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Desayuno de la comunidad antitrust de Argentina

18 junio, 2010

El próximo desayuno de la comunidad antitrust de la Argentina será el martes 22 de junio a las 9hs. en la Cava de El Querandí (Perú 322, Ciudad de Buenos Aires).

El tema de análisis serán las nuevas directrices europeas sobre restricciones verticales (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:ES:PDF) y abrirá el debate Germán Coloma.

Quienes deseen asistir deben comunicarse con Julián Peña (jp@allendebrea.com.ar).

La CNDC obliga a Cablevisión a incluir al canal CN23 en su grilla

16 junio, 2010

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (“CNDC”) de Argentina ha emitido una resolución por medio de la cual obliga a Cablevisión S.A., empresa líder en el mercado de la televisión por cable, a que incluya en su grilla de programación a la señal CN23.

La resolución establece que el ingreso de la señal CN23 al mercado de la televisión por cable resulta imposible dado la posición de dominio que ostenta Cablevisión en dicho mercado. Por esta razón, la CNDC obligó a Cablevisión a incluir a la señal CN23 en condiciones no discriminatorias, es decir, en condiciones y precios de mercado. La conducta imputada es el abuso de posición dominante (sancionado por el artículo 4 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia) lograda mediante la obstaculización al ingreso o la permanencia de un competidor en un mercado (articulo 2 inciso f) de la Ley).

A fines de 2007, la CNDC había aprobado la adquisición por parte de Cablevisión de su principal competidor, Multicanal. Posteriormente, en 2010, la CNDC determinó que Cablevisión había incumplido las inversiones prometidas las cuales habían sido críticas para que la CNDC aprobara la operación. Finalmente, la CNDC ordenó la desinversión por parte de Cablevisión de los activos y señales adquiridas como consecuencia de la operación. Actualmente, esa resolución de la CNDC se encuentra apelada en la Justicia.

Licitaciones en Telecomunicaciones y su Impacto en Precios Finales (México)

28 mayo, 2010

Recientemente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México decidió descalificar a uno de los dos últimos postores que participaban en la licitación de una parte de la infraestructura de telecomunicaciones (un par de “fibras oscuras”) perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, la empresa paraestatal encargada de proveer el servicio de energía eléctrica en México. Algunas de las implicaciones económicas de esta descalificación se abordan en el artículo intitulado “Los Enredos por la Fibra Oscura” publicado el día de ayer por CNN-Expansión. El contenido de este artículo se trascribe a continuación.

Los Enredos por la Fibra Oscura

por

Víctor Pavón-Villamayor

El proceso de asignación de una parte de la infraestructura de telecomunicaciones perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha tomado un matiz inusitado en días recientes. De acuerdo a los últimos eventos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha decidido descalificar la participación de la empresa Iusatel dentro de la licitación que habrá de culminar con la asignación de los derechos para la explotación de esta infraestructura. La discusión sobre los méritos de esta descalificación se ha venido desarrollando en dos vertientes. En primer lugar, se discute la solidez de los argumentos legales que la SCT ha empleado para fundamentar su decisión. En su segunda vertiente, la discusión se ha centrado en la evaluación de los impactos económicos que derivan de esta decisión de la autoridad. A continuación me concentro exclusivamente en este segundo ámbito de discusión.  

El principal problema que parece identificarse como resultado de la descalificación se refiere al monto de la compensación final que podría recibir la hacienda pública a consecuencia de una reducción (de dos a uno) en el número de participantes en la licitación —en estos momentos, todo parece indicar que el grupo de interés integrado por Telefónica, Televisa y Megacable quedaría como único postor. Es cierto que la descalificación de uno de los dos finalistas en la licitación actúa en detrimento de la contraprestación que, por arriba del valor de referencia, podría obtener el gobierno por la asignación de estos derechos.

Sin duda, este es un punto importante, pero es preciso aclarar que el pago de una menor contraprestación al gobierno no significa necesariamente una pérdida para el erario público. Esto es, el hecho de que exista un valor de referencia —un precio mínimo garantizado— asegura al gobierno la obtención de una compensación “justa” bajo cualquier asignación. Dicho de otro modo, si la asignación de los derechos para la explotación de una infraestructura en particular no compensa de manera “justa” al gobierno que licita, es claro que hubo un problema serio de valuación porque el valor de referencia siempre estuvo por debajo del valor real de los activos licitados. En consecuencia, cuando el valor de referencia se fija correctamente, no debiese preocupar demasiado que la asignación ocurra precisamente a ese precio —al menos que el objetivo del gobierno sea otro, como la extracción de rentas de los agentes económicos que participan en la licitación.

