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Mexicana de Aviación ¿Rescate Gubernamental o Transferencia de Activos?

6 agosto, 2010

Esta semana, una de las dos aerolíneas bandera de México, Compañía Mexicana de Aviación, solicitó ante las autoridades judiciales el concurso mercantil —la figura legal mexicana equivalente al “Chapter 11” de los Estados Unidos. La aprobación del concurso mercantil permitirá a Mexicana, como se conoce comúnmente a esta aerolínea, emprender negociaciones amplias con sus acreedores para el reordenamiento de sus pasivos. A continuación, el contenido de mi más reciente columna sobre algunas de las implicaciones económicas de este tema en CNNExpansión.

Mexicana de Aviación ¿Rescate Gubernamental o Transferencia de Activos?

por

Víctor Pavón-Villamayor

Según la International Air Transportation Association (IATA), 2009 representó uno de los peores años de la historia para la aviación comercial. En México, la crisis económica que azotó la evolución de la economía mundial —y que significó para nuestro país una caída de 6.5% del PIB en 2009— implicó menores niveles de tráfico aéreo y, en consecuencia, menores ingresos para las aerolíneas. La epidemia de influenza ocurrida en el primer semestre de 2009 generó un impacto adicional (negativo) sobre la demanda de vuelos, lo que complicó aún más la situación financiera de las líneas aéreas. Se ha estimado, por ejemplo, que el número de pasajeros transportados por aire en nuestro país cayó entre 2008 y 2009 alrededor de 12%. La caída en los ingresos de las aerolíneas fue presumiblemente mayor. Naturalmente, los impactos de estas contingencias exigieron a las aerolíneas instrumentar un conjunto de ajustes a fin de sobrevivir la parte más crítica de la crisis y, en la medida de lo posible, colocarlas en una buena posición de cara al proceso de recuperación económica.

Lamentablemente, no todas las aerolíneas estuvieron en la posibilidad de instrumentar sus ajustes a tiempo y en la magnitud requerida. La situación financiera que enfrenta hoy Mexicana de Aviación es, en parte, consecuencia directa de los shocks negativos sobre la demanda derivados de la recesión mundial, pero también deriva de una estructura de costos que, en un entorno aéreo cada vez más competitivo, ha comprometido su viabilidad financiera. La administración de Mexicana ha sostenido que las posibilidades de  reestructuración de la empresa dependen esencialmente de emprender ajustes a las remuneraciones de sobrecargos y pilotos —se argumenta que el gasto en tripulaciones está hasta 10 puntos porcentuales por arriba del promedio observado en otras aerolíneas mexicanas. Las asociaciones sindicales, naturalmente, difieren en ese diagnóstico y han rechazado las ofertas de adquirir, íntegramente, los activos y pasivos de la empresa y la posibilidad de ajustar sus remuneraciones a la baja. En este marco de polarización, se han sugerido dos posibles soluciones.

Por una parte, las asociaciones sindicales han sugerido la intervención directa del gobierno para rescatar financieramente a la empresa. El rescate de la empresa por el gobierno, sin embargo, impondría mayores costos sociales que beneficios. En primer lugar, es probable que los recursos públicos destinados al rescate de Mexicana puedan tener un uso alternativo de mayor valor social. En segundo lugar, y de manera más importante, el rescate sentaría el precedente para que cualquier empresa en situación crítica pueda exigir en un futuro un trato similar —después de todo, todas las quiebras tienen implicaciones sobre el nivel del empleo y la generación de valor agregado. Esto obligaría al gobierno a intervenir recurrentemente en diversas industrias —con cargo directo al bolsillo de los contribuyentes— y generaría un efecto perverso que los economistas conocemos como problema de “moral hazard”. Esto es, una situación en la cual el gobierno asume los riesgos y los costos de las malas decisiones corporativas, ya que una pésima decisión comercial no pone en riesgo la continuidad de la empresa pues ésta, eventualmente, será rescatada. El resultado global es una economía caracterizada por la irresponsabilidad corporativa y un gobierno en recurrentes ciclos de expansión. Por ello, es preciso repetir ad nauseam que la construcción de una verdadera economía de mercado comienza con una simple acción: responsabilizar a las empresas de sus buenas y malas decisiones. Sólo en aquellos casos en los cuales el interés público demanda una intervención gubernamental, y exclusivamente en esos casos, existe un papel relevante para el Estado.

