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20 años del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia en Colombia

6 febrero, 2015

El 17 de marzo de 2015 el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia – CEDEC cumplirá 20 años de existencia. Como algunos de ustedes saben el CEDEC es uno de los centros de estudios más activos de la Facultad de Derecho de la U. Javeriana en Bogotá.
La buena noticia es que los 20 años no serán simplemente una fecha para recordar sino que Alfonso Miranda, fundador del CEDEC, está planeando diferentes actividades para celebrar el vigésimo aniversario. Les sugiero que anoten en su agenda el día 10 de septiembre de 2015, fecha en la que se realizará un evento académico en la U. Javeriana a propósito del aniversario. Pueden encontrar más información acá: Celebración CEDEC-20 Años.

Uber: Competencia entre plataformas, Innovación y Política Económica Colombia

5 febrero, 2015

Mucho se ha discutido sobre el tema de la economía digital y su relación con el derecho. Los bajos costos que la caracterizan permite ofrecer servicios gratis o de muy bajo valor en los cuales la diferenciación ya no será por precio sino por innovación y otros valores agregados. Esto hace innegable que la economía digital avanza mucho mas rápido que la interpretación y aplicación del derecho, ante lo cual surge la tentación por parte de legislador o de las autoridades regulatorias de expedir normas para regular los nuevos negocios o incluirlos dentro de categorías existentes que realmente no les son aplicables.

Considero que la intervención en la economía por parte de estos estas dos ultimas entidades debe ser exiguo. En efecto, si algo ha quedado claro de los recientes intentos de regulación negocios digitales (SOPA, PIPA, Ley Lleras, Hadopi, Sinde entre otras) es que los problemas de la economía digital vienen en gran parte de los problemas de adaptación de la oferta. Fue así como la industria audiovisual ha reaccionado creando negocios como Netflix o HBO go.

En nuestro medio ha hecho carrera el manoseado argumento de que todo lo nuevo viola la regulación existente y por lo tanto debe ser detenido. Lo anterior es una herramienta efectiva pero falaz de los participantes del mercado. La aquiescencia del Estado sobre este comportamiento puede devenir en el incumplimiento de compromisos internacionales como trato nacional y nación mas favorecida. Y desde el punto de vista de política económica funestos: desincentivar la inversión y comprometer el derecho fundamental de los consumidores a libre elección de productos de calidad. En este contexto el caso de Uber cobra relevancia, en tanto enviará un mensaje sobre que tipo de foro de negocios es Colombia.

Los profesores Fox y First de la escuela de leyes de NYU han catalogado a Uber como una plataforma tecnológica, y han considerado que es desde esta óptica que debe analizarse sus efectos competitivos o anticompetitivos[1].Concluir lo contrario significaría que Tappsi y Easytaxi son empresas de transporte, que Domicilios Bogotá es un restaurante y Metrocuadrado es una empresa inmobiliaria. En esa medida es claro que uno es el mercado de las plataformas tecnológicas y otro el de los servicios de transporte que se asocian a la misma.

Los problemas de competencia imputados a Uber son los siguientes: (i) supuesta cartelización de precios, (ii) supuesta imposición de precios excesivos, y (iii) competencia desleal por violación de normas o actos contrarios a la buena fe. Para efectos de realizar una correcta aproximación al tema invitaría a los lectores a que extrapolaran el mismo análisis que se realiza de la competencia intermarcas e intramarcas con la competencia interplataformas e intraplataformas.

La imputación de la cartelización de precios es un problema intraplataforma. Uber calcula el precio con base en el numero de usuarios demandando el servicio y de oferentes en ese momento. La plataforma eleva los precios en el momento en el cual la demanda incrementa lo cual sirve como incentivo para los nuevos conductores se asocien o se pongan en modo “disponble” a fin de normalizar de nuevo el precio conforme a libre juego de oferta y demanda. Todo lo anterior por supuesto ajustado a la distancia que se recorra tal y como ocurre en el caso de los taxis donde también hay un factor fijo que se multiplica por el número de metros recorridos. En esa medida el precio es fijado según un algoritmo determinado por Uber, verticalmente el cual corresponde a criterios de oferta y demanda, el cual tiene elementos que sirven para promover la competencia entre plataformas.

