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Corte Constitucional declara exequible art. 24 de la Ley 1340 (sobre doctrina probable)

6 julio, 2010

Una de las novedades más polémicas contenidas en la reforma de la nueva ley de competencia en Colombia (Ley 1340 de 2009) es el artículo 24 que transcribo a continuación:

“Artículo 24~ Doctrina Probable y Legítima Confianza. La Superintendencia de Industria yComercio deberá compilar y actualizar periódicamente las decisiones ejecutoriadas que se adopten en las actuaciones de protección de la competencia. Tres decisiones ejecutoriadas uniformes frente al mismo asunto, constituyen doctrina probable.”

La primera orden contenida en el artículo es una iniciativa loable pues la comunidad antitrust de Colombia siempre había anhelado mayor publicidad en las decisiones de la SIC en materia de libre competencia. A pesar de que la SIC periódicamente publica boletines de prensa sobre sus más recientes decisiones (véase por ejemplo, la noticia publicada el día de hoy sobre el decreto de medidas preventivas en contra de dos asociaciones de pediatras que presuntamente establecieron un manual con tarifas de servicios para sus afiliados y mecanismos para controlar su cumplimiento acá) la verdad es que la “plataforma de búsqueda” de la SIC deja mucho que desaear. La verdad, una simple comparación con las plataformas que ofrecen sus pares (véase por ejemplos portales del CADE, SDE, INDECOPI, FN;,TDLC y COFECO) ilustra lo que que le falta al portal de la autoridad Colombiana.

Es justo anotar que en varias ocasiones el Superintendente de Industia y Comercio ha manifestado que la SIC contrató a una firma privada para digitalizar los casos en un formato más amigable (con hipervínculos) y de esta manera esperemos que la autoridad cumpla lo ordenado por el artículo 24 en su primera frase.

La segunda frase del artículo, sobre la doctrina probable, es la que ha causado mayor curiosidad y a la vez polémica. Cuentan los pasillos que este artículo, introducido por el equipo el representante a la Cámara de Representantes por Bogotá Simón Gaviria, tenía por objeto crear mayor certeza jurídica para los sujetos de la norma. Sin duda, una especie de “transplante jurídico” del Common Law en sistema legal Romano-Germánico como el Colombiano. No conozco ningún sistema antitrust Latinoamericano que contenga tal prescripción para procesos de naturaleza admnistrativa.

Por lo “exótico” que resulta la figura para nuestro sistema legal, la sentencia de la Corte Constitucional que estudió su constitucionalidad es muy bienvenida (Proceso D-7942). Eran varias las preguntas que la Corte debía afrontar: ¿Aplica el artículo tanto para las decisiones en ejercicio de facultades administrativas como en las jurisidiccionales (competencia desleal y protección al consumidor)? ¿Aplica el artículo solo para casos de libre competencia? ¿Existen límites a la “doctrina probable”? Al parecer algunas de ellas han sido aboradas por la Corte, pero el comunicado de prensa no permite concluirlo de manera definitiva.

Muchos apostamos por una sentencia en la que seguramente sería declarada la inexequibilidad de la segunda frase  y la verdad la Corte nos sorpendió. El día 30 de Junio de 2010 la Corte en sesión plenaria tomó la decisión de declarar que dicho artículo es constitucional (véase comunicado de prensa acá, la sentencia no se ha publicado pero tiene el número C-537 de 2010)  de manera condcionada:  “en el entendido que éste sólo se aplica para las actuaciones administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionadas con la libre competencia y la vigilancia administrativa de la competencia desleal.”

Mientras se publica el fallo completo proyectado por el M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez, abajo transcribo los fundamentos de la decisión que fueron incluidos en el mencionado comunicado de prensa e invito al debate de esta novedosa figura en el sistema antitrust Colombiano:

“La Corte Constitucional determinó que la calificación de “doctrina probable” de tres decisiones ejecutoriadas uniformes de la Superintendencia de Industria y Comercio, no desconoce los artículos 113, 116, 228, 230, 234 y 235 de la Constitución Política.

Después de realizar el estudio de los antecedentes legislativos y el análisis sistemático de la Ley 1340 de 2009, la Corporación estableció que contrario a lo que sostienen los demandantes, de ninguna manera, el aparte demandado del artículo 24 está sometiendo a la jurisdicción ordinaria a los criterios dictados por una entidad administrativa, cuando cumpla funciones jurisdiccionales en materia de competencia desleal  y protección al consumidor en los casos de publicidad. Esto es así, porque los actos que emite la Superintendencia de Industria y Comercio en su labor de vigilancia, control y protección de la libre y leal competencia son meramente administrativos y por tanto, la doctrina probable que se enuncia en la norma acusada, no puede aplicarse a las competencias jurisdiccionales que cumple dicha entidad.

En efecto, la Corte encontró que el ámbito de aplicación de la Ley 1340 se extiende no sólo a aquellas prácticas relacionadas con la libre competencia propiamente dicha, es decir, con la prohibición de las prácticas restrictivas e integraciones empresariales lesivas a la libre concurrencia, sino también por vía del artículo 6º de la misma Ley, a las actuaciones relativas a la vigilancia administrativa de la competencia desleal (“Libre y leal competencia”). Igualmente, verificó que en materia de protección al consumidor, la remisión al artículo 48 del Decreto 2153 de 1992, que establece que se entenderá contrario a la libre competencia la “infracción de las normas sobre publicidad contenidas en el Estatuto de protección al Consumidor”, no da lugar a la interpretación de que todas las normas sobre protección al consumidor del Decreto 3466 de 1982, se entiendan como lesivas a la libre competencia, sino solamente aquellas referidas a las normas sobre publicidad que afecten de manera significativa la libre competencia.