La segunda alternativa, ya planteada legalmente por los directivos de Mexicana, consiste en el concurso mercantil. El concurso podría concluir con una reestructuración exitosa o en una transferencia de los activos productivos de Mexicana a otra empresa. En este segundo caso, la adquisición de activos de Mexicana por un tercero requerirá del visto bueno de la Comisión Federal de Competencia (CFC). La pregunta clave en este segundo escenario consiste en conocer bajo qué criterios la CFC deberá evaluar esta transferencia (y concentración) de activos. La pregunta es relevante porque esa posible concentración de activos no podría evaluarse bajo los criterios tradicionales que utiliza la CFC para evaluar este tipo de transacciones, sino que tendría que utilizar la doctrina conocida como “Failing Firm Defense” para evaluar (y aprobar, en su caso) la adquisición de los activos de Mexicana por un tercero. Lamentablemente, la actual Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) no contiene esta figura legal, a pesar que esta doctrina se ha utilizado en el pasado para aprobar transferencias de activos (FEMSA-Mundet) en circunstancias similares a las que Mexicana de Aviación podría estar sujeta en los próximos meses. 

En las próximas semanas el Senado de la República retomará las discusiones sobre el paquete de reformas a la LFCE aprobadas por el Congreso de la Unión. La situación financiera que enfrenta en estos momentos Mexicana y que podría derivar en una transferencia de activos de la aerolínea a un tercero, nos recuerda que la LFCE aún carece de los instrumentos adecuados para atender escenarios económicos importantes, como la transferencia de activos de empresas en peligro de quiebra. Por ello, es preciso que el Senado evalúe en sus próximas deliberaciones la necesidad de incorporar explícitamente la doctrina de la “Failing Firm Defense” a nuestra actual ley de competencia económica.

Nuevo Superintendente de Industria y Comercio en Colombia

6 agosto, 2010

El presidente electo de Colombia, Dr. Juan Manuel Santos, acaba de anunciar el nombramiento del nuevo Superintendente de Industria y Comercio, el Dr. José Miguel De la Calle, abogado de la U. el Rosario y con Maestría en Derecho de la U. Harvard.

Véase el perfil del Dr. José Miguel De La Calle acá  (La Silla Vacía) y acá (De la Calle, Chemás, Reyes & Asociados).

Véase reseñas en las noticias acá y acá.

El nuevo Superintendente se posesionará el martes 17 de Agosto.

Seminario sobre Derecho de la Competencia en América Latina en UCL (23 de Septiembre)

6 agosto, 2010

El Dr. Ioannis Lianos, profesor de la Facultad de Derecho de la University College London – UCL (City Solicitors’ Educational Trust Reader in European and Competition Law) ha organizado un seminario sobre Derecho de la Competencia en América Latina que  tendrá lugar el 23 de Septiembre. EL seminario es parte de la serie de conferencias “Competition Law in a Global Context” organizadas por el “Centre for Law and Economics (Public Policy Section)” de la Facultad de Derecho de UCL. Este seminario está precidido por un exitoso evento organizado en Junio sobre “US antitrust in the Obama administration“.

El seminario estará dividido en dos secciones:

  • “Part one will provide a critical assessment of the enforcement of competition law in some key jurisdictions in Spanish-speaking Latin America focusing on cartel enforcement (in particular leniency policy), abuse of dominance, the intersection of competition law and regulation, merger control, private enforcement (including private actions for antitrust damages).
  • The second part will discuss horizontal approaches, including convergence and harmonisation of competition laws across Latin America, the influence of European and US models of Competition law (substance and enforcement) and the development of specific Latin American models.”