En complemento de lo anterior, es importante entender que el derecho de la competencia cada vez acoge mas la idea de que cualquier restricción vertical adquirirá relevancia en la medida en que represente un abuso de la posición dominante. Y que en el presente caso no existe tal posición en tanto, los conductores de Uber son libres de asociarse a una u otra plataforma u ofrecer sus servicios directamente usando los canales de comercialización antes descritos, y los usuarios podrán elegir entre Uber, Tappsi o Easytaxi o cualquier otro medio de transporte que ellos consideran pertinente. También, que oferentes y consumidores son precio aceptantes y en esas medida ninguna de las dos puntas puede determinar el precio.

Esto nos lleva al segundo punto que es la supuesta conducta anticompetitiva de establecer tarifas excesivas. Esto no es un problema de Uber. Es un problema que esta generando la errada interpretación de la legislación actual, en tanto bloquear el ingreso de Uber al darle el carácter de empresa de transporte genera una escasez en el mercado. Y también afectará a los vehículos que quieran asociarse a varias plataformas y los usuarios a escoger entre estas.

Adicionalmente es importante anotar que el precio regulado de los taxis no esta protegiendo a los usuarios. Esta generando una escases y un perjuicio en el bienestar de los usuarios que simplemente no puede trasportarse. En la medida en que se permita el ingreso de varias plataformas tecnológicas y en que los taxis sepan desarrollar las propias y asociarse en las mismas, la competencia en dichos mercados puede ser exponencial, y precio ajustarse en concordancia con lo anterior.

Finalmente, respecto de los supuestos actos de competencia desleal es importante entender que la misma surge de la errada interpretación de las normas de transporte que rigen en Colombia. Es errado considerar que Uber es una empresa de transporte en tanto ni jurídica ni económicamente lo es. Interpretación que en mi parecer no es procedente por cuanto dicha interpretación es contraria a aquella literal, natural y obvia del Decreto 174 de 2001, y demás normas complementarias.

Es claro entonces que el caso de Uber es un caso trascendental y la forma como se maneje marcará al país en una de dos categorías. La primera como un país listo para incluirse de fondo en la economía mundial, donde se respeten los principios fundantes de un modelo económico sin discriminación ni indebidas restricciones a los agentes de mercado, el cual busca atraer nuevos e innovadores modelos de negocio como fundamento de su política de desarrollo económico. O aquel que es hostil a lo anterior, en el cual se permite a los antiguos monopolistas mantener su derechos mediante el abuso del derecho, de la leyes, generando interpretaciones que vayan encaminadas a mantener un statu-quo, que en nuestro parecer es absolutamente perjudicial tanto para oferentes como consumidores.

Esto es una invitación a los legisladores o reguladores a no caer en la tentación de regular industrias sin que sea necesario, o a hacerlo en forma que atienda los principios de proporcionalidad y razonabilidad, que no desconozcan su naturaleza jurídica y económica,  a los conductores actuales que enfrentan la nueva competencia a hacerlo a través de nuevas estrategias de mercado y no mediante acciones legales, y a los consumidores a mantener su voz exigiendo sus derechos constitucionales a libertad de elección y la libre circulación.

El viernes 13 de febrero estaremos en el CEDEC discutiendo este tema con todos aquellos que quieran participar.

La reunión se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Edificio Gabriel Giraldo de la Pontificia Universidad Javeriana, ubicado en el primer piso de la Calle 40 No. 6-23, a partir de las 7:00 a.m.