Un segundo tema, y de mucho mayor relevancia desde la perspectiva de la competencia económica, se refiere al impacto real que la descalificación de Iusatel podría tener sobre los precios que pagarían los consumidores finales. Esto es ¿es posible argüir que la descalificación de Iusatel, a través de su impacto sobre la reducción del monto que (probablemente) terminarán pagando Telefónica, Televisa y Megacable, permitirá observar precios menores? Probablemente no.

El sentido común nos dice que cuando el costo de los insumos empleados para proveer un servicio es alto —por ejemplo, cuando las empresas de telecomunicaciones pagan una alta contraprestación al gobierno para obtener los derechos de explotación de alguna infraestructura (insumo) clave— las empresas simplemente transfieren esos mayores costos a sus consumidores. Esta intuición, sin embargo, no siempre es válida. En un estudio intitulado “Spectrum Auctions Do Not Raise the Price of Wireless Services”, la Federal Communications Commission de los Estados Unidos encontró, con base en información del periodo 1985-1998 para su mercado de telefonía móvil, que los precios que pagaban los consumidores de aquellas compañías que obtuvieron su insumo esencial (espectro) de forma gratuita, no eran significativamente diferentes a los precios que pagaban los consumidores de las compañías que sí tuvieron que pagar por el uso de ese insumo básico. Esto es, aquellas empresas de telefonía que por alguna razón enfrentaron mayores erogaciones para entrar al mercado y proveer sus servicios, no tradujeron ese mayor nivel de gastos en mayores precios al consumidor.

En el caso de la reciente licitación de la infraestructura de la CFE en nuestro país, este resultado implica dos cosas. En primer lugar, que la (posible) asignación de esta infraestructura al grupo de interés integrado por Telefónica, Televisa y Megacable a niveles cercanos al valor de referencia, no tendrá un impacto directo sobre los precios. En segundo término, que el impacto real de esta licitación sobre los precios efectivos que pagarán los consumidores finales dependerá esencialmente de cómo esta asignación mejora efectivamente las condiciones de competencia en la industria. La licitación de la fibra oscura de la CFE representa entonces una condición necesaria para observar precios más competitivos en la industria pero, evidentemente, no los garantiza.  


Reformado el Decreto 3523 de 2009 (Por el cual se modifica la estructura de la SIC y se determinan funciones)

25 mayo, 2010

Para armonizar la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con lo dispuesto en las Leyes 1340 y 1341 de 2009, el Presidente de la República de Colombia expidió el Decreto 1687 del 14 de Mayo de 2010 por medio del cual se modifica el Decreto 3523 de 2009 (“Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan las funciones de sus dependencias”).

En efecto, el Decreto 3523 de 2009 fue expedido con posteridad a la expedición de las citadas leyes y presentaba algunas inconsistencias respecto de las mismas que pretenden corregirse mediante el Decreto 1687 de 2010.

Nuevo proyecto de instrucciones sobre autorización de integraciones en Colombia

22 mayo, 2010

La Superintendencia de Industria Comercio publicó en página web un nuevo proyecto de resolución “Por la cual se imparten instrucciones sobre el procedimiento para la autorización y notificación de las operaciones de integración empresarial y se adoptan unas guías“.

Según informaba la Superintendencia el límite para remitir comentarios sobre la misma vencía el viernes 21 de mayo. ¡Lo increíble es que es que el proyecto de resolución fue publicado el jueves 20 de mayo! ¿Tiene sentido alguno establecer un término tan corto?  Difícilmente se puede preparar un aporte serio para la autoridad de un día para otro. Con todo el respecto que se merece la entidad, este proceder no es serio y deja la sensación de que no están interesados en recibir comentarios.

Atracción por los mercados de América Latina en el año 2010

18 mayo, 2010

Mi colega Tania Zúñiga Fernández, profesora e investigadora de Pontificia Universidad Católica del Perú, me ha llamado la atención sobre una reseña publicada en la revista “América Económica” titulado En los ojos de los mercados”.

El artículo reseña la atracción de los inversionistas internacionales por los mercados Latinoamericanos y las perspectivas del año 2010. He leído en varias publicaciones económicas acerca del buen desempeño del sistema financiero de los países de nuestra región después de la crisis financiera de finales del año 2008. Sin duda alguna este buen clima de negocios atraerá inversión extranjera en el 2010 y comparto con la doctora Zúñiga que ello se traducirá en un mayor volumen de negocios.

Cámara de Diputados de México aprueba reforma (pendiente discusión en Cámara de Senadores)

17 mayo, 2010

Haciendo seguimiento a la noticia sobre la propuesta de reforma de la normativa de libre competencia en México (véase anterior entrada acá) les cuento que según lo reseña la CoFeCo, el pasado 22 de abril la Cámara de Diputados “aprobó con 386 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, el dictamen que reforma la Ley Federal de Competencia Económica.” (véase el Dictamen acá y demás documentos relacionados acá). Ahora el turno será para la Cámara de Senadores.

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