En el contexto del seminario, los siguientes temas serán discutidos:

  • “The scope of competition law in Latin America: has it expanded? What are the areas that are still exempted from the application of competition law (the ones that tend to be different than in the EU or the US)?
  • How are competition law principles integrated in all areas of public action?
  • What would competition advocacy achieve in these jurisdictions?
  • Is the judicial and regulatory system (institutions) adequate for a sophisticated and ecomomically oriented competition law?
  • What is the degree of discretion that is recognized to competition authorities? How due process is preserved? In particular for foreign firms. Suggestions for reforms.
  • How does the level of economic development and broader culture affect the application of competition law?”

Los conferencistas invitados son lo siguientes:

  • Chair: Ioannis Lianos (UCL)
  • Paulo Montt (University of Santiago, Partner: Ferrada Nehme)
  • Javier Tapia (University College London, OFGEM)
  • Julian Pena (University of Buenos Aires, Partner: Allende & Brea)
  • Juan David Gutierrez (Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia))
  • Pablo Marquez (Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia))

El seminario se realizará el Jueves 23 de Septiembre de  4.30-7 pm en la Facultad de Derecho de UCL (Bentham House, Endsleigh Gardens, WC1H 0EG London).

Por supuesto, en su momento les contaré qué ideas y discusiones tuvieron lugar en el evento y sobre el desarrollo del seminario. En mi caso, mi intervención se centrará en el control de integraciones empresariales en América Latina en el marco de un proyecto conjunto que estoy trabajando con Javier Tapia.

El programa completo del evento y demás información pertinente está disponible acá.

Para los que aún no se han desayunado: el proceso jurisdiccional por competencia desleal ante la SIC será verbal

5 agosto, 2010

Esta mañana en el ciclo de conferencias sobre la competencia desleal de la U. Externado “me desayuné”. Y no me refiero a los huevos con chocolate que amablemente ofrecieron en la “Casa Externadista”, sino a un comentario del público que mencionaba el cambio de procedimiento en materia procesos jurisdiccionales por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Pues bien, a parte de una estimulante discusión sobe el alcance de las facultades administrativas de la SIC en materia de competencia desleal y de la aplicación del presupuesto procesal de la “significatividad” en dichos procesos, el evento me sirvió para enterarme de que la Ley 1395 de 2010 modificará el procedimiento que deben adelantar  las Superintendencias con funciones jurisdiccionales. La Ley 1395, “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”, acaba de ser sancionada por el Gobierno Nacional e introduce importantes cambios en materia de procedimiento civil, contencioso administrativo, laboral y penal.

En cuanto a las materias que nos interesan, el artículo 22 establece que todo proceso declarativo que pueda ser conocido por las Superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales (en el caso de la SIC competencia desleal y protección al consumidor) debe ser tramitado por las normas del proceso verbal (de mayor cuantía, menor cuantía o sumario según la cuantía). Ahora bien, es preciso advertir que la Ley 1395 no es de aplicación inmediata para este asunto, pues según el parágrafo del artículo 44 dichas modificaciones (entre otras) “entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2011 en forma gradual a medida que se disponga de los recursos físicos necesarios, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, en un plazo máximo de tres años. Los procesos ordinarios y abreviados en los que hubiere sido admitida la demanda antes de que entren en vigencia dichas disposiciones, seguirán el trámite previsto por la ley que regía cuando se promovieron.”

Es preciso recordar que en la actualidad las acciones jurisdiccionales por competencia desleal que se presentan ante la SIC deben adelantarse por el trámite del proceso abreviado en virtud del artículo 49 de la Ley 962 del 8 de julio de 2005. Tampoco sobra recordar que el citado artículo 49 modificaba el artículo 144 de la ley 446 de 1998 que establecía  que el proceso debía adelantarse según las reglas del proceso de infracciones al régimen de protección de competencia.

Como la norma la Ley 1395 de 2010 modifica varios artículos del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil, que son normas residuales para lo no previsto en las normas de libre y leal competencia, he preparado un extracto de las normas más importantes y pertinentes que fueron introducidas o modificadas.