[1]http://www.slate.com/blogs/moneybox/2015/01/13/uber_competition_can_a_global_taxi_alliance_put_other_ride_apps_on_the_map.html

The Sugar Industry in El Salvador: A Case Study for Competition Authorities around the World

5 febrero, 2015

Juan David Gutiérrez R.:

En varios países de América Central y Colombia, el mercado de la caña de azúcar ha generado interés por parte de la autoridades de competencia. Aguas abajo, se han presentado casos sobre acuerdos para la comercialización interna y/o exportación del producto terminado. Aguas arriba, se han presentado casos relacionados con la compra de la caña de azúcar por parte los ingenios. Por ejemplo, hace más de cuatro años la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia impuso multas significativas a varios ingenios por acordar el precio de compra de la caña (ver: http://lalibrecompetencia.com/2010/02/24/sic-sanciona-a-ingenios-azucareros-con-multa-de-5-2-millones-de-dolares-por-supuesto-acuerdo-de-precios/).

En el artículo que encontrarán abajo y que recomendamos, Francisco Beneke da cuenta un complejo caso en El Salvador que no solo combina diferentes elementos del derecho de la competencia, sino también de la regulación.

Originalmente publicado en Developing World Antitrust:

By Francisco Beneke*

One of the biggest challenges for the Competition Superintendence, the antitrust authority in El Salvador, is posed by the sugar industry. What makes this case worth studying is that it basically has it all: a cartel in the manufacturing stage, a dominant wholesale distributor, and a law that shields the industry against the competition authority (and as we will see, from any source of competitive pressure).

Starting with the law, enacted in 2001, the Sugar Act paints a good portrait of the manufacturing industry’s lobbying power. This law mandates and enforces a cartel as follows. Article 2 states that dividing market quotas between the processing plants is a matter of public interest. Articles 19 and 20 specify how this system works. Each plant is yearly given a percentage of the internal market based on past production history. This quota is subdivided in 12 equal parts, which represent…

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Mexico’s New Competition Law

1 febrero, 2015

Juan David Gutiérrez R.:

Más que un balance detallado de la reciente reforma a la legislación de competencia Mexicana, Francisco Beneke reflexiona sobre uno de los aspectos más interesantes de la nueva ley: el concepto y los procedimientos relacionados a las “condiciones de competencia efectiva” y las consecuencias que puede tener para las empresas que operan en el mercado mexicano. Muy recomendado el post.

Originalmente publicado en Developing World Antitrust:

By Francisco Beneke*

There is hardly a stronger way to show a state’s commitment to the goals of competition law than the “Pacto for Mexico”. This pact is a multi-partisan agreement in which competition is put at the center of the government’s policy to promote the development of the country. As a result of the pact, the constitution was amended and the Mexican competition authority was elevated to the category of an autonomous constitutional entity. Also, a new competition law was enacted on July this year. Whatever opinion anyone has on the substance of the constitutional amendments and the new competition law, Mexico’s intent is pretty clear: improve the country’s economic performance through the protection of the competitive process.

The new law gives greater investigative powers to the Comisión Federal de Competencia Económica (the Comisión), adds more types of conducts to its list of forbidden behavior and separates, to some…

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The concentration of economic and political power: a priority for competition law and policy in developing countries?

1 febrero, 2015

Juan David Gutiérrez R.:

A pesar de que este artículo no versa sobre el derecho de la competencia en América Latina, el tema central (la concentración del poder económico y político) es pertinente para la región. Además menciona un caso paradigmático, el de Guatemala.

Originalmente publicado en Developing World Antitrust:

By Amine Mansour*

In the literature dealing with competition law and policy in developing countries, there appears to be a consensus according to which competition law cannot contribute to development unless it wins its battle against what is called the concentration of economic and political power.

