink
    2 septiembre, 2008 3:16 AM

    Hola Francisco!Efectivamente, coincido en que las garantías pueden convertir a la autoridad de la competencia en un controlador de precios y quizás más allá en virtud de los condicionamientos estructurales (por oposición a los conductuales). Se requiere un gran equilibrio para que la autoridad de la competencia (y los jueces) no vayan más allá de sus funciones, pues sin duda alguna la ley no les otorgó la función de regular precios. Vale la pena recordar una frase de la Corte Suprema de Justicia de EEUU “[t]he reasonable price fixed today may througheconomic and business changes become the unreasonable priceof tomorrow”. Me parece que el tema que has puesto es digno no sólo de un buen debate, sino también de un buen paper! Saludos, Juan David

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