“Ley 1395 de 2010

(julio 12)

Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Capítulo I

Reformas al Código de Procedimiento Civil

Artículo 1°. El artículo 14 del Código de Procedimiento Civil que-dará así:

Artículo 14. Competencia de los jueces municipales. Los jueces municipales conocen en única instancia: 1. De los procesos contenciosos de mínima cuantía. 2. De los procesos de sucesión de mínima cuantía. 3. De la celebración del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. 4. De los procesos verbales sumarios. 5. De los procesos atribuidos a los jueces de familia en única instancia, cuando en el municipio no exista juez de familia o promiscuo de familia.

Parágrafo. Tratándose de los procesos consagrados en los numerales 1, 2 y 3, los jueces municipales conocerán de estos solo cuando en el municipio no exista juez municipal de pequeñas causas y competencia múltiple.

(…)

Artículo 9°. Se adiciona el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil con el siguiente parágrafo:

Parágrafo. En todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la no-tificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal. Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al Juez o Magistrado que le sigue en turno, quien proferirá la sentencia dentro del término máximo de dos (2) meses. Sin em-bargo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá asignar el proceso a otro Juez o Magistrado si lo considera pertinente. El Juez o Magistrado que recibe el proceso deberá infor-mar a la misma Corporación la recepción del expediente y la emi-sión de la sentencia. Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará a un juez itinerante o al de un municipio o circuito cercano que señale la Sala Administrativa del Consejo Su-perior de la Judicatura. Para la observancia de los términos señalados en el presente parágrafo, el Juez o Magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

(…)

Artículo 11. El inciso 4° del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil quedará así: En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva.

Artículo 12. El artículo 298 del Código de Procedimiento Civil quedará así: Artículo 298. Testimonio para fines judiciales. Quien pretenda aducir en un proceso el testimonio de una persona podrá pedir que se le reciba declaración extraprocesal con citación de la contraparte.

(…)

Artículo 21. El artículo 396 del Código de Procedimiento Civil quedará así: Artículo 396. Se ventilará y decidirá en proceso verbal todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial.

Artículo 22. El artículo 397 del Código de Procedimiento Civil quedará así: Artículo 397. Los asuntos de mayor y menor cuantía y los que no versen sobre derechos patrimoniales, se sujetarán al procedimiento del proceso verbal de mayor y menor cuantía. Los asuntos de mínima cuantía se decidirán por el trámite del proceso verbal sumario, el cual se tramitará en forma oral y en una sola audiencia. Todo proceso declarativo que pueda ser conocido por las Superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales, se sujetará a lo establecido en este artículo.

(…)

Artículo 25. El artículo 432 del Código de Procedimiento Civil quedará así: Artículo 432. Trámite de la audiencia. En la audiencia se aplicarán las siguientes reglas:

1.    El juez intentará la conciliación, hará el saneamiento del proceso, fijará los hechos del litigio, practicará los interrogatorios de parte en la forma establecida en el artículo 101, y dará aplicación al artículo 25 de la Ley 1285 de 2009.

2. A continuación decretará las demás pruebas y las practicará de la siguiente manera: a) Oirá el dictamen del perito designado y lo interrogará bajo juramento acerca de su idoneidad y de los fundamentos de su dictamen. De la misma manera podrán las partes controvertirlo. Si el perito no concurre, el juez designará inmediatamente su reemplazo para que rinda dictamen en la fecha de la continuación de la audiencia. En ningún caso habrá lugar a objeción del dictamen. b) Interrogará a quienes hayan rendido los experticios aportados por las partes y hayan sido citados a la audiencia de oficio o a solicitud de parte. c) Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren pre-sentes y prescindirá de los demás. d) Decretará la práctica de inspección judicial cuando la parte que la solicite no pueda demostrar por medio de una videograbación los hechos sobre los cuales ha de versar aquella.

3. Concluida la práctica de pruebas el juez oirá hasta por veinte mi-nutos a cada parte, primero al demandante y luego al demandado.