Before getting into more details, the idea of concentration of economic and political power deserves some words. The concept in itself is not clear. The idea can be understood either as the collusion between the economic and the political powers leading to a concentration of the two or as the holding of both powers by the same person(s) at the same time. Of course, the concentration can be in reality more complex and subtle than what was described and consist of a mix of the two forms. Regardless of the view one may have on the understanding of the concept, it’s less important to…

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Alianza con blog “Developing World Antitrust”

1 febrero, 2015

La relación entre el desarrollo de un país y las políticas y legislación antimonopolios es uno de los temas que más me apasionan. En la literatura académica no es un tema nuevo, Michal Gal y Eleanor Fox, por ejemplo, lo han desarrollado en extenso.
Pero todavía hay mucha tela que cortar y por eso es satisfactorio poder oír nuevas voces que quieren hablar del tema. Ese es el caso de Francisco Beneke y Amine Mansour, editores del nuevo blog Developing World Antitrust (DWA). Como su nombre lo indica, DWA es un blog sobre derecho de la competencia enfocado en países en vías de desarrollo y fue lanzado a finales del año pasado (ver más sobre el perfil del blog acá).
Sus dos editores tienen excelentes credenciales. Francisco es un abogado salvadoreño enfocado en el área de competencia y candidato doctoral de la Ludwig-Maximilians-Universität. Amine es un abogado marroquí igualmente enfocado en el área de competencia y candidato doctoral de la U. Montpellier I. Además, los dos son investigadores del Max Planck Institute for Innovation and Competition en Múnich (más detalles de su perfil acá).
Gracias al internet que acorta distancias, Francisco y Amine se pusieron en contacto conmigo para hacer una colaboración entre los dos blogs. Producto de ello hemos acordado que nuestros blogs van a “rebloguear” (perdón el Spanglish) recíprocamente los artículos que sean pertinentes. Los artículos del blog DWA están escritos en Inglés y se reproducirán en este blog en ese idioma, precedidos de un breve comentario de mi parte. De hecho, seguramente ya se habrán dado cuenta que hoy mismo hemos comenzado rebloguear un par de artículos de Francisco y Amine.
De modo que el 2015 comienza para este blog con esta prometedora alianza y seguramente con un contenido cada vez más interesante. Hay más noticias para contarles sobre nuevas plumas que comenzarán a escribir este año en nuestro blog, pero por ahora los dejo con la expectativa.
Finalmente, pueden seguir a DWA en Twitter (@DWAntitrust) y hacer parte de su grupo de LinkedIn.

Empresas “maverick” en la revisión de concentraciones económicas: Una mirada al caso AMERICA MÓVIL – DIGICEL en El Salvador

16 enero, 2015

twitter: @gcastro_ch

Lalibrecompetencia

La consideración que se hace sobre las empresas de tipo “maverick” en el contexto del derecho antitrust es variada, empero, coincidente en cuanto a que son agentes que promueven la competencia en los mercados.

A modo de ejemplo, podemos hacer referencia a las guías de las autoridades de competencia de los Estados Unidos [1], en donde se expresa que la empresa maverick juega un papel disruptivo en el mercado, que se caracteriza por disciplinar los precios dada su habilidad de incentivar y de expandir rápidamente la producción, además, son conocidas por desobedecer las reglas imperantes en la industria orientadas a promover la cooperación entre competidores. En similares términos, pueden consultarse las guías de la Comisión de Comercio de Nueva Zelanda [2], en donde se definen a las empresas maverick como un competidor vigoroso y efectivo que se caracteriza por actuar de forma poco predecible y por proporcionar beneficios a los consumidores más allá de su oferta inmediata, abriendo la competencia y obligando a los demás oferentes a brindar mejores productos y mejores beneficios. En ese mismo contexto, las guías de las autoridades de competencia de Australia [3] reconocen a las empresas maverick como una fuerza importante de rivalidad en los mercados, que representa una mayor presión competitiva por tener incentivos sustancialmente diferentes para competir en relación a los demás oferentes.

Nótese pues que este tipo de empresas son valoradas de forma positiva por los lineamientos y guías de las autoridades de competencia consultadas, debido a la singular manera en la que rompen los esquemas del mercado, generando beneficios directos a los consumidores y siendo un elemento importante en la dinamización de la rivalidad y de la innovación; lo que les permite mantenerse alejadas de cualquier acción colusoria en la que pudieran estar involucrados sus contendientes [4].