En ese orden de ideas, la Corte concluyó que, siguiendo una interpretación sistemática relacionada con el concepto de la libre competencia que ha dado su jurisprudencia (sentencias C-624/98, C-815/01 y C-228/10), como “aquella posibilidad de libre acceso al mercado por parte de los oferentes” que garantiza la “ausencia de barreras o de otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita”, la doctrina probable del artículo 24 sólo se hace extensiva a las atribuciones administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionadas con la regulación y vigilancia de la competencia desleal y la publicidad contraria a la libre competencia.

No obstante lo anterior y debido a que se pueden presentar problemas de interpretación en la aplicación de la norma acusada, por la doble función jurisdiccional y administrativa que cumple la mencionada Superintendencia en materia de competencia desleal y protección al consumo, que podría contrariar  los artículos 113, 116, 228, 230, 234 y 235 de la Carta Política, la Sala consideró que debía condicionarse la constitucionalidad del aparte normativo demandado, para que no entienda que se extiende más allá de las “actuaciones administrativas relacionadas con la libre competencia y la vigilancia administrativa de la competencia desleal”. Además, reiteró que, como lo señaló en la sentencia C-649/01, existe un deber de información por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que en el momento de iniciar una investigación informe al ciudadano o a la entidad investigada si está ejerciendo facultades administrativas o jurisdiccionales y a qué procedimiento se encuentra sometido. En este sentido, el segmento normativo demandado es exequible, pero de manera condicionada.

En síntesis, a juicio de la Corte, no existe prohibición constitucional para que a través de la ley se pueda establecer la figura de la doctrina probable de carácter administrativo, la cual se establece en desarrollo de los principios de igualdad, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la vinculación a la doctrina probable no elimina la posibilidad de que se pueda cambiar ésta en situaciones específicas, evento en el cual se debe motivar el acto con razones suficientes por parte de la entidad supervisora.”

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6 comentarios leave one →
  1. Javier Cortázar Mora permalink
    6 julio, 2010 8:31 PM

    Si bien enprincipio puede sonar “exótico” el tema en el fondo no lo es tanto. De una parte, tenemos el tema del “stoppel”, creo (la administración pública no puede invocar su error en supropio beneficio) y de la otra recordemos que en varios campos de la actividad administrativa la doctrina probable es un lugar común. Tenemos el tema tributario, por ejemplo.

    Bien por aclarar que lo de la doctrina probable es en el terreno puramente administrativo y no en el judicial. Aunque soyamigo de los precedentes, creo que si van aentrar en el radar juridico, es mejor que lo hagan como toca y no por la puerta de atrás. Aunque nunca entendí que tal artículo se refiriese al terreno judicial, parece que algunos como que si lo hicieron,de maneraque la intervenciónde la Corte fue afortunada, para meter un poco de sentido común.

    • 20 julio, 2010 11:15 PM

      Estimado Javier, me alegra mucho contar con tus comentarios y aportes en el blog, son muy valiosos. En efecto, creo que debo rectificarme en el sentido de que existen algunos procedentes en el régimen legal Colombiano que deben tenerse en cuenta. Además de los que mencionas en materia jurisdiccional está la “doctrina legal probable” que seguramente inspiró la redacción del artículo de la ley 1340. JD

  2. Federico Rossi Rodriguez permalink
    6 julio, 2010 10:35 PM

    Juan David,

    En alguna parte se discute que se debe entenderse por “asunto” a los efectos de aplicar la doctrina probable?

    Tu crees que la adopcion de la “doctrina probable” será un un avance real o tendrá algún efecto practico en el derecho colombiano de competencia?

    • 20 julio, 2010 11:18 PM

      Hola Federico, te cuento que debemos esperar el contenido completo de la sentencia de la Corte Constitucional pues seguramente en la misma señalará las reglas generales para la identificación de la “doctrina probable”, incluyendo en qué consiste un “asunto”. Precisamente los límites y reglas que fije la Corte van a determinar si la “doctrina probable” tendrá un efecto positivo en términos de certeza jurídica. Por lo pronto, a esperar el contenido completo de la sentencia y luego a la “caza” de “doctrinas probables”!

  3. derechocolombia@hotmail.com permalink
    24 julio, 2010 2:18 PM

    De acuerdo con la sentencia C-537 de 2010 (que declara la exequibilidad condicionada del artículo 24), la Corte no parece haber estudiado bien un punto denunciado por los actores:
    Cuando se había dicho que no había fundamento Constitucional claro para crear dicha figura para la SIC, se estableció que contrario a lo que sucede con las Altas Cortes (que son órganos de cierre de su respectiva jurisdicción), la SIC no es órgano de cierre de NADA!

    El problema con eso es que eventualmente dicha ‘doctrina probable’ se puede ver modificada por el Consejo de Estado cuando revise los actos administrativos de la SIC, y la figura quedará en una inocuidad más que absoluta.

    Aparte de eso, parece que la exposición hecha por el Magistrado Juan Carlos Henao es impecable.

    Muchas gracias.

  4. Ingrid Ortiz permalink
    3 agosto, 2010 2:26 PM

    Hola a todos:

    A mi juicio la norma sí que es confusa. La doctrina probable encuentra su origen y su desarrollo en el ámbito jurisdiccional y como bien se señala en el comentario anterior esta ligada a la función de cierre o de máximos órganos que corresponden a la Corte Suprema y al Consejo de Estado. Hubiese bastado entonces con señalar la importancia del precente administrativo sin emplear la expresión “doctrina probable”. Esto es así porque de reconcoer que es doctrina la pregunta que sigue es ¿a quién se impone? ¿a uién vinula? Si solo vincula a la SIC como es mi opinión o bien habría bastado con la referencia al precedente o bien omitir la figura pues por via de la jurisprudencia constitucioanl el tema ya tenía solución

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