4. La sentencia se emitirá en la misma audiencia, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieren retirado. Si fuere necesario, podrá decretarse un receso hasta por dos horas para el pro-nunciamiento de la sentencia. En la misma audiencia se resolverá sobre la concesión de la apelación.

5. La audiencia se registrará mediante un sistema de grabación electrónica o magnetofónica. En el acta escrita se consignará única-mente el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, los documentos que se hayan presentado, el auto que suspenda la audiencia y la parte re-solutiva de la sentencia. En ningún caso se hará transcripción del contenido de las grabaciones. Cualquier interesado podrá pedir la reproducción magnética de las grabaciones, proporcionando los medios necesarios. En todo caso, de las grabaciones se dejará duplicado que formará parte del archivo del juzgado.

6. La inasistencia de alguna de las partes hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se fundan las pretensiones o las excepciones, según el caso.

Parágrafo. El juez proferirá sentencia por escrito, sin realizar au-diencia, cuando por disposición legal la falta de oposición del de-mandado determine la emisión inmediata de la sentencia.

(…)

Artículo 28. El artículo 439 del Código de Procedimiento Civil quedará así: Artículo 439. Trámite de la audiencia. La audiencia se sujetará a lo establecido en el artículo 432, en todo lo que sea pertinente, pero en ella no se practicarán más de dos testimonios por cada hecho.

(…)

Artículo 42. Remisión al proceso verbal. Las referencias al proceso ordinario y al proceso abreviado, contenidas en el Código de Proce-dimiento Civil, deberán entenderse hechas al proceso verbal.

(…)

Artículo 44. Se derogan el inciso 2° del parágrafo 3° del artículo 101, el numeral 2 del artículo 141, el inciso 2° del artículo 377, el numeral 5 del artículo 392, el inciso 2° de numeral 6 del artículo 393, los artículos 398, 399, 401, 405, el Capítulo l “Disposiciones Generales del Título XXII Proceso Abreviado de la Sección I. Los procesos Declarativos del Libro III. Los procesos y la expresión. Con la misma salvedad deben consultarse las sentencias que decre-ten la interdicción y las que fueren adversas a quien estuvo represen-tado por curador ad lítem, excepto en los procesos ejecutivos del artículo 386 del Código de Procedimiento Civil; los artículos 51 a 97 del Decreto 2303 de 1989; y el artículo 4°, los incisos 1° y 2° y el parágrafo 3° del artículo 8° de la Ley 721 de 2001.

Parágrafo. Las modificaciones a los artículos 366, 396, 397, 432, 433, 434 y 439, la derogatoria de los artículos 398, 399, 401, 405 y del Capítulo I. Disposiciones Generales, del Título XXII. Proceso Abreviado, de la Sección I. Los procesos Declarativos, del Libro III. Los procesos del Código de Procedimiento Civil y la modificación al artículo 38 de la Ley 640 de 2001, entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2011 en forma gradual a medida que se disponga de los recursos físicos necesarios, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, en un plazo máximo de tres años. Los procesos ordinarios y abreviados en los que hubiere sido admitida la demanda antes de que entren en vigencia dichas disposiciones, se-guirán el trámite previsto por la ley que regía cuando se promovieron.

(…)

Capítulo IX Disposiciones varias

Artículo 113. Pruebas extraprocesales. Podrán practicarse ante notario pruebas extraprocesales destinadas a procesos de cualquier jurisdicción, salvo la penal, con citación de la contraparte y con observancia de las reglas sobre práctica y contradicción establecidas en el Código de Procedimiento Civil. La citación de la contraparte para la práctica de pruebas extraprocesales deberá hacerse mediante notificación por aviso, con no menos de diez días de antelación a la fecha de la diligencia. Para estos efectos, facúltase a los notarios para que reciban declara-ciones extraproceso con fines judiciales.

(…)

Artículo 116. Experticios aportados por las partes. La parte que pretenda valerse de un experticio podrá aportarlo en cualquiera de las oportunidades para pedir pruebas. El experticio deberá aportarse acompañado de los documentos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito y con la información que facilite su localización. El juez citará al perito para interrogarlo en audiencia acerca de su idoneidad y del contenido del dictamen, si lo considera necesario o si la parte contra la cual se aduce el experticio lo solicita dentro del respectivo traslado. La inasistencia del perito a la audiencia dejará sin efectos el experticio.