En el contexto del derecho de competencia y específicamente en la revisión y control de concentraciones económicas, se hace necesario identificar claramente el origen de la empresa maverick, con el objetivo de conocer si la misma tiene características de una firma de larga duración o si refleja simplemente una situación transitoria. Con esa finalidad, y como resultado de un análisis de derecho comparado, se pueden tomar como elementos propios de este tipo de empresas los siguientes: a) Evidencia de que el agente ha tenido un comportamiento poco predecible, encaminado a innovar en su forma de comercializar y generar beneficios a los consumidores con políticas de bajos costos, descuentos, promociones, entre otros; b) evidencia de tener un índice de crecimiento que excede el del mercado; c) historial de comportamiento de precios bajos, competencia agresiva e independiente de los demás competidores; d) modelos de negocios que difieren al modelo tradicional y a las reglas generales de la industria; e) diferentes niveles en sus puntos de venta, como por ejemplo en cuanto a sus horarios de servicios y a su formato de atención al cliente; f) evidencia que en el pasado han sido líderes en competencia no relativa a precios, como lo es por ejemplo, la calidad de los productos y/o servicios que ofrecen, y el premio a la lealtad de sus clientes.

Pues bien, a pesar que en El Salvador no existe regulación expresa sobre el tema en comento,  somos de la opinión que no hay ningún impedimento para que la Superintendencia de Competencia (SC) tome los efectos de la eliminación de una empresa maverick como un criterio relevante dentro del análisis y estudio de una concentración, atendiendo lo dispuesto por el art. 34 de la Ley de Competencia, en conjunto con el artículo 22 de su reglamento, según los cuales, la SC está facultada para ponderar cualquier elemento con el que pueda llegar a determinar si la materialización de una concentración económica generaría altas probabilidades de ocasionar limitaciones significativas a la competencia.

En esa línea de pensamiento, cuando la SC identifique que una empresa maverick es parte de una concentración sujeta a control, debe dar relevancia al análisis de los efectos que sufriría el mercado por la pérdida de este competidor vigoroso, pues la concentración podría ser utilizada como el vehículo para remover del mercado al agente que actuaba como “barrera” a la existencia de una coordinación efectiva.

Es por ello que de autorizarse la operación es muy recomendable que alguna de las siguientes opciones actúen como mitigantes a la pérdida del maverick: a) que existe otro agente económico con las condiciones y características suficientes para tomar dicho rol; b) que las ganancias en eficiencia que produzca la concentración sean tan significativas, que puedan llegar a ser un contrapeso a la pérdida de la firma maverick del mercado; o c) que el agente económico resultante de la concentración continúe actuando como maverick, para lo cual debería de existir un compromiso por escrito ante la autoridad de competencia.

En la experiencia salvadoreña, el debate sobre los efectos anticompetitivos que podría generar la desaparición de una empresa maverick como resultado de una concentración tuvo lugar recientemente -y por primera vez- en el mercado de telecomunicaciones, específicamente en el asunto AMERICA MÓVIL (CLARO) – DIGICEL [5].

El Consejo Directivo de la SC valoró como parte del análisis central de esa operación el comportamiento comercial innovador mostrado por DIGICEL en los mercados en los que competía, pues, a su criterio, se había caracterizado por ser un constante impulsor de la competencia a través de sus políticas agresivas de precio y sus ofertas novedosas [6].

La oficina de competencia manifestó en la resolución que la presencia de DIGICEL en el mercado había brindado constantes beneficios a los consumidores de telefonía móvil, en forma directa por medio de sus promociones, su política comercial diferenciada y por sus bajos precios; y de forma indirecta porque había generado mayor rivalidad en el mercado y había impulsado la competencia. No obstante, puede criticarse el hecho que la SC no logró reflejar de qué manera, al momento de solicitar autorización para llevar a cabo la concentración, DIGICEL seguía comportándose como un agente disruptivo. Este es, precisamente, uno de los elementos que mayor análisis y estudio requieren en la actualidad, pues no hay y no puede haber certeza que una empresa que se comportó como maverick en el pasado vaya a seguir comportándose como tal ininterrumpida y constantemente en el tiempo.

