Tal como tú opinas, la primera impresión acerca de la falta de constitución del Tribunal Nacional de Defensa de Competencia en la Argentina, sería que se debe a una falta de voluntad política en constituir un tribunal con las características establecidas en la ley 25156.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del informe anual para el año 2009 que el Jefe de Gabinete presenta al Congreso de la Nación, expresó que: “La Ley N° 25.156 limita las facultades que la Constitución Nacional confiere al Presidente de la Nación como jefe de la Administración Nacional. La circunstancia de que el artículo 58 de la Ley haya determinado que hasta la constitución y puesta en funcionamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia los trámites continuaran ante el órgano instituido por el Decreto Ley N° 22.262, posibilitó hasta el momento la aplicación de las disposiciones de la Ley N° 25.156, situación avalada por la doctrina y la jurisprudencia actual. Resulta evidente que el artículo 17 de la ley está en desuetudo, es decir en desuso causado por la falta de aplicación de esta norma durante un lapso importante. Efectivamente, la costumbre ha permitido con eficacia la derogatoria de una norma, que en este caso no es una costumbre contra legem, puesto que la Ley N° 25.156 previó el mecanismo utilizado luego de preservar su vigencia, salvando el incumplimiento de la constitución del Tribunal”.
La postura de la derogación de la norma (por la creación de una costumbre en contrario) que manda constituir el Tribunal adoptada por el Poder Ejecutivo no ha sido aceptada en general por la Justicia. La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal-Económico expresó que la mora en la integración del tribunal administrativo constituía un “escándalo jurídico” (causa n°59.592 del 21.10.09). Por otro lado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (las Salas II y III ) expresó que “no parece compatible con el ordenamiento jurídico argentino la posición del Poder Ejecutivo Nacional” (causas n° 252/10 y n°341/10).

Saludos,

Federico

Ahora, en Colombia se han presentado situaciones similares y por lo tanto personalmente no me sorprende tanto. Es el caso de los jueces administrativos con los cuales se pretendía descongestionar la jurisdicción contenciosa administrativa (a propósito véase un ensayo sobre el tema aquí: http://www.umng.edu.co/docs/revderecho/rev1de2007/JUZGADOSADMINISTRATIVOS.pdf) y que fueron creados por la Ley 446 de 1998 pero solo entraron en funcionamiento a finales del año 2006.

En efecto, según el Gobierno Nacional el retraso (de ocho años) para su funcionamiento se debió a la “falta de presupuesto” (véase comunicado de prensa de la Presidencia aquí: http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/diciembre/13/03132005.htm).

Bueno, el caso es que el asunto del Tribunal merece una explicación para quienes no están familiarizados con la realidad jurídico-política de Argentina.

saludos,

jd