(…)

Artículo 120. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se implementará la notificación por medios electrónicos, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Consejo Superior de la Judicatura.

(…)

Artículo 122. Esta ley rige a partir de su promulgación.”

Desayuno de la comunidad antitrust de la Argentina- Debate sobre el proyecto de clemencia

3 agosto, 2010

 

El próximo desayuno de la comunidad antitrust argentina será el martes 10 de agosto a las 9hs. en La Cava de El Querandi (Perú 322, San Telmo).

El tema de análisis será el proyecto de programa de clemencia redactado por algunos integrantes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dirigidos por el Vocal Diego Póvolo.

Abrirán el debate Diego Póvolo y Paula Molina.

Adjunto el mentado proyecto para quien esté interesado en leerlo y hacer llegar sus comentarios a sus redactores.

Quienes deseen asistir deben confirmar su asistencia a Julián Peña (jp@allendebrea.com.ar)

Ciclo de Conferencias en Competencia Desleal (U. Externado de Colombia)

2 agosto, 2010

El Departamento de Derecho Económico de la U. Externado de Colombia organizará un par de conferencias sobre competencia desleal en el mes de Agosto. Abajo la información sobre los eventos que son de entrada libre.

Ciclo de Conferencias en Competencia Desleal

Continuando con el ciclo anual de conferencias de competencia desleal, el Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, los invita cordialmente a las sesiones programadas para el mes de agosto:

1. Objetivos de las normas de competencia desleal y actuaciones administrativas.  La conferencia pretende precisar si los objetivos de las normas de competencia desleal son compatibles con las finalidades de las actuaciones administrativas. Así mismo, se definirán los presupuestos necesarios para dar trámite a una acción de competencia desleal por la vía administrativa.

 Conferencistas:

Dr. Emilio José Archila Peñalosa –Director del Departamento de Derecho Económico – Universidad Externado de Colombia

 Dr. Dionisio de la Cruz Camargo –Docente Investigador del Departamento de Derecho Económico – Universidad Externado de Colombia

 Fecha:    Jueves, 5 de agosto de 2010
Lugar:
    Casa Externadista – Bloque C  5

Hora:       7:00 a.m.- 9:00 a.m.

 Entrada libre, previa confirmación de asistencia.

 

2.El ilícito concurrencial como consecuencia de la publicidad engañosa. Esta conferencia tiene como objeto definir límites a las empresas que acuden a instrumentos de publicidad con una alta dosis de agresividad y sugestión de cuestionable lealtad, teniendo en cuenta la ley de competencia desleal.

Conferencista:

Dr. Dionisio de la Cruz Camargo –Docente Investigador del Departamento de Derecho Económico – Universidad Externado de Colombia

Fecha:    Viernes, 20 de agosto de 2010
Lugar:
   Salón G 301
Hora:       7:00 a.m.- 9:00 a.m.

Entrada libre, previa confirmación de asistencia.

Mayores Informes

Departamento de Derecho Económico

Universidad Externado de Colombia
Tel.: 3419900, extensiones 1180 a 1186.
dereconomico@uexternado.edu.co

SDE concerned with collusion in the preparation for 2014 World Cup and 2016 Olympic Games

2 agosto, 2010

One of the main domestic criticism in relation to the World Cup voices the fears that the necessary improvements will cost more than the market price – actually, this seems to be a selffulfilling prophecy, since the delays in the planning are leading to delays in the start-up of the multimillion stadiums to be built.

In order to minmize such risks, the Secretariat of Economic Law (SDE) and the government of the State of Rio de Janeiro are jointly training 70 civil servants in charge of the public bids for the 2014 World Cup and the 2016 Olympic Games. The training is part of the “jogando limpo” program launched in June 2010 with the purpose of suggesting the committees responsible for the public biddings how to increase competition as well as how to detect cartels.

For further information, please click here.

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