Al respecto, podemos aseverar que dentro de la valoración que hizo la agencia de competencia se tomaron en cuenta actividades y políticas comerciales que DIGICEL había llevado a cabo a partir del 2005 hasta el 2009, y no se valoró ninguna que hubiera sido significativamente más beneficiosa que la de sus competidores en los años 2010 ni 2011. A lo anterior se le puede encontrar una justificación comercial, pues los rivales de la empresa maverick se ven obligados a competir con ésta para no seguir perdiendo cuota de mercado, de modo que, en cierto momento, se llega a un punto en el que el margen de actuación agresiva es bastante reducido.

Siguiendo con el análisis del caso, la SC expresó en la resolución que efectivamente existía rivalidad en los mercados de referencia. Sin embargo, hizo énfasis en que dicha rivalidad aparecía como producto de las acciones de DIGICEL, y que en ese sentido, podía augurarse que una vez eliminado éste, la pugna comercial existente disminuiría de forma significativa.

De esa manera, los efectos de la eliminación de una empresa considerada maverick fue uno de los argumentos más fuertes que sostuvo el Consejo Directivo de la SC para condicionar esta transacción, y para exigir así el cumplimiento de una serie de compromisos  a los adquirentes que, a su criterio, harían posible mantener las condiciones de rivalidad en los mercados. Cabe mencionar que los remedios impuestos por la SC en la referida resolución fueron bastante drásticos. Los mismos no fueron aceptados por los intervinientes, de modo que la autorización para concentrarse fue denegada. Tiempo después, AMERICA MÓVIL presentó una segunda solicitud de autorización de concentración, que resultó en una nueva denegatoria por parte de la oficina de competencia[7]. Posterior a las negativas de la SC, AMERICA MÓVIL desistió de adquirir DIGICEL.

A modo de corolario, deseamos expresar que la SC como autoridad administrativa, y por tanto, como entidad sujeta a las reglas de la Administración Pública, debe de sustentar sus actuaciones y razonamientos en armonía con la ley, pues caso contrario estaría violando el principio de legalidad que le rige.  En ese sentido, la potestad de la SC de utilizar la eliminación de las empresas maverick como un punto relevante en la discusión del caso en comento tiene sustento legal en los art. 34 de la Ley de Competencia y en el art. 22 del Reglamento, a partir de los cuales puede valorar cualquier elemento relevante para determinar si una concentración provocará una limitación significativa de la competencia; y es precisamente exponer de forma clara este nexo causal entre los artículos citados y la aplicación del análisis de los efectos de la eliminación de mavericks lo que la SC obvió tanto en la resolución definitiva como en el recurso de  revisión [8].

En relación a ello, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha manifestado que la motivación “se constituye como uno de los elementos esenciales del acto administrativo, ya que por medio de ésta el administrado conoce las circunstancias fácticas y jurídicas que inciden en la emisión del acto, y cuya correcta articulación soporta la legalidad del mismo” [9]. Siguiendo esas líneas jurisprudenciales, la SC debe motivar correctamente sus decisiones y resoluciones, de tal forma que los administrados tengan la certeza que el uso de doctrinas o teorías económicas se hace en el marco de las potestades expresamente conferidas por la ley [10].

 

_____________________________

 

[1] Véase Horizontal Merger Guidelines de la división de competencia del Department of Justice (DOJ) y la Federal Trade Commission (FTC), de agosto de 2010.

[2] Vid. Mergers and Acquisitions Guidelines de la Comisión de Comercio de Nueva Zelanda, de diciembre de 2003.

[3] Vid. Merger Assessment Guidelines de la Comisión de Competencia del Reino Unido y de la Oficina de Comercio Justo (OFT) de septiembre de 2010, y Mergers Substantive Assessment Guidance de la OFT de noviembre de 2002.

