El sector de combustibles vuelve al centro de la agenda del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil. El 21 de julio de 2025 se publicó la Portaría nº 379/2025, que designa al mercado de combustibles líquidos como prioritario para el análisis y las investigaciones durante los ejercicios de 2025 y 2026.

En la práctica, el movimiento puede indicar una intensificación de las investigaciones y de las iniciativas de abogacía de la competencia en el sector — algo que, por lo visto, ya ha comenzado.

Pocos días después de la publicación de la Portaría, la prensa informó sobre la apertura de un procedimiento contra Petrobras Distribuidora e Ipiranga (CNN Brasil, 6 de agosto de 2025). La investigación examina posibles prácticas anticompetitivas en el sector, reforzando que la priorización definida por el CADE no es solo una directriz administrativa, sino que está siendo efectivamente implementada.

La coincidencia temporal entre la publicación de la Portaría y la apertura del procedimiento contra grandes distribuidoras sugiere que el CADE está poniendo en práctica la priorización anunciada. Si se mantiene este ritmo, es posible que veamos una ola de nuevas investigaciones en el sector, posiblemente abarcando también el refinado, el transporte y la logística de combustibles.

Pero, al fin y al cabo, ¿qué establece la Portaría nº 379/2025? En pocas palabras, presenta una serie de disposiciones que, si se cumplen en su totalidad, pueden cambiar de manera significativa la actuación del CADE en el sector. Entre los principales puntos, se destacan:

1. Prioridad absoluta para la instrucción y conducción de investigaciones de cartel y prácticas colusorias en el mercado de combustibles líquidos.
2. Actualización de estudios económicos y filtros econométricos para la detección de carteles, incluyendo la revisión del Cuaderno Sectorial sobre Distribución y Venta Minorista de Combustibles y un eventual estudio sobre refinado.
3. Articulación con otros organismos — como ANP, Receita Federal, Secretarías de Hacienda, Senacon, Ministerio Público, Policía Federal y estatales — para el intercambio de datos e informaciones.
4. Audiencia pública en 2025, reuniendo a agentes del sector, academia, entes reguladores, consumidores y sociedad civil, para diagnosticar los problemas de competencia.
5. Campaña institucional orientada a incentivar el uso del “clique denuncia” y difundir el programa de clemencia del CADE, con foco en el sector.
6. Informes internos en 30 días, mapeando acciones ya en curso y planificando nuevas iniciativas para el bienio.

En los últimos años, la volatilidad de los precios, la complejidad de la cadena de suministro y la asimetría de información entre los agentes han reforzado el debate sobre transparencia y competencia.

La Portaría parece perseguir tres objetivos centrales:

1. Reforzar la capacidad investigativa — con datos y métodos más sofisticados.
2. Mejorar la articulación institucional, reduciendo cuellos de botella en el acceso a la información.
3. Ampliar la abogacía de la competencia, influyendo en la regulación y en las prácticas de mercado.

¿Se alcanzarán estos objetivos? Es difícil responder, ya que el sector de combustibles ha estado en la mira del CADE desde los tiempos de la hiperinflación en los años 1980. El sector históricamente presenta alta concentración y denuncias recurrentes de prácticas colusorias. Desde la década de 1990, las investigaciones sobre carteles regionales de estaciones de servicio han sido frecuentes, pero a menudo fragmentadas y de difícil prueba — y, al mismo tiempo, el gobierno siempre utilizó al CADE para enfrentar los aumentos de precios en el sector, lo que con frecuencia obligaba a las autoridades de competencia a abrir investigaciones con bajas probabilidades de éxito.

En la historia reciente del derecho de la competencia en Brasil, también es posible asociar el sector de combustibles con el surgimiento de casos paradigmáticos sobre paralelismo plus en la jurisprudencia del CADE. En varias investigaciones sobre estaciones de servicio, el Consejo enfrentó situaciones en las que la mera práctica paralela de precios — común en mercados homogéneos y transparentes — no bastaba, por sí sola, para caracterizar una conducta anticompetitiva. Fue en este contexto que se consolidó el entendimiento de que sería necesario identificar elementos adicionales (plus factors) capaces de indicar la existencia de coordinación ilícita, como, por ejemplo, comunicaciones entre competidores, intercambio de informaciones sensibles o conductas uniformes que no pudieran explicarse por factores de mercado. Estos casos contribuyeron a delimitar la frontera entre el paralelismo consciente lícito y el cartel tácito ilícito, y siguen siendo una referencia obligatoria para el análisis de mercados concentrados, especialmente en el sector de combustibles.

Para concluir

La priorización del sector de combustibles por parte del CADE puede tener efectos profundos tanto en la represión como en la prevención de conductas anticompetitivas.

Para las empresas que actúan en la cadena de suministro, el mensaje es claro: el riesgo regulatorio ha aumentado, de modo que el seguimiento cercano de las investigaciones y estudios será fundamental para prevenir litigios y ajustar estrategias de mercado.