[4] Al respecto vid. REY, P., “Collective Dominance and the Telecomunications Industry”, publicado en AA.VV., The Economics of Antitrust and Regulation in Telecomunication: Perspectives for the New European Regulatory Framework, 1ª Ed. Ilustrada, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, 2004, pp. 96 y ss.; y KWOKA JR., J.E., “The Private Profitability of Horizontal Mergers with Non-Cournot and Maverick Behavior” en International Journal of Industrial Organization, Vol. 7, N° 3, 1989, pp. 403-411.

[5] Cfr. Resolución final del Consejo Directivo de la SC en diligencias de autorización de concentración económica entre AMERICA MÓVIL (CLARO) y DIGICEL ref. SC-016-S/C/R-2011, de fecha 30 de agosto de 2011.

[6] De manera explicativa e ilustrativa sobre los elementos que la SC consideró determinantes para establecer que DIGICEL era una empresa maverick, vid. Resolución final del Consejo Directivo de la SC en diligencias de autorización de concentración económica entre AMERICA MÓVIL (CLARO) y DIGICEL ref. SC-016-S/C/R-2011, de fecha 30 de agosto de 2011. De acuerdo con la información que logró recabar la SC para la investigación del caso en comento, DIGICEL se comportó como empresa maverick, reportando un beneficio directo a los consumidores al ejecutar actividades y políticas comerciales como las que se señalan a continuación: a) La implementación de la estrategia de cobro al segundo exacto por llamada terminada, de la cual fue pionero y promotor (2005); b) La implementación de promociones en días festivos (2005); c) Tuvo la iniciativa de reducir las tarifas eventuales durante todos los meses, y ofrecía, además, 20 minutos de llamada gratis después de cobrar 3 minutos a tarifa normal (2007); d) Introdujo la promoción “saldos que nunca vencen” y llamadas a centavo el minuto con suscripción diaria (2008); e) Introdujo una promoción con la cual se triplicaba el dinero disponible para llamadas a centavo el minuto con suscripción diaria (2009). Estos son ejemplos claros de actividades que rompen los esquemas comerciales en los mercados, y que incentivan a la sana competencia. A través de políticas de precios y promociones como las mencionadas, DIGICEL logró posicionarse como el agente económico en el mercado de telecomunicaciones con mayor porcentaje de crecimiento en el tiempo.

[7] Al respecto, consúltese Resolución final del Consejo Directivo de la SC en diligencias de autorización de concentración económica entre AMERICA MÓVIL (CLARO) y DIGICEL ref. SC-013-S/C/R-2012, de fecha 25 de septiembre de 2012.

[8] Vid. Resolución del Consejo Directivo de la SC sobre el recurso de revisión interpuesto por AMÉRICA MÓVIL por la denegatoria de la concentración económica entre AMERICA MÓVIL (CLARO) y DIGICEL ref. SC-016-S/C/R-2011, de fecha 6 de octubre de 2011.

[9] Véase Sentencia definitiva dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, ref. 211-R-2003, de fecha 7 de febrero de 2006.

[10] Lo anterior se expresa en atención a que las partes intervinientes en la operación alegaron –al presentar el recurso de revisión- que ni la definición ni el análisis de las empresas maverick se encuentra contenido en la legislación salvadoreña aplicable al caso, entiéndase legislación en materia de competencia y legislación del sector de telecomunicaciones, y que por dicha razón, los resultados obtenidos no podían ser determinantes para la toma de decisiones en el caso. La SC respondió a los recurrentes que era imposible e innecesario pretender que en la legislación estén comprendidos y contenidos todos los conceptos técnicos y teóricos de la materia que regulen, manifestando que la Ley de Competencia no es la excepción a esa regla y que por tanto, en dicha ley únicamente están comprendidos lineamientos a seguir para promover y proteger la competencia, pero que ésta no enumera, ni mucho menos contiene, todos los conceptos de la teoría económica ni de la jurisprudencia aplicable a la materia. De nuestra parte, coincidimos con la postura de la SC, no obstante, era oportuno y necesario que dicha autoridad hiciera referencia expresa al articulado legal que le habilita a hacer uso de teorías y doctrina económica en la revisión y análisis de las concentraciones empresariales.

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